Avance clave en la pulseada judicial por el caso de la quinta de Pilar que se le adjudica a las autoridades de la AFA
El fiscal ante la Casación Mario Villar respaldó la decisión de que no continúe en el juzgado federal de Campana y que pase al fuero Penal Económico
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LA NACIONHernán Cappiello
El trámite para determinar quién investigará a los verdaderos dueños de la fastuosa quinta de Pilar que se le adjudica a las máximas autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tuvo avances en los tribunales.
El fiscal ante la Cámara de Casación Federal Mario Villar respaldó la idea de que el expediente deje el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, y pase al fuero en lo Penal Económico.
Villar sostuvo ante la Casación el recurso del fiscal de Cámara de San Martín Carlos Cearras, que se había opuesto a que el asunto avance en Campana, como lo pidió el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, entienden que les irá mejor en el juzgado de González Charvay que en el de Penal Económico, donde está Marcelo Aguinsky, que ya tuvo la causa.
La quinta de Pilar, situada en Villa Rosa, tiene 5 hectáreas y está valuada en 20 millones de dólares. Cuenta con helipuerto, caballerizas, instalaciones deportivas y un garage con 45 autos de alta gama, de colección, motos y hasta dos karting de competición, como los que usa el hijo de Toviggino.
La justicia investiga a quienes figuran como sus dueños, Luciano Pantano y su madre Ana Conte, titulares de la firma Real Central. Se trata de un exdirigente de la AFA que es monotributista y una señora jubilada. El perfil económico de ambos no se condice con la mansión.
Hay una puja entre el juez Aguinsky, que avanzó sobre los supuestos testaferros, y González Charvay por quedarse con el expediente.
Esa controversia la debe resolver la Sala I de la Cámara de Casación Federal. Pero la mayoría de los jueces que la integran se excusaron de intervenir.
Por un lado, Carlos Mahiques, que era suplente, pidió no decidir en este caso, alegando que tenía muchas otras tareas.
En rigor, expuso estas razones luego de que LA NACION publicó que Carlos Mahiques, padre del flamante ministro de Justicia, Juan Ignacio Mahiques, festejó su cumpleaños en esa fastuosa quinta.
Hay nexos entre los Mahiques, padre y su hijo, con las autoridades de la entidad del fútbol.
A Carlos Mahiques lo reemplazó la jueza de la Casación Ángela Ledesma para decidir si es competente en el caso González Charvay o Aguinsky.
Esta semana se apartó el otro juez que debía decidir sobre la competencia, Daniel Petrone. Dijo que comparte la “comunidad educativa” con Javier Faroni, dueño de una empresa que hacía los cobros de la AFA en el exterior y que está investigado por fraude.
El juez Petrone dijo que además tiene vínculos sociales con Faroni y se inhibió de decidir en el caso, argumentando “violencia moral”.
Así las cosas, quedaron para resolver la jueza Ledesma y su colega Javier Carbajo. Si se ponen de acuerdo en que juzgado queda la causa por presunto lavado de dinero podrán resolver la cuestión con sus dos votos.
Pero si están en desacuerdo -como señalan algunas fuentes en tribunales- deberán sortear a un tercer juez para que desempate.
Antes de votar, le mandaron la causa al fiscal Villar, que decidió apoyar la idea de su colega Cearras y que el caso regrese al fuero Penal Económico.
La disputa está dada porque la AFA sostiene que el asunto debe quedarse en Campana, ya que la quinta está en jurisdicción de ese tribunal.
Pero el fiscal Cearras, Villar y el juez Aguinsky entienden que el caso es de lavado de dinero y que no importa dónde está el bien que evidencia del lavado, sino la sede de la AFA desde donde se habría gestado la maniobra.
El asunto no es una mera cuestión de jurisdicción. Hay quienes sospechan que oculta una supuesta maniobra de los investigados para que el caso quede lejos del fuero Penal Económico, en el juzgado federal de Campana, porque les resultaría más confiable.
El fiscal Cearras sostuvo la misma posición que el fiscal de primera instancia, Sebastián Bringas, cuando dijo que el caso debía quedar en el juzgado Penal Económico de Marcelo Aguinsky.
Este juez avanzó con decisión luego de que su colega federal, Daniel Refecas, preservó el lugar y mandó a valuar la quinta (de unos 20 millones de dólares). Luego, Aguinsky analizó las sociedades a las que pertenece, según los registros y su historia, además de tomar diversas declaraciones.
Aguinsky -antes de dejar el caso- se convenció de que los presuntos testaferros de la AFA, Luciano Pantano y Ana Conte, no pudieron haber sido los dueños de la casona de Pilar con helipuerto, pista hípica, pileta, gimnasio y 40 autos y motos de alta gama.
Pero los defensores de Tapia y de Toviggino buscaron sacar el caso y lograron llevarlo a la justicia federal de Campana, jurisdicción donde está situada la quinta.
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