Carrió denunció a ex ministros de Defensa por "asociación ilícita"

"La frase «la corrupción mata» se ha hecho tristemente célebre en nuestro país". Con esa consigna, cumplido un mes desde la desaparición del ARA San Juan , la diputada Elisa Carrió radicó una lapidaria denuncia penal contra la gestión kirchnerista, a la que acusó de hechos de corrupción durante la reparación de media vida del submarino. Para la legisladora, es posible que haya existido una "asociación ilícita" entre ex funcionarios y un grupo de empresas.

Carrió pidió que se investigue a los ex ministros de Defensa Nilda Garré , Arturo Puricelli y Agustín Rossi , y al ex jefe de gabinete de esa cartera, Raúl Garré (hermano de la ex funcionaria). También requirió posar la lupa sobre la Armada y sobre las autoridades del Complejo Industrial y Naval Argentino (Cinar), integrado por los astilleros Tandanor y Almirante Storni.

La diputada resaltó que la "reparación del submarino realizada entre 2008 y 2014 registró múltiples irregularidades, que derivaron en un mal estado de la embarcación y un peligro latente. "Incluso entendemos que podría tratarse de una maniobra generalizada o matriz de corrupción", subrayó.

La reparación del ARA San Juan fue una de las obras más complejas en la industria naval, dado que fue necesario cortar el casco de la embarcación por la mitad. Entre otras obras se reemplazaron los cuatro motores diésel, se repararon los equipos generadores y se realizó un replacado de 960 baterías.

La empresa Hawker GMBH fue contratada para el replacado de las baterías por más de 5 millones de euros. Para otras tareas fue contratada Marlog GMBH. Ambas firmas tenían como representante local a Ferrostaal SA.

Carrió señaló que una investigación desarrollada por expertos de Defensa entre 2015 y 2016 determinó que la Armada habría incumplido los estándares normativos y operativos para la reparación de media vida. "Se buscó direccionar la compra de suministros para beneficiar a ciertos proveedores. En ese proceso se habrían adquirido insumos con garantías vencidas", citó la diputada.

El informe alertaba sobre irregularidades dentro de la órbita de la Armada y "un sinnúmero de maniobras que tenían como único fin la compra de las baterías a las firmas Ferrostaal y Hawker como único proveedor", agregó.

"El presidente de Ferrostaal a nivel Mundial, Matthias Mitscherlich, tuvo que renunciar presionado por las investigaciones judiciales sobre el pago de sobornos en Grecia", destacó en su escrito Carrió.

Tal como reveló la nacion, la Sigen, como organismo de control, alertó por un irrisorio aumento en los montos del contrato entre Defensa y Tandanor, que pasó de $ 27 millones a $ 57 millones. Las proveedoras, en tanto, incurrieron en serias demoras en las entregas, que llegaron a los 1500 días.

Como antecedente, Carrió destacó que en 2007 el ex suboficial primero de la Armada José Oscar Gómez radicó una denuncia penal y señaló que "se desguazaron embarcaciones de la Armada y se vendieron los metales en el mercado negro". La causa fue archivada en 2010 por Norberto Oyarbide, pero es plausible su reapertura.

Carrió pidió que se investiguen los delitos de administración fraudulenta y cohecho, entre otros. La denuncia recayó en el juzgado de Sergio Torres.