Coparticipación: para los constitucionalistas, Alberto Fernández puso en peligro la democracia y a sí mismo
Especialistas en derecho analizaron la negativa del Gobierno a acatar un fallo de la Corte y cuestionaron las consecuencias que puede generar
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LA NACION
La decisión del Gobierno de no acatar el fallo de la Corte Suprema que ordena restituirle fondos a la ciudad de Buenos Aires abrió, para especialistas en derecho constitucional, un grave choque entre dos poderes del Estado. La medida expone, según su mirada, al presidente Alberto Fernández.
El abogado Daniel Sabsay cuestionó que se ponga “en cuestión el cumplimiento o no de un fallo de la Corte”, una decisión que representa, según su opinión, el “incumplimiento” mismo de la Constitución y, en consecuencia, la “destrucción” de la República.
“[Alberto Fernández] desde el punto de vista del derecho penal es como un delincuente porque está claramente cometiendo delitos de desobediencia, abuso de los deberes de funcionario público y otros delitos que se suman, y que hacen de él un reo”, opinó Sabsay en declaraciones a LN+.
Sabsay tomó distancia de quienes sostienen que el mandatario comete delito de sedición -como la oposición-, aunque recalcó que “se expone a una situación realmente inédita”. No obstante, rechazó la estrategia del Gobierno recusar a los cuatro miembros del máximo tribunal.
“Esto no es una recusación. La recusación ocurre antes de que se dicte el fallo y es el tribunal que decide, si da lugar o no. Acá ya hubo fallo, lo que hay es desobediencia”, amplió Sabsay.
El abogado se refirió al planteo de la Ciudad y aseguró que su reclamo “no perjudica” a ninguna provincia, dado que surge del “reparto primario” entre la Nación y el gobierno porteño. En ese sentido, remarcó que, al tratarse de una cuestión de coparticipación, requiere de la “bilateralidad” y el acuerdo “de ambos”.
En esa línea, Sabsay cuestionó el decreto y la ley 27.606 -que dispuso el recorte de 3,5% a 1,4% al gobierno porteño- y afirmó que fue “absolutamente inconstitucional”, porque desconoció “el carácter de entidad territorial federada” de la ciudad de Buenos Aires.
“Paparruchada”
El abogado Diego Armesto se expresó en un sentido similar. “Lo que está sucediendo es que uno de los poderes del Estado desconoce el cumplimiento que tiene que llevar a cabo de una sentencia que está firme”, analizó en declaraciones a LN+.
Armesto inscribió la medida del Gobierno como un “atentado contra el orden democrático”, según lo previsto en el artículo 36 de la Constitución citando al jurista Germán Bidart Campos, especialista en “delitos constitucionales”. “Uno de ellos es cuando uno no acata los poderes constituidos”, expresó.
“Esto es una serie concatenada de desconocimientos de los fallos de la Corte Suprema. Si nos vamos una semanas atrás, el Senado no cumplió el fallo con respecto a Luis Juez”, recordó el abogado en alusión al conflicto abierto en relación al Consejo de la Magistratura.
A su vez, cuestionó en duros términos la decisión de recusar a los jueces. “Es una paparruchada, lo hacen porque creen que van a ganar tiempo para no cumplir”, indicó.
Por su parte, Roberto Gargarella asoció la ofensiva del Gobierno con el problema judicial de Cristina Kirchner y opinó que se trata de “un intento de aprovechar la volteada para pisar el acelerador contra el sistema judicial” ante las causas de la vicepresidenta.
Gargarella rechazó, en diálogo con TN, los argumentos del Gobierno y consideró que el fallo de la Corte de reponerle recursos coparticipables a la Ciudad “no es de imposible cumplimiento”. No obstante, aclaró que, en caso de que las condiciones económicas lo dificulten “podría hablarse” con los mismos jueces.
“El propio derecho lo dice claramente, es obvio. En este tipo de cuestiones, se sabe que si se van a sacar fondos a una provincia, no se puede hacer un acuerdo en la materia sin que la propia provincia lo acepte”, analizó el especialista.
“La política falló”
El abogado Andrés Gil Domínguez reconoció que la recusación que hará Fernández -un pedido de revocatoria “in extremis”- es un recurso creado por la “propia jurisprudencia de la Corte Suprema”, que tiene el respaldo de distintos doctrinarios en derecho.
“Se interpone contra una sentencia definitiva o contra una medida cautelar cuando uno considera que existe una situación de injusticia extrema, de una arbitrariedad manifiesta profunda o una situación de imposibilidad fáctica de poder cumplir con aquello que se manda”, explicó en C5N.
En este sentido, Gil Domínguez consignó que el Gobierno “está utilizando “recursos procesales, que se utilizan en cualquier proceso judicial, más allá del resultado definitivo”. No obstante, pronosticó un revés: “La Corte difícilmente acepte el recurso de reposición in extremis”.
Ante ese escenario, el Poder Ejecutivo tiene como opción, según Gil Domínguez, la posibilidad de discutir cómo se ejecuta el fallo pero ya no su contenido, “según las condiciones y circunstancias que pueda acreditar” a lo largo del proceso.
En su análisis del fallo de la Corte, el abogado planteó reparos al 2,95% de coparticipación que la Corte ordenó restituir, pese a que la Ciudad reclama 3,5% y la Casa Rosada sancionó una ley para que fuera 1,4%.
“El problema que tiene el fallo es que en ningún momento expresa las razones, los argumentos por las cuales se llega a este porcentaje, es un número que no está fundado. Es un serio defecto que puede ser atacado en un recurso in extremis”, analizó.
Para Gil Domínguez, en el fondo de la cuestión se incluye el porcentaje de coparticipación que le corresponde en general a la Ciudad, a cuyo cálculo debe sumársele la transferencia de los recursos por la Policía. “Para eso, 1,4% es muy poco, pero 3,5% es mucho”, opinó.
Y amplió: “La política falló. Habían arribado a un número de entre el 2,5% y el 2,6%, pero no quisieron a acordar y le dieron entonces a la Corte la oportunidad de decidir”.
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