Diputados acelera la reforma de los DNU y pone en jaque una de las principales herramientas de gobierno de Milei
Con dictamen previsto para la semana próxima, la oposición busca derogar la “sanción ficta”, definir plazos y prohibir decretos ómnibus; el oficialismo denuncia una maniobra “desestabilizadora”
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La oposición en Diputados abrió hoy el debate de un proyecto que busca recortar de manera sustancial la posibilidad de que el Poder Ejecutivo gobierne por decreto. La iniciativa, que tiene media sanción del Senado, se dictaminará la semana próxima y quedará lista para llegar al recinto de la Cámara baja. Si se sanciona, podría significar un revés sensible para Javier Milei, que en minoría parlamentaria se apoyó en esta herramienta para defender su gestión.
El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales -presidida por el libertario Nicolás Mayoraz- y de Peticiones, Poderes y Reglamento, a cargo de la macrista Silvia Lospennato, fue convocado tras el emplazamiento opositor aprobado en la última sesión, luego de que el oficialismo se negara a habilitar la discusión. Para los libertarios y sus aliados, el avance opositor es algo más que un debate institucional: lo califican como una maniobra “destituyente” que busca restarle margen de acción al Presidente.
Mayoraz abrió la discusión recordando que el recinto fijó el 30 de septiembre como fecha límite para dictaminar. Mónica Litza, de Unión por la Patria, defendió la reforma como un paso en la línea de limitar el presidencialismo y recordó que la ley 26.122, impulsada en 2006, creó un sistema de control que terminó convertido en la regla para este gobierno. “A este Gobierno no le gustan los consensos y no se toma el trabajo de armarlos”, advirtió.
Christian Castillo, del Frente de Izquierda, fue aún más directo: denunció que Milei ejerce “atributos de monarca sin corona” y desconoce al Congreso al aplicar normas por decreto.
Desde el Pro aparecieron miradas encontradas. Patricia Vásquez, aliada al oficialismo, acusó a la oposición de hipocresía y recordó que el kirchnerismo se benefició con la ley y que Alberto Fernández dictó 178 DNU sin mayor cuestionamiento. Defendió la excepcionalidad de la herramienta, prevista en la Constitución del 94, y cuestionó a quienes -según dijo- buscan limitar las facultades de un presidente electo.
En contraste, Silvia Lospennato se desmarcó con fuerza de sus pares. Reafirmó que la ley 26.122 fue inconstitucional desde su sanción y recordó que el Pro presentó una docena de proyectos para modificarla desde 2008. Citó al exsenador Federico Pinedo para subrayar que “no puede ser más fácil aprobar un decreto que una ley”. Denunció la “hipocresía” de quienes hoy “lloran república” tras haber defendido el sistema cuando les resultaba funcional y, en un tiro por elevación hacia su propio bloque, aseguró que sostendrá la coherencia que mantuvo su partido durante las últimas dos décadas.
La respuesta vino de Silvana Giudici, otra diputada del Pro pero aliada al Gobierno. Advirtió que no se puede analizar la reforma fuera del contexto político: “No es lo mismo un gobierno con mayoría propia que uno en minoría”. Señaló que el Congreso ya rechazó cinco DNU y dos vetos presidenciales, prueba -según dijo- de la buena salud institucional, y sugirió que una modificación de este alcance debería discutirse en otro momento, no en plena campaña electoral.
Rodrigo De Loredo, jefe de la UCR, introdujo un planteo más teórico. Citó a John Rawls y defendió la necesidad de reglas universales, aplicables a todos por igual. Consideró “antijurídico” aplicar un estándar de exigencia solo a un gobierno débil en el Congreso, cuando otros con mayor poder actuaron con laxitud. “Es preferible una norma imperfecta aplicada universalmente que una perfecta aplicada de manera discrecional”, sostuvo, aunque advirtió que una praxis “arbitraria e inequitativa” puede volverse “desestabilizadora” y, paradójicamente, servirle al propio Gobierno como excusa para eludir sus errores.
Francisco Monti, radical de la Liga del Interior y aliado al oficialismo, también se mostró en contra de la reforma. Argumentó que los decretos, aunque no sean leyes, tienen efectos idénticos y no pueden caer por la mera inacción legislativa. Alertó, además, que aprobar el cambio equivaldría a “entregarle el monopolio legislativo al PJ”, dado que el Senado está bajo su control desde 1983.
El cierre estuvo a cargo de Germán Martínez, jefe de Unión por la Patria. Denunció la falta de coherencia de los bloques opositores y recordó que en el Senado votaron a favor nueve radicales y cinco legisladores del Pro. Recalcó, además, que nunca hubo un decreto tan abarcativo y polémico como el DNU 70/2023.
El proyecto
El proyecto modifica la ley 26.122, que fijó la regla de la “sanción ficta”: si el Congreso no se pronuncia, el decreto queda automáticamente convalidado. Para derogarlo se requiere el rechazo de ambas cámaras, lo que en los hechos facilita su vigencia.
La nueva redacción invierte el esquema. Se propone la eliminación, la sanción ficta y se establece un plazo de 90 días para que ambas cámaras ratifiquen un DNU; si no lo hacen, queda derogado de manera automática.
También bastará con que una sola cámara lo rechace para dejarlo sin efecto, y el mismo criterio regirá para los decretos dictados en virtud de delegaciones legislativas.
El texto introduce más límites: prohíbe los decretos ómnibus, como el DNU 70/23, y obliga a que cada norma se limite a un único tema.
Además, habilita al Congreso a sesionar durante el receso de verano para tratarlos, aun sin convocatoria a extraordinarias, y replica la regla de las leyes: el Ejecutivo no podrá emitir un decreto de similares características sobre la misma materia hasta el inicio del siguiente período legislativo, el 1° de marzo.
La iniciativa fue aprobada en el Senado por 56 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, gracias al apoyo de casi todo el arco opositor. Solo el oficialismo y la bulrrichista Carmen Álvarez Rivero (Pro) votaron en contra. Los provinciales de Misiones se abstuvieron.
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