Coronavirus en la Argentina: el nuevo contrato social de Alberto Fernández y Cristina Kirchner

El vértigo de la crisis sanitaria trastocó las tácitas normas de convivencia en la coalición peronista. Los primeros seis meses se le escurrieron de las manos a Alberto Fernández. El aterrizaje se comió el verano y el coronavirus se llevará el otoño. Los problemas que heredó siguen irresueltos, pero magnificados.

En los últimos días, el Presidente empezó a atender una preocupación en alza dentro de su grupo de confianza respecto de los prejuicios que alimenta el Gobierno sobre el rumbo que tomó la Argentina. El sesgo antiempresarial de ideas ventiladas desde el kirchnerismo duro, los llamados a "ser Venezuela de una vez"-por marginales que fueran sus impulsores- y el propio Fernández con su proclamada admiración al "modelo Insfrán" dejaron instalar la noción de que Cristina Kirchner impondría su sello en el manejo de la economía pospandemia.

Hay que "volver al principio" es la consigna. Aquello de que "la economía es territorio de Alberto". Eso supone a una Cristina Kirchner dedicada a sus obsesiones judiciales, a supervisar su bastión bonaerense y a tutelar el desarrollo de sus verdaderos herederos políticos.

Fernández se propone recuperar el perfil de los días felices (vistos en retrospectiva) de diciembre: el pragmático, defensor del equilibrio fiscal, que impulsa el crecimiento a partir de un arreglo inteligente de la deuda pública y de una relación positiva con el mundo empresarial. El proveedor de aquello que el kirchnerismo de Cristina no puede ofrecer.

No existe aún el plan detrás de esa construcción discursiva. Cuando vuelve a hablar de "un nuevo contrato social" entre los argentinos cuesta descifrar realmente a qué se refiere. La propia Cristina estrenó ese concepto en mayo de 2019, mientras la candidatura de Fernández era una secreta hipótesis disruptiva en su cabeza.

El nuevo contrato social al menos rige entre ellos. Fuentes cercanos a ambos explican que tanto el Presidente como la vice coincidieron en la necesidad de acomodar el mensaje que baja desde la Casa Rosada. Sobre todo, combatir el temor de una ofensiva estatizadora al amparo de la emergencia sanitaria.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, había advertido sobre la inconveniencia de airear sueños de expropiaciones, como el que expuso la diputada Fernanda Vallejos. El propio Fernández decidió desacreditarlo, después de 10 días de debate público. El "impuesto a la riqueza" de Máximo Kirchner y Carlos Heller quedó acotado, si alguna vez se presenta, a un tributo excepcional por única vez, para personas físicas y no empresas.

Esos ruidos complican la negociación de la deuda. En gran medida, lo que se discute es el valor al que los bonistas que entren al canje van a anotar los nuevos títulos en sus balances. Y eso va a estar influenciado por la percepción presente de lo que pasa en la Argentina.

"¿Con qué crecimiento futuro puede soñar el país si se combate a las empresas que lo pueden sacar adelante?", se pregunta el ejecutivo de uno de los fondos que negocian con el Gobierno. En esas oficinas miran posibles escenarios de recuperación tras el paso del virus: "Hay países que proyectan una salida rápida, en forma de V. El riesgo que afronta la Argentina es el ahogo de su sector productivo: ir hacia una L".

Arreglar la deuda es una meta vital de Fernández. La pandemia trastocó todo menos ese objetivo. Un default añadido a las penurias que vienen lo colocaría frente a un escenario que algunos en el oficialismo describen como "apocalíptico".

"Cristina lo tiene claro también", señala una fuente del Instituto Patria. Atentos al verticalismo que promueve la vicepresidenta, cabe esperar en lo inmediato un silencio pronunciado en temas económicos por parte de sus seguidores más fieles.

Si Guzmán tiene o no un programa para después de un eventual acuerdo con los bonistas, como amaga desde diciembre, es un secreto para pocos. Lo que se acordó en la cima del Frente de Todos es ordenar el mensaje en tres aspectos: el Gobierno no quiere el default, no pretende expropiar empresas y se propone desmantelar la maraña de cepos que hoy entorpece la producción y el comercio exterior. En la nebulosa quedan incógnitas como la forma en que se piensa contener la inflación, ante el ritmo exponencial de emisión para compensar la parálisis.

La reunión que mantuvo Fernández el miércoles con empresarios de primera línea fue el gesto más visible. Un día antes había compartido un acto con Paolo Rocca, de Techint, en lo que se interpretó como una silenciosa reconciliación después de haberlo atacado en público al principio de la cuarentena.

Hay otros movimientos menos explícitos. Los consejos de acercar posiciones con los empresarios habían llegado también desde sindicalistas. A ellos no les falla el termómetro. Sin empresas no hay trabajadores. En la CGT tienen marcado a fuego el 2001 y el mar de desempleados que creó esa competencia que hoy les disputa poder: las organizaciones sociales.

Fernández recibirá en la semana a Héctor Daer y una delegación de gremialistas. Muchos de ellos asumen que la tan denostada reforma laboral se va a instaurar de hecho por culpa del coronavirus. Armando Cavalieri –testigo del derrumbe del tejido comercial- lo dice ya en público a quien quiera oírlo.

Espera en el horizonte el desafío de la reforma previsional. El intento de seguir manejando por decreto las subas de jubilaciones todo el año tiene que pasar el filtro del Congreso. Será una batalla difícil. No solo por la queja de la oposición, si no por las batallas internas. ¿Puede el Estado ir hacia un modelo fiscal sustentable sin revisar el área que se lleva la mayor parte del presupuesto? No es lo mismo lo que respondería el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, o la directora de la Anses, la camporista Fernanda Raverta. ¿Qué piensa Fernández? Misterio.

El reparto de roles no implica un retroceso de Cristina Kirchner. Más activa que nunca desde que regresó al poder –ya sin el stress de sus viajes a Cuba para ver a su hija Florencia-, se concentra en demoler las causas judiciales en su contra y en promover otras contra Mauricio Macri y su entorno. Se ilusiona también en participar de una reconstrucción de los tribunales. La "democratizacón de la Justicia" por otras vías acaso asome detrás del proyecto de reforma que elabora la ministra Marcela Losardo.

El Gobierno la asiste: desde las denuncias de espionaje hasta las maniobras para cascotear las investigaciones por corrupción cuentan con el apoyo explícito del Presidente. Tiene un doble incentivo Fernández. Uno, lógicamente, pasa por mantener la paz en su coalición. El otro responde al interés de partir a la oposición. El juego de denunciar a Macri y abrazarse con Horacio Rodríguez Larreta está poniendo una tensión significativa en Juntos por el Cambio.

La vicepresidenta se involucra también en la gestión sanitaria del conurbano. Habla a menudo con los intendentes (estuvo muy atenta al caso de la Villa Azul, que complica a dos de sus favoritos, Jorge Ferraresi –Avellaneda- y Mayra Mendoza –Quilmes). Axel Kicillof consulta con ella antes de dar pasos relevantes. Los extensos discursos del gobernador responden en muchas ocasiones a conceptos elaborados durante las charlas con su promotora. Sergio Berni es la terminal de Cristina en "el mundo real", libre de ataduras ideológicas.

El pánico a una explosión de contagios en la Argentina más abandonada no cede. Pero después de 80 días surrealistas, los convivientes del poder coinciden en que se necesita una gestión política más sofisticada que la confortable inercia del "quedate en casa".

Por Martín Rodríguez Yebra

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