¿12, 13 o 14 años? A cuánto bajó la edad de imputabilidad con la nueva ley aprobada
El Senado sancionó la reforma del sistema penal juvenil durante la jornada legislativa; los legisladores establecieron nuevas pautas para el juzgamiento de menores en todo el país
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LA NACION
El Senado de la Nación sancionó este viernes el nuevo régimen penal juvenil que modifica la edad de imputabilidad en la República Argentina. Los integrantes de la Cámara alta sesionaron para validar el proyecto oficialista que recibió el acompañamiento de los sectores dialoguistas. La votación definitiva transformó en ley la propuesta del Poder Ejecutivo antes del inicio del periodo ordinario.
A cuánto bajó la edad de imputabilidad con la nueva ley
La nueva normativa estableció la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, por lo cual reemplazó el límite anterior de 16 años, fijado en la legislación previa. El texto determina que los adolescentes que alcancen esa edad enfrentarán procesos legales ante la justicia.
La sanción de este viernes ocurrió en el marco de una sesión intensa que incluyó el tratamiento de la reforma laboral impulsada por la administración nacional. El presidente Javier Milei planificó contar con estas herramientas antes de brindar su discurso sobre el estado de la Nación este domingo.
El oficialismo obtuvo el quórum necesario con el apoyo de bloques opositores mientras la bancada peronista mantuvo gran parte de sus bancas vacías al inicio del debate.
El alcance del nuevo sistema de penas
La ley sancionada introduce una estructura de sanciones que otorga a los magistrados diversas opciones de castigo según la gravedad del hecho cometido. Los jueces podrán aplicar desde la amonestación hasta el monitoreo electrónico.
El abanico de penas alternativas contempla además la prohibición de salida del territorio nacional y la realización de tareas comunitarias para delitos con escalas de hasta tres años de prisión. Este esquema rige para delitos con penas de hasta 11 años de encierro, siempre que no exista la muerte de la víctima o lesiones de carácter grave.
El límite máximo de privación de la libertad quedó fijado en 15 años. Este tope rige incluso si la sumatoria de delitos o las escalas penales prevén un tiempo superior. El encierro efectivo solo ocurrirá ante hechos de extrema gravedad como homicidios, secuestros violentos, abusos sexuales o robos con violencia.
Qué argumentaron los senadores sobre la baja de la edad de imputabilidad
El senador por Salta, Gonzalo Guzmán, justificó la iniciativa: “Este es un régimen moderno, especializado, donde están garantizados el debido proceso y demás garantías procesales”. El parlamentario libertario destacó que la norma reconoce asistencia legal idónea para los adolescentes desde el comienzo de las actuaciones judiciales.
La senadora Lucía Corpacci rechazó la iniciativa desde la bancada kirchnerista. La legisladora de Catamarca afirmó: “Esta ley es invotable, es imposible de votar”. La representante cuestionó que se utilice el endurecimiento de penas para desviar la atención sobre la situación social actual.
En una línea opuesta se manifestó la radical Carolina Losada, quien defendió la plena consciencia de los menores sobre sus actos. La senadora santafesina sostuvo: “Basta de hipocresía, basta de decir que alguien no entiende lo que está haciendo; todos tenemos hijos menores de edad y sabemos muy bien que entienden”.
Gerardo Zamora criticó la estrategia oficial de buscar resultados mediante el agravamiento de las penas. El legislador de Santiago del Estero calificó el proyecto de inconstitucional. “Otra ley exitosa para mostrar que se están haciendo reformas. A veces estas cosas atentan contra cualquier vestigio de consenso social en un tema delicado como este”.
Cuánto costaría aplicar la nueva normativa
La puesta en marcha del sistema penal juvenil requiere de una inversión económica que fue objeto de discusión en el recinto. El Poder Ejecutivo incorporó un artículo que asigna un presupuesto de 23.800 millones de pesos para financiar la estructura procesal.
El senador Jorge Capitanich consideró que el monto asignado resulta insuficiente para cubrir las necesidades del nuevo esquema. El representante de Chaco manifestó su preocupación por los plazos de ejecución de las obras necesarias.
Estos fondos deben utilizarse para la edificación de centros de detención adaptados para adolescentes, ya que la ley prohíbe explícitamente que los menores compartan espacios de encierro con adultos.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Gustavo Ybarra.
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