Greg Abbott firmó una ley que prohíbe este popular elemento en las aulas de Texas con efecto inmediato

El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó una ley que cambia de forma drástica lo que estudiantes podrán llevar consigo durante la jornada escolar. Con efecto inmediato, los teléfonos móviles y otros dispositivos de comunicación personal quedaron prohibidos para el uso de alumnos en todas las escuelas públicas y chárter del estado durante el horario de clases. La nueva legislación HB 1481, apunta a eliminar distracciones en el aula y a fomentar entornos más productivos para el aprendizaje, según expresaron las autoridades texanas.

Detalles de la ley HB 1481 en Texas: qué dispositivos prohíbe y a quiénes afecta

La nueva ley modificó el artículo 37.082 del Código de Educación de Texas, al transformar de manera sustancial la política que rige el uso de aparatos electrónicos en los centros escolares. A partir de ahora, las escuelas públicas y las chárter de inscripción abierta (independientes, pero con financiamiento público) deberán aplicar una regla escrita que impida a los estudiantes utilizar cualquier dispositivo de comunicación personal mientras se encuentren dentro del establecimiento durante el horario escolar.

El concepto de “dispositivo de comunicación personal” fue definido de forma amplia por la ley:

• Incluye teléfonos fijos, celulares (tanto smartphones como modelos plegables), relojes inteligentes, tablets, radios y buscapersonas.
• También abarca cualquier otro aparato electrónico con capacidad para emitir señales, vibrar, mostrar mensajes o facilitar la comunicación digital o telefónica.
• Quedan exceptuados los dispositivos entregados por las propias escuelas para fines educativos.

Esta prohibición abarca únicamente el uso, no necesariamente la tenencia del dispositivo, aunque la ley faculta a cada distrito a restringir también su ingreso y establecer métodos de almacenamiento mientras los estudiantes estén en clase.

Cómo deben implementar las escuelas la prohibición de celulares en las aulas

La norma exige a las juntas escolares y autoridades de escuelas chárter adoptar una política formal y por escrito para regular esta nueva restricción. Esa debe establecer cómo se aplicará la medida y qué sanciones se impondrán ante su incumplimiento. En este sentido, la ley otorga cierta flexibilidad para adaptarse a sus necesidades locales.

Las medidas que podrán adoptar los establecimientos incluyen:

• Impedir completamente que los alumnos ingresen con dispositivos personales al establecimiento.
• Designar zonas o métodos de almacenamiento obligatorio (por ejemplo, casilleros, sobres sellados o cajas seguras) mientras dure la jornada escolar.
• Autorizar la confiscación del aparato en caso de uso indebido y establecer procedimientos para su devolución o eventual descarte.

En cuanto a los objetos incautados, los colegios tendrán la potestad de disponer de ellos “de forma razonable” luego de informar por escrito a los padres del estudiante con al menos 90 días de anticipación. Ese aviso deberá incluir el número de serie del equipo en cuestión.

Excepciones contempladas en la nueva normativa texana

Aunque la ley HB 1481 aplica de manera general, existen excepciones precisas para proteger derechos de accesibilidad y salud. Las escuelas estarán obligadas a permitir el uso de dispositivos cuando sean requeridos por razones médicas o necesidades educativas especiales.

Los casos exceptuados por ley son:

• Uso necesario para ejecutar un Plan de Educación Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés), un plan según la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación o programas similares.
• Recomendación explícita de un médico tratante que justifique el uso del dispositivo.
• Necesidad de cumplir con normativas legales o protocolos de seguridad escolar que requieran el acceso al aparato.

Estas excepciones se aplicarán siempre que exista documentación que avale la situación del estudiante.

Implementación obligatoria: cuál es el plazo para cumplir esta ley

Aunque la ley entró en vigencia de forma inmediata, los distritos escolares tendrán hasta 90 días para redactar y aprobar sus políticas internas. En ese período, deberán definir los mecanismos de aplicación, las sanciones y los protocolos de excepción que cada institución pondrá en práctica para cumplir con la norma.

La Agencia de Educación de Texas también deberá publicar en su sitio web oficial un texto modelo de política que pueda servir como guía para los distritos a la hora de implementar la normativa en sus respectivas escuelas.

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