Denunciaron a Kicillof y al titular del IOMA por presuntos desmanejos en la obra social
Un concejal electo por La Libertad Avanza pidió investigar al gobernador y a Homero Giles por delitos que van desde administración fraudulenta agravada hasta asociación ilícita; sostuvo que el ente es objeto de una “captura política” por parte del kirchnerismo
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LA NACIONJavier Fuego Simondet
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), Homero Giles, fueron denunciados por un concejal de Esteban Echeverría electo por La Libertad Avanza debido a una serie de supuestos delitos en la administración de la obra social provincial. El denunciante es el abogado Marcelo Mazzeo. Pidió a la Justicia Federal de La Plata que se investigue a los funcionarios por “administración fraudulenta agravada, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita”.
En la denuncia de Mazzeo, a la que tuvo acceso LA NACION, se sostuvo que en el IOMA existe un “colapso sanitario, desfinanciamiento y violación del derecho a la salud”, porque el sistema de prestaciones médicas “atraviesa una crisis estructural que excede la mera deficiencia administrativa y se traduce en una violación sistemática del derecho a la salud”. Se puntualizó que “las entidades médicas Femeba, Fenecon y Fremebo han denunciado de manera reiterada la falta de pago de honorarios, demoras superiores a 90 días, aranceles desactualizados y suspensión de tratamientos”.
“La inacción del IOMA frente a miles de afiliados que no acceden a tratamientos oncológicos, prótesis o medicación crónica constituye un incumplimiento funcional doloso”, se indicó en la denuncia de Mazzeo, quien en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre encabezó la boleta de La Libertad Avanza en Esteban Echeverría, e intervino como abogado en casos de impacto mediático como el del asesinato de Érica Soriano, en el que representó a la familia de la víctima y fue condenado Daniel Lagostena, pareja de la joven.
En la denuncia presentada, se afirmó que el IOMA es objeto de “captura política y vaciamiento institucional” y se argumenta que su uso “como caja política o instrumento de propaganda implica una desviación de poder funcional y un fraude a la administración pública”.
La conducción del IOMA, a cargo de Giles, un médico que integra La Cámpora, está bajo cuestionamientos permanentes desde hace años. Legisladores como Maricel Etchecoin, Luciano Bugallo, Romina Braga (de la Coalición Cívica), Fernando Rovello (Pro), o Ariel Bordaisco (UCR), son algunos de los que han pedido que Giles brinde explicaciones en la Legislatura y extendieron reclamos también a Kicillof.
Mazzeo planteó en su denuncia que existe una “afiliación compulsiva y extorsión institucional” en el IOMA, porque se inscribe a “empleados municipales y provinciales, incluso contra su voluntad, bajo la amenaza de pérdida de cobertura o de imposibilidad de acceder a prestaciones médicas”. Afirmó que esa actitud constituye un “abuso de poder”.
Entre otros puntos, aseveró que las autoridades no rinden cuentas, porque “la Legislatura bonaerense ha requerido en múltiples oportunidades la presencia del Dr. Giles para ser interpelado por la situación del IOMA”, pero “el funcionario ha omitido responder, desoyendo pedidos formales de los diputados Fernando Rovello (Pro), Luciano Bugallo (Coalición Cívica) y del senador Ariel Bordaisco (UCR)”. Esa negativa, según el denunciante, “configura una conducta de insubordinación institucional”.
Otro de los puntos denunciados por el edil libertario electo es una “intermediación privada irregular y conflicto de intereses” por “la creación de la Asociación Civil de Establecimientos Ambulatorios y Policonsultorios Privados, que actúa como intermediaria entre el IOMA y los prestadores médicos”. Señaló que “constituye un esquema de intermediación ilícita” porque “esta estructura, encabezada por Silvina Fontana, quien también dirige RM Salud SRL, presenta una incompatibilidad directa de intereses, al percibir fondos públicos para financiar policonsultorios de su propia empresa”.
“El gobernador Axel Kicillof, en su condición de máxima autoridad del Poder Ejecutivo provincial, tiene la obligación legal y constitucional de controlar el accionar de los organismos autárquicos bajo su órbita. Su omisión reiterada de supervisar, investigar o corregir las irregularidades del IOMA configura responsabilidad penal por omisión funcional y responsabilidad política agravada”, concluyó Mazzeo, quien, entre otros puntos, solicitó que la Justicia disponga allanamientos en el IOMA y en el Ministerio de Salud provincial, que conduce Nicolás Kreplak.
“Para el caso de que la presente denuncia fuera sorteada y recayere en el Juzgado Federal de La Plata a cargo de un magistrado que mantenga vínculo de parentesco, afinidad o relación funcional directa con el actual ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Nicolás Kreplak, solicito su recusación y se disponga su apartamiento inmediato de la causa”, advirtió Mazzeo, en referencia a la posibilidad de que la investigación recaiga en el juzgado de Ernesto Kreplak, hermano del ministro, que está al frente del Juzgado Federal Nº3 de La Plata.
LA NACION consultó al gobierno provincial, desde el que indicaron que no habían recibido ninguna notificación sobre esta denuncia. Así lo indicaron fuentes de máxima confianza del gobernador Kicillof y del ministro Kreplak. Desde la cartera de Salud provincial, agregaron que, “por lo que se conoció a través de las versiones periodísticas, la presentación detalla supuestas consideraciones de carácter político, genéricas y sin base en ningún hecho o situación puntual”. Consideraron que otros planteos hechos por el denunciante “deberían ser descartados de hecho, en función de la propia ley que regula el IOMA”.
Según pudo saber LA NACION, luego de la presentación la denuncia pasó a fiscalía para que dictamine si la Justicia Federal es competente o no en el caso.
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