La nueva ley antimigrantes de Greg Abbott para que algunos extranjeros no puedan comprar ni tener propiedades en Texas
La norma prohíbe radicalmente el acceso a distintos tipos de inmuebles a personas vinculadas a países considerados como amenazas a la seguridad nacional
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LA NACION
El gobernador Greg Abbott firmó la ley SB17, que cambia de manera radical el acceso a la propiedad para extranjeros vinculados a países considerados una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. La medida, que entra en vigor el 1° de septiembre de 2025, limita tanto la compra como la posesión de inmuebles para individuos y entidades procedentes de naciones como China, Rusia, Irán y Corea del Norte, entre otras que el mandatario estatal republicano podrá designar.
Qué se entiende por “propiedad real” en la nueva ley de Texas
La decisión, avalada por el Senado y la Cámara de Representantes de Texas tras un extenso debate, surge como respuesta directa a las advertencias contenidas en el informe anual de amenazas de la Comunidad de Inteligencia de EE.UU. de 2025. Ese documento, citado por la norma, identificó riesgos específicos vinculados a la influencia extranjera en sectores estratégicos, incluidos los bienes raíces.
La norma no se limita a casas o departamentos. La definición de “propiedad real” adoptada por el texto es amplia y abarca:
- Tierras agrícolas destinadas a cultivos, ganadería o plantaciones.
- Mejoras construidas en terrenos rurales.
- Propiedades comerciales e industriales.
- Pozos y reservas de agua subterránea.
- Viviendas residenciales.
- Minas, canteras y derechos sobre minerales.
- Bosques y madera en pie.
- Derechos de agua vinculados a un terreno.
De esa manera, el veto incluye desde un pequeño lote urbano hasta miles de hectáreas de uso agrícola o industrial, lo que abre un abanico muy amplio de limitaciones para ciudadanos o compañías de los países señalados.
Quiénes no podrán comprar ni poseer inmuebles en Texas
El corazón de la SB17 está en la sección de prohibiciones. Allí se especifica que no podrán adquirir ni mantener intereses sobre propiedades en Texas los siguientes actores:
- Gobiernos de países designados como amenaza.
- Empresas con sede en esas naciones o controladas por sus gobiernos.
- Organizaciones cuya mayoría accionaria pertenezca a ciudadanos de países vetados.
- Individuos domiciliados en un país considerado riesgoso.
- Personas que actúen como agentes de gobiernos extranjeros.
- Miembros de partidos políticos en el poder en países identificados como hostiles.
- Ciudadanos de esas naciones que permanezcan en Estados Unidos sin estatus legal.
La legislación aclara que un extranjero residente legal en Estados Unidos podrá adquirir una vivienda destinada a su residencia principal, pero no otro tipo de propiedad.
Excepciones contempladas por la nueva ley de Texas contra “adversarios extranjeros”
La ley SB17 prevé algunas excepciones para no afectar a quienes ya poseen un estatus legal sólido en Estados Unidos. Entre ellas se encuentran:
- Ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales.
- Empresas controladas por estadounidenses o residentes legales.
- Contratos de arrendamiento de menos de un año de duración.
De esta manera, el objetivo declarado de la norma no es excluir a toda persona extranjera, sino frenar operaciones inmobiliarias que pudieran estar influenciadas por gobiernos adversarios u organizaciones criminales transnacionales.
Mecanismos de control y sanciones previstas por la ley firmada por Abbott
La ley otorgó al fiscal general de Texas un papel central en la investigación y persecución de violaciones. La oficina podrá abrir expedientes, llevar a juicio propiedades adquiridas en forma irregular y solicitar la designación de un síndico judicial que administre y posteriormente venda los inmuebles involucrados.
En caso de infracción, se contemplan sanciones de distinta magnitud:
- Delito penal: un individuo que incumpla la ley enfrentará un cargo de delito grave con penas de cárcel.
- Multa civil: las empresas que violen la normativa deberán abonar el monto mayor entre 250 mil dólares o el 50% del valor de mercado de la propiedad adquirida.
Además, si un tribunal determina que existió una compra prohibida, ordenará la venta forzosa del inmueble. Los fondos recaudados cubrirán, en primer lugar, deudas o hipotecas, y luego los costos del proceso judicial, mientras que lo restante se devolverá al comprador infractor.
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