Así impactan las redadas del ICE y las deportaciones en la economía de Texas

Las deportaciones masivas y redadas del ICE impulsadas tras la asunción de Donald Trump generan consecuencias económicas en Texas, según indicaron diversos especialistas. La expulsión de la mano de obra extranjera podría derivar en una crisis de escasez de trabajadores en distintos sectores productivos y un déficit en la recaudación estatal.

Las políticas migratorias promovidas por la actual administración representan un gasto multimillonario para el gobierno federal. Chelsie Kramer, organizadora estatal del Consejo Americano de Inmigración (AIC, por sus siglas en inglés), afirmó a CBS que deportar un millón de inmigrantes indocumentados por año costaría aproximadamente 88.000 millones de dólares.

Por su parte, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) estimó que el plan de deportaciones masivas de Trump podría aumentar el déficit fiscal en la próxima década.

En este sentido, el sitio especializado The Business Journals indicó que los costos incluyen la expansión de centros de detención, el incremento de vuelos de deportación y una mayor presión sobre el sistema judicial de inmigración.

Texas tiene una de las mayores poblaciones de inmigrantes indocumentados en EE.UU. Según Kramer, estos trabajadores representan el 7% de la fuerza laboral estatal, con aproximadamente 1,6 millones de personas. En la región de Midland-Odessa, cerca de 7000 inmigrantes iilegales sostienen la economía local.

Actualmente, el sector energético enfrenta una crisis laboral. Más del 4% de los empleados en esta industria son indocumentados. En tanto, la expulsión de estos trabajadores podría generar escasez de mano de obra y afectar la producción. “No podemos permitirnos perder ese porcentaje de nuestra fuerza laboral”, advirtió la referente de AIC.

Las políticas migratorias también impactan en la construcción. The Business Journals informó que hasta el 50% de los trabajadores de la industria permanecen bajo situación irregular.

Sobre esto, Fabiola Barreto, de Texas AFL-CIO, una organización que trabaja por los derechos de los migrantes, alertó sobre el posible colapso del sector de construcción, valuado en US$106.000 millones. En el área metropolitana de Dallas-Fort Worth, la falta de trabajadores podría retrasar proyectos y aumentar los costos.

En la agricultura, el impacto sería similar. David Kallick, del Immigration Research Initiative, explicó que la crisis de trabajadores podría hacer subir los precios de productos esenciales. “Cuando falten empleados en las plantas procesadoras de carne y huevos, los consumidores notarán el impacto en los precios”, sostuvo.

Según KFF, organización sin fines de lucro que investiga, analiza, y publica información sobre la salud en EE.UU., los extranjeros indocumentados aportan miles de millones de dólares en impuestos que financian programas a los que ellos mismos no pueden acceder.

En 2022, los inmigrantes en Texas pagaron cerca de US$4900 millones en tributos estatales y locales. La salida de estos trabajadores reduciría los ingresos fiscales y afectaría servicios como la salud y la educación.

La investigación de KFF también señaló que la escasez de mano de obra extranjera podría agravar la crisis en el sistema de salud, ya que desempeña un rol clave en la atención domiciliaria y hospitalaria. La expulsión masiva de estos profesionales aumentaría la falta de personal en hospitales y clínicas.

En una reciente entrevista con CBS, Foye Kolly, abogada de inmigración en Austin, abordó el impacto de las políticas migratorias más estrictas en el ámbito laboral. Ante el endurecimiento de las regulaciones, el especialista recomendó a los empleadores implementar estrategias que ayuden a mitigar las consecuencias, como garantizar que toda la documentación de su personal esté en orden. Además, aconsejó elaborar planes de acción en caso de redadas del ICE.

Además, la letrada destacó una distinción legal clave para los empresarios: la autoridad de la policía migratoria no es absoluta. “Una orden firmada por un funcionario del ICE no les otorga autoridad a menos que usted les dé su consentimiento para ingresar a un lugar”, explicó la abogada. Por lo tanto, los empleadores tienen el derecho legal de negar el acceso al lugar de trabajo si no desean consentir la entrada de los oficiales.