El Gobierno mantiene el protocolo antipiquetes para la marcha de los jubilados frente al Congreso
La decisión de la ministra Bullrich es impedir cortes de calles y avenidas; distintos grupos confluirán hoy en el reclamo al Gobierno
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LA NACIONJaime Rosemberg
La marcha de los jubilados que se lleva adelante cada miércoles tendrá hoy una dimensión diferente. El colectivo Ni Una Menos, la CGT, científicos del Conicet, residentes del hospital Garrahan, y hasta parte de la agrupación Derecho al Futuro que encabeza Axel Kicillof confluirán en los alrededores del Congreso, en una manifestación opositora al Gobierno.
Para la gestión de Javier Milei, con Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, la cantidad de asistentes no modificará la estrategia, más allá de que se reforzará el vallado que ya, cerca del mediodía, estaba apostado alrededor del Parlamento. “El protocolo antipiquetes siempre se mantiene”, confirmaron a LA NACION cerca de la ministra de Seguridad, dando por sentado que la acción conjunta de fuerzas federales y de la policía de la ciudad será efectiva para contener a los manifestantes.
“Es una marcha más, como cada miércoles”, relativizaron desde la Casa Rosada y cerca del Presidente, aunque en varias de esas marchas se produjeron incidentes, algunos graves como el disparo que casi termina con la vida del fotógrafo Pablo Grillo.
Ayer, entre aplausos, cánticos y saludos, Grillo fue dado de alta tras permanecer casi tres meses internado en el Hospital Ramos Mejía producto de las graves heridas que le provocaron en medio de un operativo similar de las fuerzas federales durante una marcha por los jubilados como la que se llevará a cabo hoy.
Desde el Ministerio de Seguridad, como ocurre antes de cada marcha, evitaron dar precisiones sobre la cantidad de efectivos, aunque sí confirmaron que habrá “más vallas” para impedir cualquier aproximación de los manifestantes.
“El Protocolo siempre está vigente. Y la fuerzas federales van hacer lo que se necesite para custodiar principalmente los lugares federales, como por ejemplo el Congreso”, explicaron cerca de Bullrich. Y acotaron que estarán, además de la Policía Federal, miembros de Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
“Vamos a identificar a los grupos. Si ellos van a manifestar con tranquilidad, van a tener tranquilidad. Si van -como lo han hecho y tengo todos los videos- a pegar, a romper escudos y ahora con esta nueva modalidad del cable o el alambre a la altura de las piernas, las fuerzas van a actuar. Porque hay un protocolo que se tiene que respetar”, dijo Bullrich en LN+.
Desde la policía porteña agregaron, además, que sus fuerzas estarán apostadas a unas cuadras del epicentro de la protesta, sobre la calle Cerrito, dónde está el Centro de Monitoreo Urbano (CMU), y desplegados por las calles Bartolomé Mitre e Hipólito Irigoyen hasta la avenida 9 julio.
A la habitual marcha, se sumarán los residentes del Hospital Garrahan, protagonistas del reclamo de aumento salarial desde hace varios días. Un reclamo que, en forma parcial, fue atendido de modo parcial por el Gobierno, con un aumento del bono que perciben los residentes, a hacerse efectivo a partir del 1 de julio, que llevará el salario a $1.300.000, aunque con sumas no remunerativas. También estarán los integrantes del colectivo Ni Una Menos, que conmemora el décimo aniversario de su primera manifestación contra la violencia de género, y que decidió postergar su marcha habitual del 3 de junio para coincidir con los otros sectores que se movilizan este miércoles.
Bajo el lema “La deuda es con nosotras”, las referentes feministas denunciarán el vaciamiento de las políticas de inclusión por parte del Gobierno y el mantenimiento de los niveles de violencia de género. Otras organizaciones sociales y políticas estarán también allí para hacer diferentes reclamos al gobierno de Milei, decidido a aplicar el protocolo anti-piquetes con el que intentará impedir el corte de calles y avenidas por parte de los manifestantes.
Dentro del Congreso, la oposición intentará otra vez aprobar una recomposición de haberes para la clase pasiva, una iniciativa que el Gobierno y sus aliados se proponen rechazar una vez más.
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