El Gobierno restableció una serie de normas que había eliminado mediante decretos rechazados por el Congreso

Por medio de los decreto 627/2025 y 628/2025, publicados este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno restituyó la vigencia de las disposiciones que habían sido modificadas a través de cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que Javier Milei firmó en el marco de las facultades delegadas. Se trata de normativas que fueron rechazadas por el Congreso el mes pasado y que incluían modificaciones en Vialidad Nacional, INTI y INTA.

“Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por los decretos 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25 y que se encontraban vigentes al momento del dictado de cada uno de ellos”, establece el documento.

Además continuó: “Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas derogadas, sustituidas o modificadas por los decretos 531 del 1° de agosto de 2025, 571 del 11 de agosto de 2025, 583, 584 y 585, todos del 14 de agosto de 2025, dictadas como consecuencia de la aplicación de los decretos 345 del 21 de mayo de 2025, 351 del 22 de mayo de 2025 y 461 y 462, ambos del 7 de julio de 2025″.

Por medio de otro documento, el Gobierno, con la firma de todos sus ministros, publicó la restitución de la vigencia de normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por el Decreto 340 del 20 de mayo de 2025.

Los disposiciones restituidas corresponden a decretos mediante los cuales el Gobierno estableció modificaciones en la conformación de organismos como Vialidad Nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y otros institutos que habían sido calificados por el Poder Ejecutivo como “ineficientes”.

A su vez, consideró que el rechazo en el Congreso colocó a la Administración Pública frente a un escenario de “incertidumbre jurídica que afecta la seguridad y previsibilidad del ordenamiento legal, dificulta la implementación de políticas públicas, limita la actuación y habilita interpretaciones contradictorias o discrecionales en desmedro de la previsibilidad que reclama la sociedad en su conjunto”.

“Es responsabilidad del Poder Ejecutivo garantizar el adecuado y continuo funcionamiento de la Administración Pública, máxime en circunstancias que comprometen el ejercicio de funciones de notoria relevancia, a través de la toma de decisiones que salvaguarden el orden jurídico y garanticen la continuidad operativa de sus instituciones en protección de aquel interés”, explicó y declaró como “necesario y urgente” que se clarifique el marco jurídico aplicable a los organismos alcanzados por los decretos, a fin de “no comprometer la continuidad operativa de la Administración Pública y salvaguardar los principios de buena administración, juridicidad, buena fe y simplificación administrativa”.

El Gobierno aseguró, además, que el modo más “prudente” de llegar a una situación de “certidumbre y estabilidad” respecto al marco jurídico aplicable es restituir la vigencia de las disposiciones. “Es necesario a fin de despejar cuestionamientos e interpretaciones contradictorias que pudieran afectar los actos que se dicten al amparo de la nueva normativa”, aclaró.

Al momento de la publicación de los decretos que implicaban transformaciones en los institutos, el gobierno nacional había justificado que continuaba trabajando para "optimizar las funciones y recursos de los organismos del Estado“.

LA NACION

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