Oficial y confirmado: el freno a una ley que da un respiro a la salud de miles de familias migrantes

Miles de familias enfrentaban una decisión que parecía imposible: mantener a sus hijos en un programa médico y exponer sus datos a las autoridades migratorias o renunciar a tratamientos esenciales para proteger su permanencia en Estados Unidos. Pero una resolución judicial cambió temporalmente ese escenario en Tennessee.

Un juez de Nashville concedió una orden de restricción temporal que impide al Departamento de Salud de Tennessee compartir información personal de niños indocumentados con enfermedades graves o discapacidades físicas con la oficina estatal encargada de la aplicación de las leyes migratorias.

Según NBC News, la resolución fue emitida por la jueza Patricia Head Moskal, del Tribunal de Cancillería del Condado de Davidson, poco después de que el Tennessee Justice Center, una organización de defensa legal y sanitaria, presentara una demanda contra el Departamento de Salud en representación de tres médicos de Nashville.

El objetivo de la acción judicial fue impedir la implementación de una nueva ley, cuya entrada en vigor estaba prevista para los primeros días de julio. La decisión no elimina la medida de manera definitiva, pero sí bloquea temporalmente su aplicación mientras el tribunal analiza el fondo del caso.

La legislación establece que los departamentos locales de salud deben reportar a la Centralized Immigration Enforcement Division, una oficina estatal creada para coordinar la cooperación con las autoridades federales de inmigración, a las personas que reciban beneficios públicos y no se encuentren legalmente en EE.UU. Ese reporte debe incluir información que permita identificarlas.

Entre los datos alcanzados por esa obligación figuraban los nombres de aproximadamente 400 niños inmigrantes que reciben atención mediante Children’s Special Services, un programa público especializado destinado a menores con enfermedades críticas o discapacidades severas.

Según NBC News, durante junio las familias recibieron cartas oficiales del Departamento de Salud informándoles que, si sus hijos continuaban inscritos en el programa después del 30 de junio, sus datos personales serían entregados a las autoridades estatales de inmigración.

Para numerosos padres, esa comunicación implicó tener que elegir entre dos alternativas. Por un lado, recibir asistencia médica; por el otro, afrontar el temor de que la información compartida pudiera derivar en consecuencias migratorias para sus familias.

Children’s Special Services funciona como un programa financiado con recursos públicos destinado a familias de bajos ingresos que ya agotaron otras opciones para cubrir tratamientos médicos de alto costo. Se considera un último recurso para menores con necesidades sanitarias complejas.

Entre los servicios que financia se encuentran:

• Cirugías especializadas.
• Medicamentos de alto costo.
• Tratamientos de rehabilitación.
• Equipamiento médico como ventiladores, sondas de alimentación y sillas de ruedas.
• Coordinación de atención médica especializada.

Según el informe anual más reciente del Departamento de Salud de Tennessee, citado por NBC News, durante 2024 el programa destinó 2,19 millones de dólares para cubrir gastos médicos y servicios de coordinación de atención de 4.640 niños en todo el estado.

Los médicos que impulsaron la demanda sostuvieron ante el tribunal que muchos de sus pacientes dependen directamente de ese programa para continuar con tratamientos esenciales.

Entre ellos hay menores con trastornos convulsivos, cardiopatías congénitas que requieren cirugía, parálisis cerebral, lesiones cerebrales traumáticas, leucemia y otras enfermedades que exigen asistencia médica permanente.

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