El drama de las personas que no pueden inscribirse al bono para indigentes: “Juegan con nosotros”

Lourdes tiene 49 años y está operada de un tumor maligno en la cabeza. “Mis posibilidades de conseguir trabajo son cero hoy en día, más con mi problema de salud“, comenta ante LA NACION esta mujer, quien en las últimas semanas intentó inscribirse al bono de $45.000 que comenzará a entregar la Anses, pero fue rechazada. Según dice, no fue la primera vez que pasó esa situación. “Me anoté varias veces para las ayudas que daba el Gobierno durante la pandemia y siempre me salió negativo”, se lamenta.

“Ya no sé qué más hacer para poder recibirlo”, continúa la mujer. Y relata su padecimiento: hace un año que se divorció del padre de su hija, un acontecimiento que la dejó sin la obra social que le permitía sostener económicamente su tratamiento de radioterapia. Sin embargo, pese a constatar ante la Anses que ya no cuenta con ese servicio, en el sistema sigue figurando que sí.

El caso de Lourdes no es una excepción. El comienzo de la implementación del “refuerzo alimentario” para personas bajo la línea de indigencia, que empezará a pagarse el próximo 14 de noviembre y consistirá en dos cuotas mensuales de $22.500, no estuvo exento de críticas por parte de las organizaciones sociales, cuyos dirigente hicieron hincapié en la “cantidad de restricciones” para conseguirlo.

Quienes completan los trámites reciben tres tipos de respuestas desde el sitio de la Anses: aprobado, rechazado o inscripto (en evaluación). Según estimaciones oficiales, ya existe un millón solicitantes. Menos de la mitad de los 2,5 millones de indigentes que hay en el país, según el Indec. Pero aún se desconoce un dato central: cuántos quedaron afuera del beneficio pese a haber aplicado.

Son rechazados quienes tengan registrados rodados (autos y motos que tengan menos de 10 años de antigüedad); inmuebles; plazos fijos y bonos en los últimos seis meses y compras en moneda extranjera en los últimos seis. Pero también otras situaciones que generaron cuestionamientos de las organizaciones sociales: quedan fuera del beneficio quienes hayan registrado consumos de tarjeta de crédito o débito en los últimos dos meses, acreditación en cuentas bancarias en los últimos dos meses, una obra social o prepaga.

“Se hicieron dispositivos de inscripción en todos los barrios, localidades y provincias, pero fue realmente muy difícil”, describen desde las filas de esas agrupaciones que caminan el territorio. Sus militantes fueron testigo de cómo muchas de las personas que intentaron acceder al beneficio otorgado por el Estado se acercaban sin disimular su angustia a los locales barriales para quejarse de que fueron rechazadas por el sistema, aún incluso contando con los papeles que darían por certificada su condición.

“Inicié un montón de trámites y siempre me salió que por tener obra social no me daban ayuda, pese a demostrar que estoy divorciada y que no tengo ningún trabajo. Es un constante ir de un lado para el otro y me cuesta mucho”, señala Lourdes.

El trámite para acceder el bono de $45.000 comienza con una inscripción virtual que se debe realizar a través de la página de la Anses. Una vez obtenido ese papel, que certifica que la persona no cuenta con ingresos registrados, se lleva a cabo un entrecruzamiento de datos que confirma si existen o no otras causales de exclusión, como ser beneficiario de una Asignación Universal por Hijo (AUH) o que algún integrante de la familia del solicitante reciba, por ejemplo, un programa Potenciar Trabajo.

“No tuve la suerte de obtener ningún aporte del Gobierno, ni ahora ni durante la pandemia”, comienza su relato ante LA NACION Santiago, un desocupado de 66 años. De acuerdo a sus palabras, el 2020 fue un antes y un después en su vida: hace dos años que está en situación de calle y, a lo largo de este tiempo, tuvo que lidiar con varios problemas de salud. “No percibo ningún ingreso, pero por mi edad no puedo inscribirme al bono”, agrega.

En efecto, otra de las condiciones para acceder al actual beneficio de la Anses es tener entre 18 y 64 años. Es una edad menor a la que se exigía como requisito para cobrar el bono de $18.000 que se otorgó en mayo a los trabajadores informales. “Intenté inscribirme cuando se abrió esa posibilidad, pero tampoco pude. Y ahora bajan los años todavía más. Es como si estuvieran jugando con nosotros”, se queja Santiago.

Impulsado abiertamente por la vicepresidente Cristina Kirchner, el refuerzo alimentario tal y como fue anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa, está lejos de emular en la realidad la idea de “salario básico universal” delineada por el dirigente social Juan Grabois. Tampoco el ingreso contra la indigencia que la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio impulsa en la Cámara alta.

Pese a que todavía no se oficializó una fecha de cierre para su inscripción, muchas personas eligen resignarse ante los impedimentos que impone la burocracia estatal. Un drama más que se suma a la incertidumbre de quienes buscan sobrevivir el día a día.

Por Pedro Lacour

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