Cuándo entra en vigor en Texas la ley que exige a ciertos condados colaborar con el ICE
Esta normativa promulgada por Greg Abbott busca reforzar la cooperación entre las autoridades locales y el gobierno federal en la aplicación de leyes migratorias
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LA NACION
El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó el pasado 20 de junio la SB 8, una disposición que establece la obligación de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La normativa, que entra en vigor el 1° de enero de 2026, exige que todos los condados con más de 100 mil habitantes y con instalaciones carcelarias suscriban acuerdos bajo el programa federal 287(g) o iniciativas equivalentes.
Nueva ley en Texas: cooperación obligatoria con ICE a partir de 2026
- El programa 287(g), incorporado en 1996 a la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), permite que las agencias locales de seguridad participen en la identificación y procesamiento de personas extranjeras detenidas que sean susceptibles de deportación.
- A través de este mecanismo, los oficiales estatales o locales pueden desempeñar determinadas funciones de aplicación federal bajo la supervisión del ICE.
Según el texto aprobado, la SB 8 busca fortalecer la coordinación entre las autoridades texanas y las federales al asegurar una aplicación uniforme de las normas.
Los sheriffs de los condados que administren cárceles, o las gestionen mediante terceros, estarán legalmente obligados a solicitar y firmar estos convenios.
Requisitos para los condados y alcance del programa 287(g) en Texas
De acuerdo con la ley, los sheriffs deberán no solo solicitar sino también formalizar el acuerdo con el ICE, el cual establecerá los alcances, limitaciones y duración de la autoridad conferida para ejecutar tareas relacionadas con la inmigración.
Si un condado presenta el pedido, pero no logra concretar el convenio, deberá renovarlo cada año hasta su aprobación.
El programa 287(g) opera bajo dos modelos de aplicación:
- Modelo de cárcel: enfocado en identificar a personas extranjeras con antecedentes penales o procesos judiciales mientras permanecen bajo custodia local.
- Modelo de orden de arresto: mediante el cual los agentes autorizados pueden emitir y ejecutar órdenes administrativas vinculadas con detenciones migratorias dentro de las instalaciones locales.
Actualmente, según cifras del ICE, existen más de 1000 acuerdos vigentes de este tipo en 40 estados de EE.UU. Estos convenios permiten ampliar la capacidad del gobierno federal mediante la colaboración de las agencias policiales locales.
En el marco del programa, los agentes locales reciben entrenamiento especializado del ICE sobre procedimientos migratorios, gestión de detenciones y documentación.
Este proceso busca garantizar que las autoridades locales operen bajo los mismos estándares que los oficiales federales.
¿Cuáles serán las sanciones por incumplimiento de la ley SB 8 en Texas?
En caso de que un sheriff no cumpla con las disposiciones establecidas, el fiscal general del estado está facultado para presentar demandas ante tribunales de distrito y solicitar medidas correctivas. La normativa también indica que los funcionarios deberán cumplir con la firma del acuerdo a más tardar el 1° de diciembre de 2026.
Además de la obligación de cooperación, la ley SB 8 establece un programa de subvenciones estatales destinado a cubrir los costos derivados de la participación de los condados en estos acuerdos. Los fondos podrán emplearse para compensar al personal asignado, cubrir gastos de capacitación, elaborar reportes requeridos o financiar la custodia de personas detenidas bajo la autoridad migratoria.
El acceso a estas subvenciones dependerá de que el sheriff haya formalizado el acuerdo de colaboración. La ley prevé montos diferenciados según el tamaño poblacional del condado y el nivel de participación en el programa.
Objetivos principales de la legislación migratoria en Texas
El propósito central de la SB 8 es integrar a las agencias locales en la aplicación de la ley federal de inmigración, para promover una estructura de cooperación entre el estado y el gobierno federal.
En términos prácticos, la ley crea un mecanismo dual: por un lado, impone el deber de colaboración a los condados y, por otro, ofrece recursos financieros para facilitar esa participación.
Los convenios bajo la Sección 287(g) permiten que los sheriffs y oficiales capacitados ejecuten tareas de identificación, procesamiento y retención de personas en situación irregular mientras se encuentran en custodia.
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