Causa Cuadernos: qué decisión tomó la Justicia sobre los empresarios

El Tribunal Oral Federal 7 definió este lunes el futuro procesal de 50 empresarios imputados en la Causa Cuadernos. Los jueces rechazaron una oferta de resarcimiento económico presentada por los acusados para ser absueltos y evitar el juicio oral.

El fallo de los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero desestimó todos los planteos de reparación integral del perjuicio. Esta figura legal buscaba extinguir la acción penal a cambio de una compensación monetaria. Con esta resolución, el tribunal ratificó el inicio del juicio para el próximo 6 de noviembre.

La oferta rechazada fue formulada por 50 empresarios y algunos exfuncionarios kirchneristas. El monto total propuesto ascendía a 16.591.438.303 de pesos y 3.600.000 dólares, una cifra que al cambio oficial se aproxima a los 15 millones de dólares. Todos los solicitantes ahora deben afrontar las costas del proceso.

Un grupo de empresarios, entre ellos Juan José Luciano y Ricardo Scuncia, no especificó una suma en pesos. Ellos adhirieron a propuestas que calculaban el monto a pagar según la actualización de sus respectivos embargos.

El tribunal fundamentó su negativa en la postura de la fiscal de juicio, Fabiana León, cuya oposición consideró vinculante. Los magistrados coincidieron con el argumento fiscal que define el caso como un hecho de gran corrupción. Este tipo de delitos afecta bienes jurídicos supraindividuales, como la probidad y la transparencia, que no pueden compensarse únicamente con dinero.

Los jueces señalaron que la suma ofrecida, aunque útil para recuperar parte del dinero, resulta “insuficiente” para reparar el daño institucional y social generado. Agregaron que la participación de funcionarios públicos en los hechos imputados impone un impedimento adicional. Este impedimento, según el fallo, alcanza también a los empresarios como partícipes particulares, ya que los delitos solo pudieron concretarse con la intervención conjunta de ambos sectores.

La fiscal León advirtió que aceptar los pagos crearía un “mercado de impunidad”. Sostuvo que tal mecanismo beneficia solo a quienes poseen recursos económicos, lo que quiebra la igualdad ante la ley y erosiona la confianza pública. En su voto particular, el juez Castelli recordó que la Constitución Nacional establece la imprescriptibilidad de los delitos dolosos graves contra el Estado que implican enriquecimiento.

Los empresarios y ex funcionarios que hicieron esta oferta son: Roberto Juan Orazi, Jorge Juan Mauricio Balan, Miguel Aznar, Osvaldo De Sousa, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Pablo José Gutiérrez, Adrian Pascucci, Mauricio Pascucci, Mario Ludovico Rovella, Patricio Gerbi, Hugo Dragonetti, Juan Manuel Collazo, Ernesto Clarens, Alberto Taselli, Carlos Daniel Román, Carlos Eduardo Arroyo, Julio José Paolini, Ángelo Jorge Antonio Calcaterra y Héctor Javier Sánchez Caballero.

También recurrieron a este mecanismo de extinción de la acción penal Santiago Altieri, Jorge Sergio Benolol, Oscar Abel Sansiñela, Guillermo Escolar, Juan José Luciano, Gabriel Pedro Losi, Ricardo Scuncia, Aldo Benito Roggio, Daniel Claudio Pitón, Jorge Neira, Ricardo Repetti, Osvaldo Antenor Acosta, Benjamín Gabriel Romero, Rodolfo Armando Poblete, Enrique Menotti Pescarmona, Francisco Rubén Valenti, Walter Rodolfo Fagyas, Fabián Ezequiel García Ramón, Juan Carlos De Goycoechea, Arturo de Goycoechea, Mario Maxit, Claudio Glazman, Juan Manuel Abal Medina, Hugo Martín Larraburu, Alberto Ángel Padoán, Armando Roberto Losón, Luis Armani, Miguel Ángel Marconi, Hernán Camilo Cómez y Marcelo Marcuzzi. Todos deben pagar las costas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Hernán Capiello.