Diputados: la oposición desafía la amenaza de veto del Gobierno y buscará mejorar jubilaciones y prestaciones por discapacidad
Se confirmó la sesión especial para este miércoles; Martín Menem advirtió que el costo fiscal de este paquete sería de US$ 12.000 millones
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LA NACIONLaura Serra
Pese a las amenazas de veto de por parte del Poder Ejecutivo, la oposición en la Cámara de Diputados insistirá pasado mañana en una nueva sesión especial con un temario que incomoda, y mucho, al oficialismo. Contempla un aumento excepcional de las jubilaciones y un nuevo sistema para suplantar la moratoria previsional. Además, se incluyó la declaración de emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027.
En la sesión, convocada por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, los opositores también pretenden llevar al recinto las iniciativas que proponen declarar la emergencia en los distritos de la provincia de Buenos Aires afectados por las inundaciones del 16, 17 y 18 de mayo pasado. Además, buscarán emplazar a los presidentes de Educación y de Presupuesto –ambas comandadas por el oficialismo- para que se avance en una nueva ley de financiamiento universitario, iniciativa que promueven los rectores de todo el país.
Será la segunda vez que la oposición intentará avanzar con este temario; hace dos semanas fracasaron por falta de quorum en el recinto –se sentaron 124 diputados en sus bancas, cinco menos de los necesarios para abrir el debate-, pero en esta oportunidad esperan alcanzar el objetivo. Creen que el clima social de los últimos días, marcado por la masiva y emotiva marcha que protagonizaron las organizaciones y familiares de personas con discapacidad y el conflicto salarial en el Hospital Garrahan -tema que la oposición también buscará colar en el debate-, podría ser un factor disuasorio que lleve al recinto a quienes, hace dos semanas, pegaron el faltazo.
Por de pronto, el bloque de La Libertad Avanza y sus aliados de Pro no solo no darán quorum sino que ya pusieron en marcha el operativo para hacer caer la sesión.
El primer puntapié lo dio el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuando advirtió que si la oposición logra convertir en ley los proyectos sobre jubilaciones y discapacidad el impacto fiscal será de US$ 12.000 millones.
“Una vez más, el kirchnerismo con sus actuales aliados, que hasta ayer eran enemigos íntimos, proponen con falsa demagogia y total irresponsabilidad una sesión que costaría más de 12.000 millones de dólares, o el 1,8% del PBI -escribió Menem en su cuenta de X (ex Twitter)-. Se esconden detrás de causas nobles con el fin de romper el equilibrio fiscal que tanto nos costó”.
Los opositores buscarán relativizar las acusaciones del oficialismo y su advertencia sobre el impacto fiscal de los proyectos con las cifras que publicó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). A pedido de los legisladores, este organismo técnico hizo una estimación sobre cuánto le costaría al Estado si los proyectos sobre jubilaciones y discapacidad fuesen aprobados por el Congreso.
Sobre jubilaciones hay dos ejes en discusión. Un primer lote de iniciativas proponen actualizar el bono de $70.000 (congelado desde marzo pasado) y otorgar un aumento por única vez del 7,2% en todas las escalas (por la inflación de enero de 2024 no reconocida por el Gobierno).
Sobre estos proyectos, la OPC precisó que si el valor del bono que refuerza los haberes mínimos subiera de $70.000 por mes a $105.000 a partir de junio, el costo fiscal sería, anualizado, del 0,23% del PIB. Si subiese a $115.000 el costo anualizado sería del 0,30% del PIB. El informe no incluyó el aumento excepcional del 7,2%.
El otro eje de discusión sobre el tema jubilaciones tiene que ver con el vencimiento de la moratoria previsional, sistema que permitía que personas en edad de jubilarse pudieran hacerlo aunque no hayan completado los 30 años de aporte. Se trata de un universo de trabajadores que, por distintas circunstancias -en su mayoría, por haberse desempeñado en la informalidad laboral-, no pueden acceder a una jubilación del régimen general porque no alcanzaron a cubrir todos los años de aportes que exige la ley.
El kirchnerismo propone prorrogar por dos años más la moratoria. Según la OPC, esta iniciativa, de aprobarse, tendría un costo del 0,084% del PBI para el primer año y del 0,081% para el segundo, totalizando un impacto fiscal acumulado de 0,165% del PBI.
El resto de los bloques opositores -incluido un sector de Pro- proponen, en cambio, suplantar la moratoria con un sistema de aportes proporcionales, aunque difieren en su aplicación. La OPC tampoco midió este proyecto.
Discapacidad: una polémica que crece
Sobre el proyecto que declara la emergencia en discapacidad -que contempla, en el dictamen de mayoría, el financiamiento adecuado de las pensiones no contributivas, el fortalecimiento de los prestadores, la actualización de los nomencladores y el presupuesto sostenido de la ANDIS-, el Ministerio de Economía precisó que su impacto sería del 0,3% del PBI.
Por su parte, la OPC estimó un gasto de entre el 0,22% y el 0,42% del PIB, dependiendo del escenario considerado, para ese proyecto.
Lo cierto es que, más allá del impacto fiscal de los proyectos, la situación actual de las personas con discapacidad promete desatar una fuerte polémica en el recinto, si finalmente la oposición consigue quorum. Los dardos apuntarán contra el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. El diputado Maximiliano Ferraro (CC) reclamó su renuncia.
Desde el Gobierno ya se anticipó que no convalidarán la implementación efectiva de ninguno los proyectos promovidos por la oposición, y están dispuestos en ese sentido a vetarlos si se convierten en ley.
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