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El Gobierno quiere echar a diez gremialistas del Garrahan y anunció sanciones para otros 30 sin tutela gremial
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo que son aquellos que habían “dirigido y tomado ilegalmente las oficinas” de la dirección del Hospital en medio del conflicto por la financiación
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LA NACIONAilén Rocío Vila
El Gobierno anunció esta tarde que pidió el desafuero de diez gremialistas del Hospital Garrahan con el fin de despedirlos: los acusan de haber tomado ilegalmente las oficinas de la dirección en pleno conflicto por la financiación del nosocomio. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, apuntó en su cuenta de X a la “izquierda” y adelantó que habrá más sancionados.
“El Hospital Garrahan ha solicitado el desafuero de 10 gremialistas para proceder con sus despidos, tras haber dirigido y tomado ilegalmente las oficinas de la dirección del establecimiento en octubre de 2025. El motivo del conflicto: la pretensión de cobrar por días no trabajados. Además, otras 29 personas recibirán sanciones. La era de la izquierda intentando vivir a costa de los argentinos de bien está llegando a su fin. Fin”, escribió Adorni.
Tras la toma, el Gobierno había iniciado en octubre 40 sumarios sobre los involucrados. Este martes, los asesores jurídicos del Garrahan notificaron a 11 trabajadores que serán despedidos por haber “diseñado, dirigido y efectuado” la medida de fuerza, confirmaron fuentes cercanas al Ministerio de Salud de LA NACION.
De los once de la lista de despedidos, diez tienen tutela gremial, entre los que se encuentran la secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), Norma Lezana, y el dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Alejandro Lipcovich, expresaron fuentes oficiales.
Esto significa que la Justicia debe expedirse sobre el levantamiento de la tutela gremial para que se aplique la sanción. El único que no es delegado puede ser desvinculado de forma inmediata luego de que concluya el proceso administrativo. Otros 29 van a recibir una suspensión que oscila, depende del caso, entre 10 a 20 días.
Desde APyT y ATE afirmaron a LA NACION que realizarán una conferencia de prensa mañana a las 12 en el hospital. Además, detallaron que tienen cinco días hábiles para hacer un descargo donde solicitarán el derecho a presentar pruebas. Eso luego llega al Consejo de Administración, que resolverá si hay o no cesantías y suspensiones. Allí tendrán, además, una instancia de apelación a la resolución del consejo.
Fuentes gremiales compartieron en exclusiva con LA NACION declaraciones sobre el debate interno que se da por estas horas. “Lo que sale a decir Adorni, que no es más que la prueba de que es una persecución sindical del Poder Ejecutivo sobre nuestros derechos, es falso. No estamos sancionados, estamos en un proceso sumarial y hay un amparo sindical en curso. Hoy nos atacan por defender el Hospital y la prueba de eso es que se enteró Adorni antes que nosotros del dictamen“, reclamó Norma Lezana.
“Estamos en un estado de conmoción en el Garrahan”, dijo Lipcovich en un audio que difundió vía WhatsApp a los medios tras el anuncio oficial. El delegado de ATE dijo que eran 44 los trabajadores del hospital sumariados, incluidos “los principales dirigentes” de dos de las agrupaciones gremiales con representación interna. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud afirmaron que cuatro de ellos no fueron identificados y, por eso, al final fueron 40 los sancionados.
“Ahora, el propio jefe de Gabinete lo anuncia, minutos después de que nos llegara el dictamen de la oficina de sumarios -lo cual confirma que es una operación 100% política porque es un informe reservado que de ninguna manera debería tener el jefe de Gabinete- y anuncian el despido de una cantidad de compañeras y compañeros, entre los que me incluyo, junto con otros diez más, algunos que somos representantes electos en ATE y la APyT”, expresó.
Para Lipcovich, el “operativo político” de la Casa Rosada es un “mensaje clarísimo” a días del tratamiento de la reforma laboral. “Vamos a realizar reuniones, asambleas y nos vamos a organizar para enfrentar este atropello”, anticipó. “Por ahora, es solo un dictamen de la oficina de sumarios que apelaremos y [contra el que] ejerceremos nuestro derecho a la defensa, aunque, como demuestra lo de Adorni [por el anuncio oficial], el veredicto ya está escrito”, sostuvo.
Adorni también fue cuestionado por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien afirmó en X que “el ejercicio regular de un derecho nunca puede ser considerado un delito” y consideró al funcionario “una verdadera lacra”. “Perseguir a quien reclama por ellos es de fascista”, añadió.
La toma de las oficinas del hospital
El 31 de octubre del año pasado, los gremios intransigentes del Garrahan tomaron las oficinas de la dirección del hospital de alta complejidad en Parque Patricios. La medida de fuerza ocurrió en pleno auge por la falta de aplicación de la ley de emergencia pediátrica y con decenas de protestas de médicos y residentes por los salarios atrasados. Desde la junta interna de ATE y APyT denunciaban que las autoridades realizaron fuertes descuentos a los salarios de enfermeras, instrumentadoras y maestras del jardín maternal.
Además, en ese entonces el neurocirujano Mariano Pirozzo había sido designado como director del hospital, lo que fue rechazado por integrantes del gremio por su presunta inexperiencia en salud infantil, ya que no es pediatra. Pirozzo había sido interventor del Hospital Bonaparte y llegó al Garrahan luego de varios cambios en la presidencia del Consejo de Administración en medio del conflicto con los residentes, personal de planta y gremios.
Desde APyT habían realizado una publicación donde indicaban que Pirozzo y el Consejo de Administración eran los “enemigos del Garrahan y las infancias”. Expresaron que el nuevo interventor era “autoritario y prepotente” y que el consejo quería “ocultar millonarios recursos propios que generaron los trabajadores para destinarlos a un Fondo de Inversión”.
“Tienen la caradurez de aplicar descuentos a quienes defendemos el Hospital Garrahan. Se tienen que ir porque cada minuto que pasa y están al frente del hospital, las infancias y el equipo de salud estamos peor”, sumaron. El paro se efectuó a partir de las 12 de ese día.
En ese entonces se difundió una imagen de Lezana sosteniendo un cartel en la ventana de las oficinas tomadas. “Dirección tomada. Permanencia hasta que devuelvan lo que descontaron”, advertía.
En tanto, Lipcovich había acusado a los directivos de “resolver descuentos de sueldos de 300.000, 400.000 y 500.000 pesos sobre trabajadoras que no llegan a fin de mes, son madres solteras y no pueden pagar el alquiler por ejercer el derecho a huelga”.
En ese momento, el Ministerio de Salud los había acusado de impulsar una desestabilización vinculada a sus extracciones izquierdistas y de tomar de rehén al personal administrativo y jerárquico. Además, la cartera había justificado los descuentos realizados, ya que eran por “días no trabajados durante los paros recientes”. “La medida tomada por el consejo del hospital fue legítima y corresponde a una política de presentismo que rige para todo el personal, sin excepciones”, marcaron.
El comunicado oficial del Garrahan
Las autoridades a cargo del hospital, que se encuentra controlado por el Gobierno, detallaron que durante la toma los involucrados “retuvieron y agredieron verbalmente al personal que estaba desempeñando tareas críticas en el área” y que “desoyeron el pedido de la seguridad y la policía de abandonar el lugar”.
“Estos hechos son inadmisibles y representan una falta grave sin precedentes en el hospital. Luego de meses de investigación se concluyó que 11 personas serán expulsadas no solo por haber sido parte, sino por haber diseñado, dirigido y efectuado la toma, en lugar de recurrir a la justicia en caso de tener plena convicción de lo que reclamaban mediante ese acto”, señalaron.
También lamentaron que haya 10 involucrados que tengan tutela gremial porque “están protegidos salvo que la justicia decida lo contrario”. “No vamos a permitir que unos pocos sigan afectando a nuestros pacientes. Vamos a ponerle fin al uso del Garrahan como teatro de operaciones electorales”, concluyeron.
Con la colaboración de Manuel Casado
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