Greg Abbott canceló en Texas un beneficio para inmigrantes ilegales que estuvo vigente por 25 años: “Se terminó”
Una norma sancionada en 2001 fue cancelada durante las últimas horas en el Estado de la Estrella Solitaria; más complicaciones para los migrantes en Estados Unidos
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LA NACION
En un giro abrupto que sacudió al sistema educativo de Texas, el gobernador Greg Abbott anunció el fin de un beneficio que durante más de dos décadas permitió a miles de estudiantes indocumentados acceder a una educación superior más accesible. Con un mensaje escueto en sus redes sociales, acompañado del fallo judicial correspondiente, el mandatario confirmó que los inmigrantes sin residencia legal ya no podrán recibir matrícula estatal reducida en universidades públicas del Estado de la Estrella Solitaria.
Un fallo federal invalidó una ley que estuvo vigente durante 24 años en Texas
El cambio se produjo con una rapidez inusitada. Horas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara una demanda, el gobierno estatal aceptó cesar su aplicación y solicitó al tribunal que declarara la medida inconstitucional. El juez federal Reed O’Connor, del distrito norte de Texas, dio lugar a la petición y emitió una sentencia que anuló los artículos 54.051(m) y 54.052(a) del Código de Educación, que garantizaban la matrícula a quienes no tuvieran estatus migratorio regular.
La resolución del tribunal estableció que esos artículos violaban la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos y que, por lo tanto, eran inválidos. Asimismo, el fallo impuso una orden judicial permanente para que Texas, sus representantes y empleados no pudieran aplicar nuevamente estas disposiciones.
El gobernador Abbott celebró el desenlace en sus redes sociales: “La matrícula estatal para inmigrantes ilegales en Texas terminó. Texas prohíbe permanentemente brindar este beneficio”.
Qué implicaba esta ley en Texas y a cuántos beneficiaba
Desde 2001, Texas permitía que ciertos estudiantes indocumentados accedieran a la matrícula reducida que se les ofrece a los residentes del estado. La legislación fue la primera de su tipo en todo Estados Unidos y sirvió de modelo para otras jurisdicciones.
Para ser elegibles, los estudiantes debían:
- Haber residido en Texas al menos tres años antes de graduarse de la escuela secundaria.
- Haber vivido un año en el estado antes de matricularse en una universidad pública.
- Firmar una declaración jurada comprometiéndose a solicitar la residencia legal en cuanto les fuera posible.
Según informó el comisionado de Educación Superior de Texas, Wynn Rosser, cerca de 19.000 alumnos firmaron esa declaración en los últimos años. Sin embargo, ante preguntas del senador Charles Schwertner, no pudo precisar cuántos de esos estudiantes habían recibido ayuda financiera del estado, según informaron desde The Texas Tribune.
La batalla legislativa previa al fallo en Texas
Antes del veredicto, ya existían intentos por derogar la ley a través de proyectos legislativos. En el Senado estatal, el proyecto SB 1798 proponía eliminar la matrícula estatal para indocumentados y obligar a los estudiantes a cubrir la diferencia de costos si se determinaba que habían sido clasificados erróneamente. También facultaba a las universidades a retener diplomas en caso de falta de pago y exigía reportar a estudiantes sospechados de falsear su estatus migratorio.
En la Cámara de Representantes, la iniciativa HB 232 del legislador republicano Cody Vasut sugería restringir el acceso a la matrícula estatal solo a aquellos estudiantes indocumentados mayores de 18 años que demostraran haber solicitado la residencia permanente. Sin embargo, esta propuesta no superó la etapa de comité.
El impacto en los migrantes por la medida aprobada en Texas
El impacto de la decisión podría ser considerable para la economía del estado y el sistema educativo. Según el Texas Tribune, en 2021 los estudiantes indocumentados que aprovecharon este beneficio pagaron más de 81 millones de dólares en matrículas y cuotas universitarias. Su exclusión no solo representa una pérdida directa para las instituciones superiores, sino también una potencial reducción en el gasto y los ingresos futuros del estado.
Un análisis del American Immigration Council estimó que eliminar la matrícula estatal para estos estudiantes podría costarle a Texas más de US$460 millones anuales en pérdida de ingresos laborales y poder adquisitivo.
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