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El gobernador de Utah, Spencer Cox, firmó recientemente la Ley HB100, que pretende ampliar el acceso a almuerzos escolares gratuitos a aproximadamente 40.000 estudiantes. Con esta acción, que entrará en vigor el próximo 1° de julio de 2025, el objetivo primordial es combatir la inseguridad alimentaria entre los menores de edad, así como contribuir a mejorar su rendimiento escolar.
La Ley HB100, patrocinada por el representante Tyler Clancy y por el senador Kirk Cullimore, elimina la categoría de “Precio Reducido” en los almuerzos escolares de Utah. Esto permite que los estudiantes que anteriormente pagaban una tarifa menor, ahora reciban comidas gratuitas sin ningún tipo de restricción.
Esta nueva ley beneficiará a miles familias que, aunque no califiquen para la asistencia federal por tener ingresos inferiores a US$67.673 anuales, enfrenten dificultades económicas debido al aumento en el costo de vida. “Este proyecto de ley no solo pretende proporcionar almuerzos escolares, sino también ayudar a los niños a mejorar su rendimiento escolar; los niños no aprenden cuando tienen hambre”, declaró el gobernador Spencer Cox ante medios como Deseret News.
En años posteriores a la pandemia por COVID-19, la inseguridad alimentaria infantil en Utah se mantuvo como una problemática creciente, lo cual afecta el desarrollo de miles de niños en la entidad. Si bien Utah se considera un territorio “sólido” en materia económica, la falta de acceso constante a alimentos nutritivos todavía es un desafío comunitario.
De acuerdo a datos recientes de la organización Feeding America, el número de niños en Utah que enfrentan inseguridad alimentaria aumentó de 93.000 en 2021 a 143.000 en 2024, lo que representó un incremento de 53% en sólo tres años. En otras palabras, se estima que uno de cada seis niños en el estado no tiene garantizado su alimento.
En complemento a ampliar el acceso a comidas gratuitas, la Ley HB100 incluye disposiciones para proteger la dignidad de los estudiantes. Esto significa que las escuelas no podrán identificar públicamente a los estudiantes que reciben comidas gratuitas ni tampoco exigirles tareas o trabajos adicionales para compensar el costo de los alimentos.
Y es que previos a esta ley, algunos distritos escolares permitían acciones como asignar tareas de limpieza a los alumnos con deudas por comida, o incluso, llegaron a denunciarse acciones de estigma social como marcar públicamente las bandejas de aquellos estudiantes con “deudas” para diferenciarlos de los demás.
La legislación también establece que los estudiantes con deudas por almuerzo no podrán ser excluidos de actividades escolares (excursiones, graduaciones, etc.) ni tampoco se les podrá negar el acceso a sus boletas de calificaciones. De acuerdo a datos del Utah Education Policy Center, un 12% de las escuelas en el estado reportaron casos de retención de registros académicos debido a deudas alimentarias en 2023.
En añadidura a lo anterior, y en lo que respecta a evitar el desperdicio de alimentos, la nueva ley contempla la implementación de “mesas compartidas”. Estas, permitirán a los estudiantes devolver alimentos no consumidos para que sean aprovechados (ya sea como material de reciclaje o como consumo secundario, según sea el caso).
Según los cálculos de las autoridades competentes, la implementación de la HB100 requerirá de una inversión única de US$2.5 millones No obstante, la financiación se considera un paso significativo para abordar la deuda acumulada de almuerzos escolares en Utah, misma que alcanzó los US$2.8 millones durante 2024.
El representante Tyler Clancy, patrocinador principal del proyecto, remarcó que la inversión planeada representa menos del 1% del presupuesto estatal en educación pública. Además, confirmó que la HB100 autoriza la aceptación de donaciones privadas y subvenciones para financiar el programa de comidas escolares.
