Dos contadoras revelaron que Toviggino concentraba la información impositiva y daba las órdenes de pago
Declararon en la causa que derivó en el llamado a indagatoria de los jerarcas de la AFA; cuál era el rol de Claudio “Chiqui” Tapia y otros dirigentes
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LA NACIONNicolás Pizzi
Dos contadoras que trabajan para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) declararon ante la Justicia que el tesorero Pablo Toviggino concentraba toda la información impositiva vinculada a la entidad y que daba las órdenes para ejecutar los pagos. Esos testimonios fueron valorados por el juez Diego Amarante al momento de citar a indagatoria a los jerarcas de la AFA, a los que acusa haber retenido aportes previsionales y haber evadido el pago de impuestos por más de $19.300 millones.
Una de las contadoras que declaró como testigo es Mónica Bouvet, a cargo de la gerencia de Administración y Control de la AFA. Ante la Justicia aseguró que las declaraciones juradas vinculadas a las percepciones del decreto 510/2023 (que estableció el régimen previsional de los clubes) se elaboran en su área y que luego ella misma informa “por mail” a Toviggino sobre los vencimientos.
“Todos los vencimientos son informados vía mail y después le mando un cuadro con la deuda acumulada, cuando lo solicita o como recordatorio, y el me transmite la instrucción de pagar, con la cual generamos los Vep, los puedo generar yo o alguien de mi oficina”, explicó Bouvet. Luego de eso, el tesorero daba la instrucción de pago, siempre de manera “verbal”, personal o telefónica. Y finalmente intervenía el área de Finanzas de la AFA, que debía ratificar “la instrucción” con el tesorero.
“Yo desconozco quién toma las decisiones, sólo puedo decir que las instrucciones de pago de lo impositivo y retenciones y percepciones relacionados al decreto 510, las transmite el tesorero”, detalló Bouvet hace una semana.
La otra contadora que declaró como testigo, Paula Méndez, ratificó que Toviggino es el responsable del control económico de la AFA y explicó que el presidente, Claudio “Chiqui” Tapia se encarga de firmar los estados contables y además es el administrador de la clave fiscal de la entidad.
“Recibida la orden del tesorero respecto de qué obligaciones van a ser abonadas, nosotros generamos el volante electrónico de Pago, la doctora Bouvet informa a Finanzas que está el VEP para su pago y entiendo que finanzas vuelve a ratificar la orden de pago con el tesorero”, explicó Méndez como testigo.
Los abogados de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Matías Alejo Gentile Brezigar y Felicitas Achábal, plantearon ayer que más allá del rol central de Toviggino, todos los dirigentes que integran la “mesa chica” de la AFA tenían conocimiento de la situación financiera y por lo tanto algún grado de responsabilidad penal. Ahí aparecen Cristian Malaspina (secretario general desde 2025), Gustavo Lorenzo (director general), y Víctor Blanco Rodríguez (secretario general hasta 2025).
“Todos ellos estaban vinculados a las cuentas que la entidad poseía en el Banco Credicoop (cuentas que siempre utiliza la contribuyente para el pago de los veps)”, resaltaron los abogados de ARCA al momento de pedir las indagatorias.
Según un informe de esa entidad, aportado al expediente el 13 de enero, para firmar cheques o disponer de los fondos de la AFA, era indispensable la firma conjunta de tres de los integrantes de la “mesa chica”.
El juez en lo penal económico Diego Amarante ordenó ayer las indagatorias de Tapia, Toviggino y otros tres directivos. Todos deberán declarar entre el 5 y el 9 de marzo en los tribunales de la avenida Inmigrantes.
Según la denuncia de ARCA, presentada a fines de diciembre, hubo un total de $7.593.903.512,23 en obligaciones que no fueron depositadas en tiempo y forma, dividido en dos rubros: retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social. Luego el organismos recaudado amplió la denuncia y sumó otros $11.759.643.331,62. El total bajo investigación supera los $19.300 millones.
Además de citarlos a indagatoria, el juez les prohibió de salida del país por “la gravedad de los hechos investigados” y “la severidad de la pena” que podría corresponderle”. En este caso, el delito está regulado por los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario, que prevén penas de prisión de entre 2 y 6 años.
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