DD.HH: avanza en la Justicia una causa para investigar si se pagaron indemnizaciones fraudulentas
El juez Lijo ordenó al Ministerio de Economía y a la Secretaría de Derechos Humanos que aporten las listas de beneficiarios y los montos que se abonaron
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LA NACIONMariano De Vedia
La Justicia ordenó medidas de prueba y dio el primer paso para investigar si se pagaron indemnizaciones fraudulentas, mediante el registro de casos falsos de víctimas de la dictadura militar.
El juzgado federal N° 4, a cargo del doctor Ariel Lijo, pidió al Ministerio de Economía que constate si efectivamente se abonaron las indemnizaciones planteadas en la denuncia, presentada hace dos años por el particular José D’Angelo.
Requirió al organismo que conduce Martín Guzmán que remita “la lista completa de los beneficiarios y los montos pagados” por las leyes reparatorias y ordenó a la Secretaría de Derechos Humanos, cuyo titular es Horacio Pietragalla Corti, que envíe “todos los legajos de las personas mencionadas en la denuncia”.
D’Angelo, autor de los libros “Mentirás tus muertos” y “La estafa con los desaparecidos. Mentiras y millones”, había enumerado en la presentación judicial 13 casos de personas que aparecen como víctimas de desaparición forzada, ejecución sumaria o asesinato en los legajos elaborados en el área de Derechos Humanos, a pesar de que existirían constancias de que no murieron en esas circunstancias. Algunos de ellos, incluso, habrían sido ejecutadas por organizaciones guerrilleras.
Los casos denunciados
Los casos enumerados en la presentación judicial que después de dos años avanza en el juzgado de Lijo registran el pago de indemnizaciones por un total de $110,6 millones, según valores actualizados a julio de 2019, cuando se presentó la denuncia. En ese momento representaban unos US$2,4 millones.
La resolución judicial pide también al Ministerio de Economía que indique en los casos denunciados “los pagos realizados a estudios jurídicos, gestores, abogados particulares o entidades que hayan sido también beneficiarios de los pagos indemnizatorios”.
“Delator y juicio revolucionario”
En la denuncia se menciona el caso de Rubén Fernando Haymal, militante de Montoneros, cuya ejecución fue reivindicada por la propia organización en el número 8 de la revista Evita Montonera, como consecuencia de un “juicio revolucionario” por su condición de delator.
Allí se relata que, a mediados de 1975, Haymal fue detenido en Córdoba por la policía provincial y en los interrogatorios habría revelado la ubicación de una “casa operativa”, utilizada por Montoneros como una “cárcel del pueblo”, lo que habría facilitado la posterior detención de varios cabecillas de la organización armada.
Haymal no figuraba entre las víctimas de la represión ilegal en el informe de la Conadep, de 1984, que redactó la comisión encabezada por el escritor Ernesto Sabato durante la presidencia de Raúl Alfonsín.
En 2006 su nombre fue incorporado al registro de la Secretaría de Derechos Humanos como víctima de “ejecución sumaria”, pero luego no aparece en el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (Ruvte), que elaboró en 2015 el gobierno de Cristina Kirchner. En medio de estas discordancias fue pagada una indemnización de $229.759, cuyo valor actualizado en 2019 era de $6,8 millones (US$151.513).
También se incluyen en la denuncia los casos de Juan Carlos Irurtia y Aldo Julián Malmierca Sánchez, ambos combatientes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que murieron cuando intentaban atacar un comando táctico del Ejército Argentino en Manchalá, provincia de Tucumán, el 28 de mayo de 1975, durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón.
Los dos figuran como víctimas de desaparición forzada en el Ruvte de 2015, aunque sus nombres no estaban en el informe de la Conadep, y están reconocidos como víctimas de la represión ilegal en el monumento del Parque de la Memoria. Por Malmierca, alguien cobró una indemnización de $1,2 millones, que a valores actualizados de 2019 equivalían a $17,2 millones (US$383.900).
Otro caso denunciado es el de Atilio Rosario Santillán, dirigente del gremio de empleados azucareros, cuya ejecución se atribuyó el ERP en un comunicado que se publicó en la contratapa del número 74 de la revista Estrella Roja, en abril de 1976.
La agrupación armada fundamentó su decisión en que el dirigente sindical “actuó como agente de los servicios de información militar” y entregó “al enemigo a numerosos de los mejores luchadores que en el gremio defendían con vigor los intereses de los trabajadores”.
Santillán no fue incluido como desaparecido ni como víctima del terrorismo de Estado en el informe de la Conadep ni en los registros de 2006 y 2015, elaborados durante el kirchnerismo. Pero es recordado en el Parque de la Memoria. En su nombre, se pagó una indemnización por $366.265, que a valores actualizados de 2019 llegaban a $8 millones (US$179.300).
También fue registrada como “asesinada por el Estado” y se pagó por ella una millonaria indemnización la militante Adriana Lidia Kornbliht, quien murió cuando intentaba colocar una bomba en una comisaría de Monte Chingolo, en Quilmes, el 31 de marzo de 1977. Ese día cumplía 16 años. “Su muerte la causó su impericia en el manejo de explosivos y no agentes estatales”, interpretó D’Angelo, al presentar su libro “La estafa con los desaparecidos. Mentiras y millones”.
Después del pago de la indemnización, en 2015, el gobierno de Cristina Kirchner la eliminó de los registros oficiales.
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