¿Se volvió peligroso hablar en español en EE.UU.? El miedo se apodera de la comunidad latina en la era Trump

WASHINGTON.- Hace dos semanas que el salvadoreño José S. no sale de su vivienda en el barrio de Mount Pleasant, una zona de esta capital conocida por su población migrante. Ni siquiera lleva a sus hijos a la escuela, una tarea que delegó en amigos. Tiene temor a ser detenido por las fuerzas federales en los operativos en la vía pública en los que buscan migrantes indocumentados, y que tienen a la comunidad latina como uno de sus principales focos.

“¿Cuál es la probabilidad hoy de estar seguro en la calle?“, consultó José S. a una organización local que da apoyo a los migrantes. “No hay seguridad”, fue la respuesta, seca. En ese barrio de Washington ya se registraron casos de latinos que fueron arrestados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles) cuando llevaban a sus hijos al colegio.

La ofensiva del gobierno de Donald Trump contra la migración ilegal -una de las banderas de su segunda gestión- ha extendido el miedo en la comunidad latina a ser arrestados o deportados como pocas veces se había visto en Estados Unidos, coinciden analistas migratorios, líderes comunitarios y hasta algunos de los principales medios norteamericanos, que incluso denuncian una campaña de “discriminación”.

“Ser latino en Estados Unidos no debería ser un crimen”, tituló The New York Times esta semana en un duro editorial. El board del prestigioso diario advierte que “algunos latinos temen hablar español o escuchar música en español en público”, y que tienen motivos para tener miedo. “En el bombardeo antinmigración de Trump, los agentes federales han violado de manera reiterada las libertades civiles”, alertó.

El editorial le siguió a una columna en el mismo diario titulada “Me atrapaste, hablo español”, del autor peruano-norteamericano Carlos Lozada, en la que advirtió, con un crudo relato, que “el español se ha convertido en un indicador sancionado de criminalidad potencial en Estados Unidos”.

Lozada no solo apuntó contra el gobierno de Trump, sino contra “una Corte Suprema de lo más complaciente”, que amparó con un reciente fallo que los agentes federales puedan detener e interrogar a personas sobre su situación migratoria basándose en una mezcla de cuatro factores simultáneos: su raza o etnia aparentes; su presencia en un lugar sospechoso, como alguna parada de ómnibus o una obra en construcción; el tipo de trabajo, y si hablan español, o incluso solo un inglés con acento marcado.

“Es una decisión que, en la práctica, allana el camino para que el ICE y otras autoridades federales encargadas de hacer cumplir la ley detengan e interroguen a personas principalmente, aunque no exclusivamente, sobre la base de su etnia hispana percibida, lo cual me parece algo extraordinariamente malo”, señaló a LA NACION el abogado Richard Primus, catedrático de la Universidad de Michigan.

“Es muy diferente de lo que creo que ha sido la ley en Estados Unidos hasta ahora”, agregó el experto. La referencia es a la decisión que tomó la Corte -por seis votos a tres- en el caso de emergencia “Noem v. Vásquez Perdomo” y que suspendió una orden judicial que había dictado un tribunal inferior. Así permitió a los agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza a reanudar sus tácticas agresivas y detenciones en California mientras se tramita la apelación.

La demanda original fue presentada por organizaciones de derechos civiles para poner fin a prácticas que, según denuncian, violan la Cuarta Enmienda, como las detenciones basadas en la raza o etnia aparente.

“La estrategia del gobierno de Trump ha causado un miedo real en la comunidad latina. Las personas están más alerta, toman más cuidados al salir a la vía pública, porque ya saben que lo que quiere esta administración es que ni la calle sea segura", dijo a LA NACION el salvadoreño Abel Núñez, director ejecutivo de Carecen, un centro que asiste a latinos en Washington.

Núñez también hizo hincapié en la relevancia del fallo de la Corte para amedrentar a la comunidad latina. “Estamos viendo que ahora la gente siente que es cazada, que son presas de los agentes federales. El miedo se siente”, dijo. El ICE ha lanzado redadas a gran escala en lugares de trabajo como los estacionamientos de Home Depot en varias ciudades.

En barrios de Washington como Mount Pleasant y Columbia Heights, con amplia presencia de latinos -sobre todo de salvadoreños-, muchos hábitos cambiaron. Los vecinos reconocen menos presencia de vendedores de comida callejera y encuentros grupales en parques o plazas.

El mexicano Pascual G., que lleva casi 30 años en Washington, se instala tres veces por semana en una esquina de Mount Pleasant con su camioneta para vender frutas, verduras y algunas golosinas. Está en situación migratoria irregular, aunque en trámite para resolverla.

“¿Si tengo temor a que me detengan? Todos tenemos miedo, pero hay que pagar la renta y las cuentas... Prefiero arriesgarme, no puedo vivir guardado en casa", dice a LA NACION.

Pascual G. tiene su vivienda en Riverdale Park, Maryland, a media hora de Mount Pleasant. “Vengo hasta aquí a vender la mercadería porque allá la situación se puso más difícil”, señala. En los parques de su vecindario, cuenta, ya no se ve la misma afluencia los fines de semana. “La gente se cuida más de quedar expuesta”, dice.

En el Santuario del Sagrado Corazón, una histórica parroquia católica ubicada en el límite entre Mount Pleasant y Columbia Heights, con mayoría de fieles migrantes, el temor también es palpable. Más de 40 de sus miembros fueron detenidos o deportados desde que se intensificaron los operativos de agencias federales.

Los residentes del barrio han establecido “patrullas vecinales” preventivas, utilizando silbatos para alertarse mutuamente sobre el arresto de migrantes en su comunidad. Hay también vecinos con estatus legal que se ofrecen como voluntarios para acompañar a grupos de chicos que van caminando a sus escuelas, ante el temor de los padres y madres a llevarlos.

La vibrante zona comercial del barrio, sobre la Mount Pleasant Street, una mezcla de restaurantes, locales de comida para llevar y de ropa, peluquerías y cafeterías, “ha perdido su energía habitual”, reconoce un empleado de un minimercado.

Helena Tetzeli, abogada experta en temas migratorios con una larga trayectoria en Miami, sostiene que la decisión de la Corte tuvo un impacto. “Hablé con varias personas preocupadas porque ahora pueden ser detenidas, incluso siendo ciudadanos estadounidenses, por su apariencia, el color de su piel, el hecho de hablar otro idioma, en general español, o por el lugar donde viven y trabajan. Sobre todo si se encuentran en zonas con una población de migrantes, legales o no, superior a la media”, dijo a LA NACION.

Según un estudio del Pew Research Center, entre marzo y junio la preocupación por las deportaciones aumentó en todos los grupos raciales y étnicos, pero los latinos fueron “los más propensos” a tener temor de que un familiar o un amigo cercano puedan ser expulsados del país. En junio, 47% expresó cierta o mucha preocupación, un aumento de cinco puntos respecto a marzo.

Mark Hugo López, uno de los autores del informe, detalló a LA NACION que “incluso si se encuentran en Estados Unidos legalmente y tienen, por ejemplo, una visa, debido a los cambios en la administración y la eliminación de las protecciones contra la deportación para varios grupos, los latinos son más propensos a verse afectados”.

Un reciente análisis de la Escuela de Asuntos Públicos Luskin de Universidad de California, en Los Ángeles (UCLA) reveló una marcada intensificación de la aplicación de las leyes de inmigración durante los primeros seis meses del segundo mandato de Trump, con un enfoque sin precedentes en las comunidades latinas.

El estudio concluyó que los latinos representaron nueve de cada diez arrestos del ICE durante el primer semestre del año. Los arrestos casi se duplicaron durante los primeros 100 días de Trump en el cargo y aumentaron aún más después de que el asesor principal Stephen Miller anunciara un objetivo diario de 3000 arrestos (que las agencias federales aún están lejos de haber cumplido).

“Los datos revelan un patrón claro y preocupante”, afirmó Paul Ong, director del estudio. “Las detenciones en comunidades latinas aumentaron drásticamente sin que existan pruebas que vinculen muchos de esos arrestos con mayores índices de delincuencia. Esto indica que las operaciones se basan principalmente en estrategias políticas y demográficas”, amplió.

Combinados, los mexicanos, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños representan más de dos tercios de la población indocumentada en Estados Unidos, explica a LA NACION Ariel Ruiz Soto, experto del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés). “Cuando el presidente busca aumentar los arrestos y deportaciones, esas cuatro nacionalidades son las más afectadas directamente. Eso es un hecho”, afirmó.

En base a infinidad de reportes que recolectan en el MPI, Ruiz Soto sostiene que “ha cambiado el comportamiento social y económico de muchas personas en Estados Unidos“.

“Por el miedo a ser detenidos, muchas personas son menos abiertas, salen menos de su casa, otros van solo del trabajo a su vivienda, y vimos reportes con una baja en la cantidad de alumnos que van a las escuelas porque no tuvieron quién nos llevara”, describe.

“Acto transgresor”

“Hoy en día, hablar español en voz alta en Estados Unidos se siente, extrañamente, como un acto transgresor. Cuando lo hablo en público, una pequeña parte de mí se pregunta ahora qué podría concluir la gente cercana sobre mi ‘estatus’, basándose únicamente en mi acento, mis palabras, mis sonidos", escribió Lozano en su columna.

“Convertir la lengua en motivo de sospecha oficial es una supresión de la expresión especialmente insidiosa, porque te hace cuestionar no solo tus ideas, sino también tu forma de expresarlas”, añadió.

De acuerdo a estimaciones del Pew Research Center, hay cerca de 14 millones de inmigrantes latinos en situación irregular en Estados Unidos, ocho millones de ellos sin estatus legal y otros seis millones con algún tipo de protección temporal.

La administración Trump afirma haber llevado a cabo más de 400.000 deportaciones entre el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en sus primeros 250 días, y que se encamina a alcanzar casi las 600.000 al final de su primer año. Esta proyección, de concretarse, sería inferior a las 685.000 deportaciones registradas por la administración de Joe Biden en el año fiscal 2024, y está lejos de la promesa del gobierno republicano de realizar un millón de deportaciones al año, señaló el MPI en un reporte de este mes.

Solo el ICE llevó a cabo unas 340.000 deportaciones en el año fiscal 2025, incluyendo quienes tienen una orden formal de expulsión y a detenidos que optaron por una salida voluntaria. “En un nivel 25% superior a las 271.000 deportaciones registradas por ICE en el año fiscal 2024″, señala el MPI, que remarca que las cifras anuales no incluyen las deportaciones realizadas por la CBP.

Por Guillermo Idiart

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