Diputados: media sanción al proyecto que suspende por una década los desalojos en barrios populares
Se trata de una reforma al Registro Nacional (Renabap) sancionado en 2018; en la actualidad, el hay 5687 barrios populares en todo el país
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LA NACIONLaura Serra
Con el apoyo abrumador de oficialistas y opositores, la Cámara de Diputados dio media sanción esta tarde al proyecto que amplía los alcances de la ley que instrumentó el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) con el propósito de prorrogar, por 10 años, la suspensión de los desalojos e incrementar en 1271 el número de barrios populares en el registro.
La iniciativa se aprobó con 227 votos positivos mientras que dos diputados votaron en contra -Carolina Píparo (La Libertad Avanza) y Francisco Sánchez (Pro)- y tres se abstuvieron (Gustavo Hein y Marilú Quirós, de Pro, y Carlos Zapata, de Ahora Patria). Propone modificar la ley 27.453, que se sancionó en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, la cual tenía el objetivo de registrar los bienes inmuebles donde se asientan los barrios populares, las construcciones existentes en dichos barrios y los datos de las personas que habitan en ellas con el propósito de desarrollar políticas públicas habitacionales inclusivas. Asimismo, dispuso suspender los desalojos por cuatro años, plazo que se vence el 15 de este mes.
Ante la inminencia del vencimiento de este plazo, la Cámara de Diputados avanzó en una reforma de la ley que, además de prorrogar la suspensión de los desalojos, propone incorporar 1271 barrios populares al registro como así también establecer mecanismos para agilizar los procedimientos administrativos, entablar procesos de urbanización más completos e instrumentar mejoras en el acceso a los servicios públicos.
El autor del proyecto, el oficialista Federico Fagioli, quien habita en un barrio popular, relató su experiencia personal al confesar que tiempo atrás vivió en una casa de nylon y luego en una vivienda hecha con machimbre y cartón. “Hoy por suerte tengo la posibilidad de vivir en mejores condiciones porque mi barrio fue progresando”, sostuvo, e invitó a sus pares a reflexionar sobre “el sacrificio que viven las familias que viven absolutamente excluidas de todo”.
“Estar tratando esta ley es muy importante porque sabemos lo que significan estos cambios en los barrios populares -sostuvo, por su parte, la diputada oficialista Natalia Zaracho, encargada de cerrar el debate-. Tenemos muchas diferencias políticas, pero cuando ponemos por delante el sufrimiento el pueblo salen cosas importantes y podemos trabajar en cosas concretas”.
Datos oficiales
Según los datos recopilados por el ReNaBaP, en la actualidad existen 5687 barrios populares donde viven 1.168.731 familias, unas cinco millones de personas bajo diferentes grados de precariedad y hacinamiento. La mayoría no cuenta con redes de agua corriente, gas natural, energía eléctrica y cloacas.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialista Lucas Godoy, explicó los alcances de esta iniciativa y precisó que, además de prorrogar la suspensión de los desalojos y ampliar el listado de barrios populares, el proyecto propone declarar la emergencia socio sanitaria y ambiental en los barrios identificados por el ReNaBaP por dos años a los fines de agilizar los distintos procedimientos administrativos. Además, la reforma incorpora la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de la vivienda y una asignación específica al destino de los fondos, precisó.
Desde Juntos por el Cambio, el radical Fabio Quetglas sostuvo que la ley que instrumentó el registro de barrios populares ha tenido “una importancia crucial en la historia urbana territorial de la Argentina”.
“Hasta el ReNaBaP intuíamos como era la situación (de los barrios populares). Hoy sabemos que cinco millones de argentinos y argentinas viven en la informalidad urbana. Y esto no correlaciona sólo con la pobreza, sino también con la falta de crédito. No hay hábitat popular de calidad sin crédito y sin moneda no hay crédito –sostuvo–. Esto es muy importante que lo tratemos porque, si de verdad, queremos resolver la situación de hábitat popular vamos a tener que dedicar un capítulo a nuestra disciplina fiscal y monetaria”.
Por su parte, el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, sostuvo que esta iniciativa “es una prueba cabal de que la integración socio urbana debe convertirse en una política de Estado en nuestro país”. “Como tal, debe ser sostenida en el tiempo y estar exenta de cualquier tipo de mezquindad y coyuntura política”, enfatizó.
El interbloque Federal, en la voz del cordobés Carlos Gutiérrez, también votó a favor. “Estas políticas de Estado hay que reivindicarlas porque se muestran tales cuando hay continuidad, cuando resisten incluso las necedades de algunos que pretenden cuestionarlas, cuando muestran su fortaleza en resolver algunos de los problemas, en este caso de tantos millones de argentinos que padecen la situación de pobreza e indignidad”, sostuvo.
Innovación tecnológica
Posteriormente, y también por amplia mayoría, la Cámara baja dio media sanción al proyecto de ley que modifica la ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica con el propósito de potenciar los créditos fiscales que la norma destina a pequeñas y medianas empresas vinculadas a la investigación, el desarrollo y la innovación científico-tecnológica.
La iniciativa se aprobó con 223 votos a favor, mientras que 3 diputados -del Frente de Izquierda- votaron en contra.
“Es un tema trascendente para que el país pueda seguir desarrollando una cuestión que es fundamental, que es la cuestión tecnológica, para poder acortar la brecha que nos separa de los países centrales y desarrollados”. enfatizó el diputado Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto.
En el mismo sentido el radical Facundo Manes, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, exaltó la importancia de la iniciativa.
La sesión transcurrió sin mayores contrapuntos entre el oficialismo y la oposición. De hecho, la mayoría de las iniciativas contempladas en el temario se aprobaron con amplia mayoría. El único momento en que marcaron diferencias fue cuando la diputada Mariana Zuvic, de la Coalición Cívica, propuso incorporar al temario un proyecto de declaración en el que cuestionó que la Argentina se abstuviera en la votación de la ONU en el debate sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por China contra la minoría musulmana de los uigures.
“La Argentina tiene temor por condenar lo obvio. En China existen campos de concentración y de detención de minorías, especialmente musulmanas, en los que se cometen las atrocidades reflejadas en el informe -fustigó Zuvic-. En los cuatro gobiernos kirchneristas ha sido clara la preferencia por las inversiones chinas. Este gobierno ha convertido la defensa de los derechos humanos en un tarifario en yuanes”.
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