Nueva York tiene miles de millones de dólares en fondos no reclamados: ¿quiénes pueden aplicar?

El sistema de fondos no reclamados de Nueva York gestiona dinero que proviene de cuentas inactivas y otros activos olvidados. El gobierno estatal, que ya regresó este 2025 más de 500 mil millones de dólares, informó que el procedimiento para solicitar devoluciones es simple, gratuito y accesible para cualquier persona que cumpla con los requisitos.

La oficina del Comptroller (OSC, por sus siglas en inglés) detalla en su página web que cualquier persona que figure como titular de una cuenta inactiva puede solicitar el reintegro. También pueden hacerlo herederos, empresas, organizaciones y exresidentes que dejaron activos sin movimiento.

El organismo confirmó que en 2025 devolvió US$530.754.450. “Cada día retornamos US$2 millones a sus dueños legítimos”, precisaron.

El Estado asume la custodia del dinero cuando entidades como bancos, aseguradoras, empresas y tribunales informan que una cuenta quedó sin actividad durante el plazo que fija la ley, que varía según el tipo de activo. Esa obligación de reporte se aplica a bienes como:

• Depósitos bancarios.
• Dividendos.
• Pólizas de seguro.
• Inversiones.
• Fondos sucesorios.
• Cheques sin cobrar.
• Depósitos de servicios.

La Abandoned Property Law fija plazos distintos según el tipo de activo:

• Las cuentas bancarias y los valores bursátiles pasan al Estado después de tres años sin movimiento.
• Los depósitos de servicios se transfieren tras un año sin reclamo.
• Los fondos judiciales requieren cinco años de inactividad.
• Los seguros de vida y los montos sucesorios también se incorporan al sistema estatal luego de tres años sin actividad del dueño.

Estos plazos determinan cuándo una propiedad se considera abandonada y cuándo el Comptroller asume la custodia sin cobrar tarifas a quienes más tarde solicitan la devolución.

El proceso estatal incluye tres instancias: búsqueda, selección de propiedades y presentación del reclamo. La Oficina del Comptroller remarcó que el servicio es gratuito y que toda gestión se realiza en un entorno seguro. Los pasos son:

• Ingresar al buscador oficial: el trámite comienza en la base de datos del Comptroller. Se debe escribir el apellido o el nombre comercial en el campo indicado y seleccionar “search” (“buscar”). Para reducir los resultados, se puede agregar nombre, ciudad y código postal. El Estado recomienda probar variantes del nombre y direcciones anteriores.
• Identificar posibles coincidencias: si aparece un registro vinculado al nombre y a una dirección actual o pasada, se selecciona “claim” (“reclamar”) junto a cada propiedad. Luego se presiona “continue to File Claim" (“continuar con el reclamo”) en la parte superior o inferior de la tabla.
• Completar la verificación de identidad: el sistema solicita documentos que confirmen la titularidad. La oficina explicó que esta etapa permite agilizar el análisis y garantizar que el dinero llegue al dueño legítimo.
• Enviar el reclamo: una vez cargados los datos y archivos requeridos, se envía la solicitud. El usuario recibe instrucciones sobre el seguimiento mediante un ID de reclamo.
• Notificar a familiares y conocidos: la herramienta permite compartir coincidencias con terceros. Para hacerlo, se elige “share” (compartir) junto a la propiedad y se siguen las indicaciones. El sistema envía un correo al titular potencial con los pasos para iniciar su propio reclamo.

La OSC destacó que ciertos valores de US$250 o menos se restituyen de forma directa a propietarios verificados. Según el organismo, envían los cheques por correo “sin necesidad de presentar un reclamo”.

Esta modalidad surge de una legislación impulsada por la propia oficina para acelerar la devolución de activos menores recién incorporados al sistema estatal.

El Estado advirtió sobre intentos de fraude mediante correos falsos o sitios que se hacen pasar por autoridades y solicitan pagos o datos personales.

Según la División de Protección al Consumidor del Departamento de Estado (DCP, por sus siglas en inglés), esta práctica corresponde a esquemas de phishing, una forma de fraude en la que delincuentes se hacen pasar por instituciones legítimas para robar datos personales o dinero.

La recomendación oficial es tramitar toda gestión únicamente en plataformas estatales y desconfiar de cualquier intermediario que cobre por un servicio gratuito.