El drama del equilibrista en la cuerda floja
Por primera vez un grupo numeroso de legisladores tomó la iniciativa en sentido contrario al que se impulsa desde la Casa Rosada
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LA NACIONCarlos Pagni
El gobierno de Javier Milei está llevando adelante un programa económico anclado, sobre todo, en un drástico ajuste fiscal. El miércoles a la madrugada la Cámara de Diputados, por amplísima mayoría, puso una gota de duda sobre la viabilidad de esa operación. Resolvió establecer una fórmula jubilatoria más equitativa que la que había adoptado, por decreto, el oficialismo. Esa decisión no es desdeñable desde el punto de vista cuantitativo. Pero su verdadera importancia radica en otros factores. Uno de ellos: por primera vez un grupo numeroso de legisladores tomó la iniciativa en un sentido contrario al que se impulsa desde la Casa Rosada. Es decir, se abre una duda acerca de quién es el titular de la política económica. El otro factor: esta novedad irrumpe en un momento en que el gabinete está sacudido por una inquietante crisis de gestión, originada en sus propias torpezas. Para un plan cuyo corazón se asienta en lo fiscal, se trata de problemas relevantes. Porque la tormenta es política y la política es el reino al que pertenece lo fiscal.
Conviene calibrar la decisión de los diputados en su justa dimensión. Sobre todo, porque fue acompañada por el kirchnerismo. Y, por razones más que valederas, kirchnerismo más jubilaciones siempre ha sido igual a desastre. Esto explica los esfuerzos de los radicales, encabezados por Rodrigo De Loredo, para no acordar un dictamen con el bloque que responde a la ex Presidente. Al comienzo, la bancada kirchnerista había impulsado un proyecto mucho más generoso, que significaba un costo de 2 puntos del PBI, según el cálculo de la Oficina de Control presupuestario del Congreso.
Los radicales, los republicanos de Miguel Pichetto y los legisladores de la Coalición Cívica que lidera Juan Manuel López, propusieron un dictamen propio, que es el que se votó. Los diputados kirchneristas corrigieron su propuesta original y elaboraron una casi idéntica a la de las otras bancadas opositoras. Pero, para demostrar que no se trataba de una componenda con Cristina Kirchner y los suyos, la UCR, los republicanos y la Coalición Cívica, la votaron en contra. Conclusión: el kirchnerismo debió levantar la mano por el proyecto ajeno. Esfuerzos tal vez vanos: es obvio que el oficialismo, integrado por los libertarios y el Pro, acusaron a los demás bloques de complotarse con el kirchnerismo en contra de la estabilidad económica.
El Presidente presentó el movimiento legislativo como “una trampa de Máximo Kirchner”. A pesar de que el propio Kirchner intentaba aclarar que la votación fue el resultado de un trabajo conjunto. La acusación de Milei puede ser ventajosa frente a la opinión pública. Pero nefasta para la percepción de los mercados: atribuye al líder de La Cámpora una capacidad que, al menos en este caso, no ha tenido, de dictar la política fiscal desde el Congreso. ¿Le convendrá a Milei que se piense de ese modo?
Sin embargo, la corrección de la ecuación que se votó el miércoles no es equivalente, ni mucho menos, a esas grandes tropelías que fueron la irresponsable moratoria decretada por Sergio Massa cuando era director de la Anses, o la estatización previsional ideada por Amado Boudou y dispuesta por Cristina Kirchner.
El miércoles a la madrugada se resolvió, en primer lugar, reparar a los jubilados por el recorte que realizó el Gobierno al no incorporar a su polinomio la inflación de enero. Significa que a la actualización de 12,6% decretado por la Casa Rosada se le agregó una de 8%. Además, se dispuso que los ajustes se regirán por el Índice de Precios al Consumidor. Habrá también una mejora anual equivalente al 50% de la diferencia entre la variación de los salarios y la variación de los precios. Y se fijó un haber mínimo equivalente al costo de la canasta básica total de bienes.
Los que aprobaron estos cambios, podrían esgrimir varios argumentos para defender la iniciativa. Por ejemplo, que la responsable del programa argentino en el FMI, Gita Gopinath, defendió que las jubilaciones no se retrasaran respecto de la inflación. También podrían alegar razones de equidad: un Gobierno que no quiso alterar los numerosos privilegios de los importadores de electrónicos de Tierra del Fuego no tendría mucha justificación para depositar el costo de las restricciones sobre las espaldas de los jubilados. Es verdad: los empresarios fueguinos, entre los que se destaca el primo del ministro de Economía, tendrían derechos adquiridos, que es la gran coartada de Milei para modificar su posición, que siempre fue contraria a ese régimen. Los ancianos, no tendrían la misma estabilidad en sus derechos. Hay que recordar que ellos se hacen cargo de, por lo menos, el 35% de ese peso. El recorte fue, entre diciembre y abril, del 33% promedio, según cálculos de Sudamericana Visión. Es decir, los jubilados han sido el blanco principal de la motosierra.
Existe otra razón por la cual los diputados podrían explicar su decisión. Aumentar los haberes jubilatorios es, en alguna medida, inocuo, porque Alberto Fernández los sometió a una dramática licuación: eran el 8% del PBI y pasaron a ser el 6%. La legendaria sensibilidad con “los abuelos”: otra leyenda urbana.
Estas excusas no significan que la corrección sea indiferente para el Tesoro. La ley sancionada este miércoles representa medio punto porcentual del PBI. Es cierto, todavía tiene que aprobarla el Senado. Pero sería rarísimo que no lo hiciera: ¿qué legislador pagaría el precio de no compensar a los ancianos? También es verdad que Javier Milei prometió vetar esta mejora. Sin embargo, el número con que fue aprobada hace imaginar que tal vez el Congreso cuente con los dos tercios necesarios para revertir ese veto.
La gravedad de lo ocurrido se debe también a que el sistema previsional presenta distorsiones escandalosas. Dicho de otro modo: lo más saludable sería que la mejora en las jubilaciones fuera parte de una reforma que elimine las aberraciones. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, publicó un llamativo cuadro estadístico sobre las pensiones por invalidez. En 2003 eran 79.581 y el año pasado fueron 1.215.548. Hubo provincias donde ese salto fue más enigmático. Entre Ríos, por ejemplo, pasó de tener 1895 prestaciones a 44.723. Corrientes fue de 2138 a 72.382. Y Chaco pasó de 4637 a 99.087. Es asombroso cómo la cantidad se mantuvo casi invariable durante los años de Mauricio Macri. Y aumentó sin cesar durante los del peronismo. Es el tan conocido poder taumatúrgico de Macri para evitar los dramas de salud de la población. En cambio, durante el kirchnerismo, parece haber ocurrido una guerra.
El problema que se oculta en estas cifras es que, cuando se hace política social con las asignaciones previsionales, se otorgan beneficios vitalicios cuyo costo fiscal sólo puede ser reducido a través de una licuación.
Toda esta aritmética es menos corrosiva para los intereses del Gobierno que el mensaje político que emitió el Congreso. Desde 2021 y, sobre todo, desde 2023, la política perdió la organización que había tenido desde 2008. Como demuestra esta misma reforma en el cálculo de las jubilaciones, es muy difícil determinar dónde empieza y termina el oficialismo y dónde empieza y termina la oposición. Esas dos categorías son inciertas. La consecuencia es, si se admiten términos muy elementales, que no está claro quién fija el rumbo de la nave. Quién conduce el país. Es una pregunta siempre incómoda. Pero que puede ser gravísima cuando el éxito de una administración depende de su capacidad de intervención en el frente fiscal.
Los legisladores que aprobaron la iniciativa previsional instalaron esta incógnita en primer plano. El Gobierno todavía no pudo sacar una ley a favor, la Ley Bases, y ya comenzó a navegar, con superior velocidad, una ley en contra. El sueño de Milei se enfrenta con el de Cristina Kirchner. Ella había imaginado, en febrero, un frente parlamentario que repartiera entre las provincias los impuestos no coparticipables, repusiera el fondo sojero y asignara otra vez el Incentivo Docente. No lo consiguió. Pero obtuvo esa satisfacción en el tratamiento de las jubilaciones. La secuencia fue perniciosa: los radicales que promovieron la corrección a la fórmula no prefieron que la Ley Bases se empantanaría en el Senado y terminaron poniendo un palo en la rueda del oficialismo antes de que rindiera fruto su colaboración inicial. Son los dramas de hacer equilibrio en la cuerda floja.
Este antecedente es muy poco auspicioso. Se integra, además, a un cuadro de creciente complejidad. Muchos especialistas miran con preocupación los movimientos del mercado cambiario. Entienden que, en su primera etapa, el plan de Luis Caputo redujo la brecha cambiaria. Suspendió la emisión y los pesos disponibles para el público eran demandados porque los bienes y servicios se habían encarecido por la inflación. Esa necesidad de pesos habría comenzado a decaer. Y el Banco Central sigue emitiendo para comprar dólares a los exportadores. Para que esos pesos menos apetecibles no vayan hacia el dólar, sostienen esos expertos, debería haber una tasa de interés mucho más elevada que la actual. O un incremento de la confianza del mercado.
El desafío del Congreso y las tarifas
Milei cuenta con una adhesión considerable. Y estable. Pero los agentes económicos más decisivos comienzan a hacerse preguntas. Pasó el 25 de mayo y la Ley Bases, que no fracasó, sigue sin salir. El Congreso se muestra activo para aprobar proyectos contrarios al programa oficial. Y el gabinete es un desorden. La confianza de empresarios y operadores financieros se reblandece. Los bonos pierden valor. Y el dólar paralelo suelta, de a poco, amarras. Este es el contexto en el que algunos profesionales, como Nicolás Dujovne, recomiendan definir un programa monetario y cambiario. Traducido: levantar el cepo. Antes de que la divergencia entre las cotizaciones del dólar se agudice y sea mucho más difícil liberalizar.
Milei y su equipo tiemblan ante esa decisión. Temen poner el riesgo su capital más valioso, la caída de la inflación. De todos modos, ese logro está, en alguna medida, amenazado. Luis Caputo postergó el ajuste de tarifas de los servicios públicos para que no presionaran sobre el índice de precios. Pero, con la llegada del invierno y el aumento del consumo, el costo fiscal de esa procrastinación se vuelve más pesado.
Esta es la razón por la cual, ayer se publicaron en el Boletín Oficial los nuevos aumentos de tarifas. O recortes de subsidios. Siempre hay que recordarlo: quien quiera alcanzar el equilibrio fiscal debe atacar el problema de las jubilaciones y de las subvenciones energéticas. Todo lo demás es tangencial. Las resoluciones informaron que para los consumidores del segmento N2, de ingresos bajos, el subsidio será el 71% del precio mayorista del gas y la distribución que pagan los consumidores más acomodados. Esos usuarios de mejores ingresos pagarán el costo total que determine el Gobierno. Y para el sector N3 de ingresos medios, del 55%. Los pisos de consumo también se modificaron. A los usuarios que no tienen suministro de gas, del segmento N2, se les cobrará el costo del sector N1 a partir de un piso de consumo de 700 Kw/h. A los del grupo N3, de 500 Kw/h. Para los que tienen suministro de gas esos mínimos se redujeron respecto de los que se habían fijado en febrero y ahora son de 350 y 250 Kw/h. Conclusión: se trata de una multiplicación del precio actual por 10, si se tiene en cuenta el ajuste del margen de distribución, que ya se había dispuesto.
El ministro de Economía debe hacer frente a dos dificultades en este campo. Primera: no haber tenido en cuenta el impacto de la devaluación sobre los costos mayoristas, que están casi todos dolarizados. Una advertencia casi solitaria del experto Daniel Gerold, durante toda la segunda mitad del año pasado. El otro inconveniente: no haber calculado con rigor el impacto que tendría en la tarifa final el gran incremento, justificado desde el punto de vista técnico, que se asignó en febrero pasado a las tarifas de transporte de gas y electricidad, y distribución de electricidad, en este último rubro para Edenor y Edesur.
El mayor costo de la electricidad impacta sobre una economía muy castigada. El Indec informó que la industria se derrumbó 15,4% y la construcción 32% en lo que va del año. Por su parte, Alfonso Prat-Gay destacó una brutal caída de la recaudación del impuesto al cheque: 25% real en mayo: superior a la del colapso de la pandemia. Prat-Gay destaca que ese impuesto es el que mejor adelanta los números de actividad que se publican dos meses más tarde. Por eso él habla de que la Argentina se sumerge en una hiperrecesión.
Sobre este áspero paisaje trabaja el esmeril de la política. El jefe de Gabinete Nicolás Posse fue despedido por una razón principal: las recriminaciones a Silvestre Sívori, el jefe de la AFI, por espiar al resto del gabinete. Sobre todo, al decisivo Santiago Caputo. Sívori, por supuesto, lo niega. Ahora el espionaje quedó en manos del propio Caputo, quien hizo designar en esa agencia a su amigo Sergio Neiffert. Se trata de un técnico mecánico, sin experiencia alguna en la delicada materia que debe gestionar. Caputo confía en él porque fue amigo de su padre, el escribano Claudio Caputo. A la vez, Claudio Caputo conoció a Neiffert hacia 1997, en el partido de Malvinas Argentinas, donde el nuevo jefe de los espías colaboraba con el intendente Jesús Cariglino. La escribanía Caputo, donde trabajaba como cadete Santiago, ahora Mago del Kremlin, se acercó a ese suburbio para una operación de escrituración de 12 lotes de Mirgor, la compañía de su primo Nicolás Caputo, uno de los reyes de Tierra del Fuego. Quedaban en el kilómetro 34,5 de Panamericana. Cuando hubo que conseguir de la Municipalidad las autorizaciones para unificar esos terrenos aparecieron las sorpresas. Pedidos que mejor no recordar. Claudio Caputo fue también clave para el aprovechamiento de 64 hectáreas que Malvinas obtuvo del Ejército. En ese ambiente operaba Neiffert, quien hasta ayer era representante del Poder Ejecutivo en la agencia que regula la cuenca del Riachuelo. Allí el nuevo titular de la AFI presentó un curriculum cuya primera línea consigna: “Amplia experiencia en gestión de recursos, tanto en ámbitos privados como públicos”. Cuánto que aprender. Santiago Caputo promete ante sus íntimos compensar las eventuales deficiencias que pueda presentar Neiffert incorporando al Gobierno a antiguos colaboradores formados, es un modo de decir, por Antonio Stiuso.
Excentricidades de este tipo son las que estallaron en el Ministerio de Capital Humano. Allí Sandra Pettovello, que carece también experiencia en el área que debe conducir, siguiendo los consejos de la abogada Leila Gianni. Entre esas recomendaciones estuvo disimular la demora en el reparto de alimentos acusando al responsable del área, Pablo De la Torre, de tercerizar contrataciones de personal a través de una organización internacional. Gianni corrió un velo: en toda la administración se ha recurrido a ese procedimiento, heredado de muchas gestiones anteriores. En el caso de Capital Humano, el método habría sido autorizado por la propia Pettovello.
El daño que Pettovello le hizo a su propia gestión es más grave porque trascendieron los antecedentes de Gianni. Militante fervorosa de La Cámpora, fue funcionaria del gobierno de Alberto Fernández. Durante esos años estuvo en pareja con Alberto De Maio, responsable de compras y administración del área de Desarrollo Social. Es decir, de la oficina que realizaba las adquisiciones que ella ahora denuncia como irregulares, engalanada con una gorra de Las Fuerzas del Cielo. Todo merecería ser parte de un libreto de Hugo Sofovich para Alberto Olmedo. Si no fuera porque sobre estas extravagancias se montó una denuncia de Juan Grabois, que dio lugar a una causa iniciada por Sebastián Casanello. La ministra, a instancias de la mutante Gianni, apeló las medidas de Casanello, reclamando un plan de distribución de mercaderías. El miércoles la Cámara Federal le dio la razón al juez.
No es la primera vez que Pettovello incurre, llevada por la audaz Gianni, en un desaguisado judicial. Como consignó en su cuenta de X el diputado Juan Manuel Valdés, en diciembre la ministra y su abogada denunció irregularidades en la adquisición de medicamentos y suspendieron su suministro a pacientes oncológicos. El juez Julián Ercolini analizó el caso y dio por inconsistente la denuncia. Pero la interrupción de esos tratamientos puede dar ahora lugar a imputaciones penales por abandono de persona.
Este penoso anecdotario oculta el desacierto principal. Para hacer marketing fiscal, Milei acumuló tres mega ministerios bajo un mismo techo. Y puso al frente a una amiga, de su máxima confianza, pero sin el menor conocimiento de la estructura del Estado. Pettovello está al borde de su resistencia emocional. Es comprensible. En su situación, hasta alguien con la experiencia de Vicente Saadi estaría estresado. Problemas que ya no se resuelven con el recurso de agitar el comprensible rencor contra la casta. O insultar al enemigo que corresponde cada día.
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