El curioso comunicado de Sandra Pettovello que aclara que Discapacidad y PAMI no dependen de Capital Humano
La aclaración se da mientras avanza una causa judicial por la presunta facturación de prestaciones inexistentes en la cobertura médica de adultos mayores
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LA NACION
La ministra de Capital Humano Sandra Pettovello emitió un particular comunicado este miércoles para aclarar que tanto PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados) como el área de Discapacidad no dependen de su cartera sino de la de Salud, a cargo de Mario Lugones. La aclaración coincide con el avance de una causa por presunto fraude en la obra social para los jubilados.
“Toda información, consulta y gestión vinculada a dichas áreas corresponden ser canalizadas a través de las autoridades competentes de Salud”, especificó el breve texto que se difundió en la red social X.
Y remarcó: “El Ministerio de Capital Humano reafirma su compromiso con una comunicación precisa, con el objetivo de evitar confusiones y garantizar el correcto acceso a la información por parte de la ciudadanía”.
La precisión de Pettovello sobre las competencias institucionales se da en un momento en que la justicia investiga facturaciones inexistentes o infladas y coimas en filiales del PAMI del Gran Buenos Aires entre 2016 y 2020, tal como reveló LA NACION.
PAMI bajo la lupa
La Fiscalía Federal N.º 2 de San Isidro, a cargo de Fernando Domínguez, investiga una red de ex funcionarios y actores privados que, mediante una asociación ilícita, habría defraudado al Estado con prestaciones médicas inexistentes y lavado de dinero en diversas filiales del conurbano bonaerense.
PAMI realizó sus propias auditorías internas. A su vez, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado debe fijar las fechas de las indagatorias solicitadas por el fiscal Domínguez.
En el centro del esquema figuran los dos ex jefes del PAMI, Pablo Lera, en ese entonces director de la Unidad de Gestión Local (UGL) VIII de San Martín y Nicolás Siseles, asesor del organismo. Los otros imputados son los dueños de una empresa llamada Rophe S.A. (Benjamín Teitelbaum y Viviana Knhol) y el grupo familiar Cerezo (José, Alexis y Mónica Bertoni).
Los delitos imputados incluyen fraude a la administración pública, lavado de activos agravado, cohecho activo y pasivo e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Las auditorías revelaron inconsistencias en las historias clínicas analizadas. De una muestra de 188 casos sobre un universo de 2500, 23 expedientes presentaron irregularidades graves en la facturación de internaciones en UTI y UCO.
Se encontró que se facturaron camas de alta complejidad para pacientes que se encontraban en salas comunes o que ya habían sido dados de alta. Solo por este concepto de días de terapia intensiva facturados en exceso, el perjuicio estimado supera los $512 millones a valores de enero de 2026, cifra que se incrementa al sumar prácticas médicas infladas o ficticias.
Para sostener la operatoria, la estructura incluía el pago de retornos a funcionarios del PAMI. Estos pagos, que representaban entre el 3% y el 5% de la facturación, garantizaban la continuidad de los contratos, la falta de controles efectivos y la validación de las prestaciones cargadas. La existencia de estos pagos quedó registrada tanto en comunicaciones como en anotaciones contables informales.
El circuito se cerraba con el lavado de los fondos obtenidos. Para ello se utilizó una empresa de fachada, Rafael Arcángel S.R.L., a través de la cual se emitían facturas por servicios inexistentes para justificar el origen del dinero. También se incorporaban facturas apócrifas de otras firmas, con el objetivo de alimentar una caja paralela destinada tanto al pago de sobornos como al enriquecimiento de los integrantes de la estructura.
LA NACION
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