El ICE avanza en Utah: los tres nuevos acuerdos que permitirán aumentar la detención de migrantes

El condado de Utah, en el estado homónimo, dio un paso significativo hacia una cooperación más estrecha con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En específico, los comisionados aprobaron por unanimidad una serie de acuerdos bajo el programa 287(g) que permitirán a la Oficina del Sheriff participar directamente en operaciones y redadas contra migrantes.

Tres acuerdos clave entre el ICE y el condado de Utah

Durante una sesión pública que se extendió por más de tres horas y que obligó a habilitar salas adicionales por la cantidad de asistentes, los comisionados votaron a favor de tres acuerdos específicos con el ICE. Cada uno apunta a fortalecer la colaboración entre el organismo federal y la Oficina del Sheriff del condado, con el argumento de mejorar la seguridad pública y optimizar recursos.

Uno por uno, estos son los tres acuerdos entre el condado de Utah y el ICE:

• Acuerdo de seguridad interconectada (Interconnection Security Agreement): este convenio establece una conexión directa entre los sistemas informáticos de la Oficina del Sheriff y el ICE. La intención es facilitar el intercambio de datos personales de manera cifrada y segura, según explicó el comisionado Skyler Beltran. El objetivo es garantizar que la privacidad de la información no se vea comprometida en el proceso de cooperación.
• Programa de oficiales para órdenes de arresto (Warrant Service Officer): bajo este memorando de acuerdo, el ICE podrá capacitar, certificar y autorizar a algunos agentes locales para ejecutar órdenes administrativas de detención dentro de la cárcel del condado. Esta modalidad está diseñada para que, en el momento en que una persona indocumentada cumpla su condena y deba ser liberada, la agencia pueda intervenir para gestionar su traslado a custodia federal.
• Modelo de fuerza de tarea (Task Force Model): este programa permite que agentes locales seleccionados actúen como parte de equipos mixtos con el ICE, al aplicar autoridad migratoria limitada durante tareas rutinarias, como controles de tránsito o puntos de control por consumo de alcohol.

La postura oficial del condado de Utah: cooperación con el ICE, pero sin persecución de migrantes

Tanto los comisionados como el sheriff Mike Smith insistieron en que los acuerdos no suponen una política de redadas ni de persecución generalizada contra la comunidad migrante. En ese sentido, Smith remarcó la necesidad de mantener transparencia y sostuvo que, si el ICE realizara acciones que no fueran aceptables para su oficina, él intervendría.

“Es importante que, cuando el ICE actúe en nuestro condado, sepamos qué está haciendo. Y que todas las personas sean tratadas con dignidad. Pero también es importante que haya consecuencias para quienes infringen la ley”, enfatizó durante la sesión, según consignó FOX 13.

La comisionada Amelia Powers Gardner también se pronunció con firmeza: “Nuestro compromiso es con la seguridad pública, no con el miedo”. Según detalla el comunicado oficial de la Comisión, la funcionaria sostuvo que se dejó “muy en claro” que el condado de Utah no participará “en redadas laborales ni en redadas migratorias”.

Cuándo entran en vigor los acuerdos entre el ICE y el condado de Utah

Si bien los tres acuerdos fueron aprobados de forma unánime, no entrarán en vigor de inmediato. Se requerirá tiempo para que los oficiales seleccionados completen la formación exigida por el ICE y se establezcan los mecanismos técnicos necesarios para la transferencia segura de datos. No obstante, las autoridades señalaron que en la práctica muchos de estos procedimientos ya estaban en marcha, pero de forma menos formalizada.

Beltran destacó que el condado ya informaba al ICE sobre la presencia de inmigrantes sin papeles detenidos y sus fechas de liberación. El nuevo acuerdo, según explicó, agiliza este proceso y permite que la agencia federal actúe con mayor previsibilidad.

También aclaró que el financiamiento de estos programas no implicará costos extra para los contribuyentes, ya que la agencia federal cubrirá las capacitaciones y podría proporcionar fondos federales adicionales a través del Departamento de Justicia.

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