El oficialismo insistirá en reducir a 13 años la edad de imputabilidad
El bloque libertario en Diputados propondrá reabrir el debate la semana próxima; los reparos de la oposición
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LA NACION
La Cámara de Diputados comenzó a calentar sus motores en la apertura de las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo. La semana próxima el oficialismo tiene previsto reabrir el debate sobre la reforma de la ley penal juvenil y, con ella, insistir en su propuesta original de reducir de 16 a 13 años la edad de imputabilidad de los menores.
Así lo anticiparon fuentes libertarias en la previa de su primera reunión de bloque del año, convocada esta tarde para esbozar la estrategia oficialista frente a las sesiones extraordinarias que se extenderán hasta el 1° de marzo. Mientras el Senado arrancará con el debate de los proyectos de modernización laboral y de reforma de la ley de glaciares, la Cámara baja avanzará con el proyecto sobre la edad de imputabilidad de menores, iniciativa que obtuvo dictamen en mayo del año pasado pero perdió estado parlamentario con la renovación del cuerpo, en diciembre último.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convocó para hoy a una reunión de jefes de bloque para definir las autoridades de las comisiones que aún faltan constituir para avanzar con el temario enviado por el Poder Ejecutivo. Si bien la Comisión de Legislación Penal ya se conformó el diciembre pasado –es la comisión cabecera y es presidida por Laura Rodríguez Machado (LLA)-, aún restan constituir las comisiones de Justicia y Familia, Niñez y Juventudes para avanzar en el dictamen.
Lo cierto por ahora es que el oficialismo se muestra decidido a insistir con el proyecto que el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados en 2024 sin contemplar las modificaciones que incorporaron distintos bloques opositores en el dictamen firmado en mayo del año siguiente. El principal cambio se dio en la edad de imputabilidad: a instancias de Pro, UCR y del peronismo renovador referenciado en Sergio Massa, en el dictamen se fijó en 14 años y no en 13, como proponía el oficialismo. Los libertarios acompañaron a regañadientes la iniciativa, pero nunca la promovieron para debatirla en el recinto.
Envalentonado, el bloque oficialista confía ahora en imponer su criterio original tras haber engrosado su tropa con la renovación parlamentaria y en la sensibilidad social que genera el tema, máxime luego de los episodios de violencia juvenil que se sucedieron este verano. Entre ellos, el brutal asesinato de Jeremías Monzón, de 15 años, en Santa Fe, por parte de dos menores de edad, que grabaron el crimen y lo viralizaron.
Este hecho, que sacudió a la opinión pública, motivó a que el presidente Javier Milei decidiera reincorporar el proyecto del Poder Ejecutivo en el temario de sesiones extraordinarias e insistir en su redacción original. Forma parte de la estrategia discursiva del Gobierno, sintetizada en la frase “el que las hace las paga”.
Reparos al proyecto
Los bloques dialoguistas ya expresaron sus objeciones, no solo ante la insistencia del Gobierno de reducir a 13 la edad de imputabilidad sino también porque el proyecto original no prevé una partida específica destinada a financiar el alojamiento de los menores detenidos.
“Si el planteo de la opinión pública es mantener el debate en la baja y no en la falta de recursos para emprender un sistema penal especial, le están prometiendo algo a la gente que nunca funcionará. Es una ley que no fija de dónde saldrán los fondos para avanzar con su implementación”, advirtió la diputada Karina Banfi (UCR).
El régimen penal juvenil propiciado por el Gobierno establece, además, una pena máxima de 20 años de prisión y prohibe expresamente la reclusión perpetua. Ese fue otro de los puntos que se modificaron en el dictamen, donde se fijó en 15 años el tope de las penas privativas de la libertad para adolescentes.
La máxima conducción de la Iglesia también planteó sus reparos a la iniciativa. la máxima conducción de la Iglesia insistió en sus críticas y reparos a la iniciativa.
“La Iglesia está cercana al dolor desgarrador de las familias y comunidades víctimas de estos delitos; sin embargo, insistimos en que una discusión centrada únicamente en la edad de los menores involucrados corre el riesgo de simplificar una realidad mucho más compleja que interpela a la familia, a la escuela, a la comunidad y al Estado”, advirtió la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal, que preside el arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo.
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