El Gobierno eliminó la Unidad de Tareas de Investigación, creada para “recabar información” sobre el caso $LIBRA
Según el Poder Ejecutivo, fue disuelta porque ya cumplió “con la labor encomendada”; una alta fuente oficial dijo a LA NACION que no pueden decir qué información entregaron porque “es secreta”
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LA NACION
El Gobierno nacional dispuso este martes la eliminación la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada hace apenas tres meses para recabar información sobre el criptoactivo $LIBRA, en el marco del escándalo que involucró al presidente Javier Milei y a su hermana, Karina Milei.
La medida fue oficializada a través del Decreto 332/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el jefe de Estado y por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Según señala el texto oficial, la UTI “ha dado cumplimiento a la labor encomendada” por el Decreto 114/25, que en febrero instruyó a la Oficina Anticorrupción a investigar los posibles vínculos entre el Poder Ejecutivo y la promoción del token digital $LIBRA.
Ante la consulta de LA NACION, una alta fuente del Gobierno dijo que no pueden revelar qué información entregaron porque “es secreta”.
Entre las misiones asignadas por decreto a la UTI estaba también recibir y gestionar los requerimientos del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal relacionados con $LIBRA. ¿Por qué no siguió funcionando para hacerlo? En el Gobierno respondieron que “no llegó ningún pedido importante” y que la fiscalía “pide directo” lo que necesita “a quien considere”.
La criptomoneda $LIBRA —difundida por el Presidente el 14 de febrero a través de una publicación en X— registró un aumento abrupto de su valor tras el tuit de Milei, para luego desplomarse en cuestión de minutos, generando pérdidas millonarias en los inversores.
La UTI fue creada con el fin declarado de investigar la vinculación del Poder Ejecutivo con la difusión de la criptomoneda, luego del escándalo que provocó el derrumbe de la criptomoneda promocionada por Milei, que provocó denuncias ante el Poder Judicial de usuarios que fueron presuntamente estafados luego de que unas pocas billeteras virtuales que controlaban los activos retiraran el dinero y provocaron que el valor del token cayera.
Las funciones de la UTI eran las siguientes:
- Requerir información, datos y documentación a todos los funcionarios, órganos y organismos que integran el Sector Público Nacional, en los términos del artículo 8° de la Ley N° 24.156, en el marco de su objeto.
- Solicitar información, datos y documentación a organismos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; de estados extranjeros y/u organismos internacionales a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
- Recibir y gestionar, con la asistencia de las áreas competentes, los requerimientos del Poder Judicial y/o del Ministerio Público Fiscal relacionados con $LIBRA.
- Convocar la participación de los funcionarios y/o expertos que considere necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
- Recopilar e integrar la información, datos y documentación a efectos de su remisión al órgano del Poder Judicial y/o del Ministerio Público Fiscal competente.
- Denunciar ante el Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos relacionados con los hechos relevados.
Días antes del escándalo, el titular del Ejecutivo mantuvo un encuentro con los representantes de KIP Protocol, la empresa que está detrás del proyecto que desató la polémica, en la Argentina en el que se le comentó “la intención de la compañía de desarrollar una iniciativa llamada Viva la Libertad Project para financiar emprendimientos privados en la República Argentina utilizando tecnología blockchain”.
Además, Milei recibió en Casa Rosada a “Hayden Mark Davis, quien, de acuerdo a lo expresado por los representantes de KIP Protocol, proveería la infraestructura tecnológica para su proyecto”. Todo esto según la explicación que brindó el Gobierno para dar a conocer cómo se gestó la promoción de $LIBRA.
Por el revuelo que causó la promoción que hizo el Presidente de la criptomoneda, el Congreso creó en abril una comisión investigadora, un órgano legislativo integrado por 28 diputados con el objetivo de esclarecer el caso, pero hasta el momento no se avanzó con su activación. El 14 de mayo se había citado a Cúneo Libarona y al ministro de Economía, Luis Caputo, pero ambos se ausentaron.
LA NACION
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