Diputados: un sector de la oposición avanzó con el dictamen para limitar el uso de los DNU

Los bloques más duros de la oposición en la Cámara de Diputados dictaminaron esta tarde sobre la reforma del régimen de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo con el propósito de empoderar al Congreso en la regulación de estos instrumentos. Si bien este paso constituyó un revés para el oficialismo, un mosaico de bloques opositores “dialoguistas” prefirió no suscribir la iniciativa a la espera de su debate en el recinto, que por ahora no tiene fecha.

El dictamen de mayoría, que obtuvo 35 avales, se firmó en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento. Tiene como base la media sanción del Senado y fue suscripto por los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre.

En solitario, Juan Manuel López (Coalición Cívica) presentó un dictamen propio, mientras que el oficialismo firmó en rechazo, es decir, a favor de preservar la ley 26.122 actual que impulsó en 2006 la entonces senadora Cristina Kirchner.

En medio de la grieta, los bloques de Pro –aliado de los libertarios- como el radicalismo, la Liga del Interior –que nuclea a los radicales afines al oficialismo- y los diputados provinciales de Innovación Federal prefirieron no pronunciarse. Se guardarán hasta la discusión en el recinto; saben que esta norma, de aprobarse, sería una estocada letal para el gobierno de Javier Milei y, por tal motivo, no quieren quemar antes de tiempo una carta que bien les podría servir para condicionar futuras negociaciones con el Gobierno.

Uno de los puntos clave de la reforma aprobada por el Senado es el que propone eliminar la llamada “sanción ficta”, esto es, la convalidación automática de los DNU si el Congreso no se pronuncia al respecto. La iniciativa, más estricta, establece un plazo de 90 días corridos para que ambas cámaras ratifiquen un DNU; si no lo hacen en ese plazo, queda derogado. Asimismo, establece que bastará con que una sola cámara lo rechace para dejarlo sin efecto; la norma actual exige el rechazo de las dos cámaras.

Así planteada, la iniciativa le arrebataría al gobierno de Milei una de sus herramientas fundamentales de gestión, los DNU. De allí la preocupación de la Casa Rosada y la desesperación de sus principales lugartenientes por disuadir a los gobernadores y legisladores más cercanos a que no acompañen a la oposición más dura en su ofensiva. Si bien no se pudo evitar el dictamen, al menos se logró una tregua y no acelerar los tiempos para su tratamiento en el recinto, que todavía no tiene fecha.

El oficialismo, en la voz del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, calificó de “inconstitucional y desestabilizador” el proyecto con media sanción del Senado.

“Este dictamen busca hacerle un daño institucional al gobierno de Javier Milei. Bienvenido el debate de esta ley, pero lo que pretende hacer la oposición es inconstitucional: controlar desde el Congreso la facultad que tiene el presidente de dictar DNU, convirtiendo en letra muerta el artículo 99 inciso 3”, sostuvo.

Desde la vereda contraria, tanto Esteban Paulón, como Pablo Juliano, Margarita Stolbizer y Christian Castillo advirtieron sobre los rasgos hiperpresidencialistas de la gestión de Milei.

“La ley que está actualmente en vigencia afecta seriamente nuestro principio republicano. Esta reforma es imperiosa y urgente”, planteó Stolbizer.

El diputado López, por su parte, planteó una alternativa al proyecto venido del Senado: propuso eliminar el plazo de 90 días que se estableció para que el Congreso se pronuncie sobre un decreto; en cambio, se mostró a favor de que el rechazo de una de las cámaras debería dejar sin efecto el DNU.

“Es la solución más deseable para una primera etapa de reforma de la ley”, sostuvo.

Por Laura Serra

• Cámara de Diputados

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