Se acabó: una ciudad de EE.UU. abandona su política santuario y empieza a cumplir con las órdenes del DHS

La administración de Louisville, Kentucky, decidió modificar su enfoque hacia las solicitudes de detención de inmigrantes emitidas por autoridades federales. A partir de ahora, el Departamento de Correcciones de Louisville Metro volverá a cumplir con las “órdenes de detención de 48 horas” solicitadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Esta colaboración significa el fin de las políticas santuario de la ciudad.

Louisville abandona su estatus de ciudad santuario ante presión del DOJ

El cambio de política fue anunciado por el alcalde, Craig Greenberg, en una carta oficial dirigida al Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) en la que explicó que esta decisión busca evitar conflictos legales con el gobierno federal.

Según el mandatario local, esta medida se traduce en que la ciudad dejará de ser considerada una jurisdicción santuario, etiqueta que mantuvo desde que implementó una ordenanza municipal en 2017.

“La ciudad ajustará su política de detenciones para evitar litigios sobre las alegaciones del DOJ de preeminencia federal”, aseguró Greenberg en la carta dirigida al fiscal general adjunto, Brett Shumate.

Esta decisión responde a una comunicación previa enviada por la agencia federal, donde se advertía que las jurisdicciones que no colaboran plenamente con las políticas migratorias podrían enfrentar acciones judiciales y la cancelación de financiamiento federal clave para la ciudad.

Ordenanzas locales en conflicto con normativa federal

En 2017, Louisville adoptó una política que impedía a sus autoridades correccionales extender la custodia de reclusos más allá de su fecha de liberación prevista, incluso si existía una solicitud de detención emitida por agencias federales de inmigración. Esta práctica era una característica de su estatus como ciudad santuario.

El DOJ argumentó que este tipo de ordenanzas locales interfieren con el cumplimiento de la legislación migratoria, al restringir la capacidad de las autoridades nacionales para asumir custodia de personas identificadas como “deportables”. En virtud del principio jurídico conocido como “preemption” (preeminencia federal), el gobierno federal sostiene que su normativa debe prevalecer sobre las disposiciones municipales en caso de conflicto.

“Al negarse a honrar las órdenes de detención civiles expresamente autorizadas por el Congreso, Louisville ha creado ilegalmente un obstáculo para el logro y la ejecución de los propósitos y objetivos plenos de las leyes federales de inmigración”, declaró Shumate en su carta dirigida al alcalde de la ciudad. “Por lo tanto, viola la Constitución de EE.UU.” aseguró.

En su mensaje, Greenberg indicó que, para alinearse nuevamente con las directrices federales, la ciudad retomará la práctica previa a 2017 y permitirá que las autoridades mantengan en custodia a determinados reclusos durante un periodo adicional de hasta 48 horas.

“Quiero dejar claro que este asunto no cambia en nada las políticas ni las prácticas del Departamento de Policía de Louisville (LMPD, por sus siglas en inglés). El LMPD no participa en la aplicación de la política federal de inmigración”, detalló el alcalde. “Se trata únicamente de los reclusos arrestados por delitos, ingresados en nuestra cárcel y sujetos a notificaciones de deportación”, agregó.

Potenciales consecuencias evitadas con el cambio

De acuerdo con Greenberg, mantener la política anterior ponía en riesgo a Louisville ante posibles sanciones, lo que incluía la pérdida de millones de dólares en subsidios y programas federales. Estos fondos son utilizados en múltiples áreas, desde asistencia médica hasta programas de apoyo alimentario y vivienda.

“A principios de junio, la administración Trump publicó una lista de ‘ciudades santuario’ y Louisville estaba en ella”, dijo en un comunicado oficial. “Todos hemos visto lo que el gobierno federal está haciendo recientemente en las ciudades santuario, incluidas redadas masivas y el envío de la Guardia Nacional”, agregó.

El alcalde manifestó que la decisión fue tomada tras escuchar las preocupaciones de diversas organizaciones y representantes de la comunidad inmigrante. Si bien muchos expresaron temor ante una posible intensificación de la presencia del ICE, también reconocieron el riesgo que representaba mantenerse en la lista federal de ciudades santuario.

Greenberg señaló que menos de 100 reclusos en la cárcel local se ven afectados anualmente por este tipo de órdenes federales, mientras que la ciudad alberga a decenas de miles de familias inmigrantes que podrían ser impactadas por medidas federales más severas si se mantenía la política anterior.

“Creo que protegeremos mejor a nuestra comunidad inmigrante respetuosa de la ley y a toda nuestra ciudad si centramos las acciones de control de inmigración de la administración Trump en los pocos reclusos de nuestra cárcel que han sido arrestados por cometer delitos y están sujetos a deportación”, aseguró.

El mecanismo de cooperación entre Louisville y el DHS se implementará de inmediato. Con el ajuste, el Departamento Correccional Metropolitano proporcionará notificación anticipada sobre la liberación de reclusos con órdenes de detención y permitirá que sean mantenidos en custodia durante un lapso que no exceda las 48 horas, con el objetivo de facilitar su transferencia segura a las autoridades federales.

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