El proyecto de Milei contra la ludopatía evita tocar el corazón del negocio del juego
Propone endurecer penas contra operadores clandestinos, pero no prohíbe publicidad, bonos de bienvenida ni vínculos entre casas de apuestas y clubes de fútbol; la media sanción que impulsó la oposición sigue frenada en el Senado
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El Gobierno presentó el viernes pasado un proyecto para combatir la ludopatía que evita avanzar sobre algunos de los principales mecanismos de expansión del negocio legal de las apuestas online, como la publicidad, los patrocinios deportivos y las promociones para captar nuevos usuarios.
En cambio, la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo pone el foco en el juego clandestino y en el acceso de menores de edad a las plataformas, algo que la legislación vigente ya prohíbe. No incorpora varias de las restricciones centrales incluidas en la media sanción aprobada por Diputados en noviembre del año pasado, que continúa frenada en el Senado.
El proyecto fue elaborado por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Argentina (Sedronar), según confirmaron a LA NACION fuentes del organismo que conduce Roberto Moro. Lleva las firmas del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Salud, Mario Lugones, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
La iniciativa, según Moro, tiene como principales ejes “proteger a los menores de edad, perseguir y sancionar el juego ilegal, y establecer reglas claras para las plataformas autorizadas”.
Según pudo saber LA NACION, el proyecto no figuraba entre las prioridades legislativas inmediatas del oficialismo. De hecho, el Presidente no hizo ninguna referencia a la ludopatía durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias ante el Congreso.
El proyecto de Milei vs. el de la oposición
La diferencia más visible entre ambos textos aparece en torno a la publicidad. La media sanción aprobada en Diputados prohíbe la promoción de apuestas online en televisión, radio, redes sociales, cartelería, podcasts, eventos culturales y camisetas de fútbol. También veta la publicidad indirecta, por PNT (publicidad no tradicional) en la radio y televisión, así como mediante influencers, figuras públicas o deportistas.
Solo permite anuncios dentro de salas de juego autorizadas y exige que incluyan advertencias sobre el juego compulsivo y canales de ayuda para personas con ludopatía. Además, prohíbe los bonos de bienvenida y otras promociones utilizadas para atraer nuevos jugadores.
Nada de eso aparece en el proyecto oficial.
La iniciativa del Gobierno únicamente establece que los operadores autorizados no podrán dirigir publicidad a menores ni asociar el juego con el éxito económico, social, el consumo de alcohol o conductas delictivas. Las únicas prohibiciones concretas recaen sobre plataformas clandestinas o no autorizadas.
El contraste también se observa en los controles de acceso para menores de edad.
La media sanción obliga a implementar Sistemas de Identidad Digital (SID) conectados con el Registro Nacional de las Personas (Renaper) para validar la identidad mediante reconocimiento facial tanto al momento del registro como en cada inicio de sesión. También extiende ese requisito a billeteras virtuales y plataformas de pago.
El proyecto oficial, en cambio, utiliza una redacción más amplia y menos específica. Señala que las entidades y proveedores de servicios de pago deberán contar con “mecanismos, sistemas y procedimientos tecnológicos y de seguridad” para verificar la edad de los usuarios y excluir a menores de edad, pero no define qué herramientas concretas deberán implementarse ni establece estándares biométricos obligatorios.
La media sanción también avanza sobre el vínculo entre el juego y el deporte. Propone modificar la Ley del Deporte para impedir que personas vinculadas a operadores o licenciatarios de casas de apuestas integren listas electorales o conduzcan asociaciones civiles deportivas. La cláusula impactaría, entre otros, sobre empresarios del juego con peso histórico en el fútbol argentino, como Daniel Angelici.
Otro de los puntos ausentes en la iniciativa oficial es la creación de un Registro Nacional de Autoexclusión (ReNA), contemplado en la media sanción. El sistema permitiría que cualquier persona se excluya voluntariamente de las plataformas de apuestas online mediante una inscripción web o telefónica.
El proyecto opositor también habilita que familiares de hasta segundo grado soliciten la incorporación de una persona con ludopatía al registro, tras una evaluación de la situación. La exclusión permanecería vigente hasta que el propio usuario pidiera su levantamiento.
La media sanción además incorpora obligaciones de “juego responsable” para las plataformas habilitadas. Entre otras exigencias, obliga a mostrar historiales de apuestas, emitir alertas sobre el tiempo de juego acumulado, ofrecer herramientas de autoevaluación y establecer pausas o recordatorios de descanso.
También endurece las condiciones para acceder a licencias. No podrían operar plataformas cuyos titulares tengan deudas con el Estado, figuren en el registro de deudores alimentarios, hayan sido condenados por fraude, lavado de dinero o juego clandestino, o mantengan vínculos directos con clubes y asociaciones deportivas. Tampoco podrían participar familiares de funcionarios vinculados a los organismos de control.
El proyecto del Poder Ejecutivo sí incorpora nuevas figuras penales para perseguir el juego ilegal. Crea el artículo 301 ter del Código Penal, que castiga con penas de prisión a quienes faciliten apuestas clandestinas mediante servicios financieros, tecnológicos, publicitarios o digitales.
Ambos proyectos modifican además el artículo referido al juego clandestino, aunque con diferencias en las escalas penales. La media sanción eleva la pena máxima a ocho años de prisión. El texto oficial fija un máximo de seis años.
La iniciativa aprobada en Diputados en 2024 e impulsada sobre todo por Mónica Frade (CC) reunió apoyos de la Coalición Cívica, Unión por la Patria, la izquierda y sectores de la UCR. El oficialismo fue el único sector que votó en contra, mientras que Pro y parte del radicalismo se abstuvieron.
Pese al rechazo de la Asociación de Loterías, Casinos y Quinielas y a las denuncias públicas de lobby por parte los impulsores de la ley, el proyecto consiguió media sanción. Pero si el Senado no lo trata antes de noviembre, perderá estado parlamentario.
La presión de la Iglesia
La Iglesia Católica es uno de los actores que más impulsó el debate. Obispos y referentes pastorales vienen advirtiendo sobre el crecimiento de las apuestas online entre adolescentes y jóvenes. Subrayan la idea de que los menores cuentan con “un casino en cada celular”.
En febrero del año pasado, la Pastoral Social le pidió formalmente a la vicepresidenta Victoria Villarruel el “pronto tratamiento” de la media sanción aprobada por Diputados. Según reveló LA NACION, en el Episcopado preocupa especialmente la posición que dejó trascender Milei, quien aseguró que vetaría la norma si el Congreso llegaba a sancionarla.
El avance de las apuestas online entre adolescentes aparece reflejado incluso en estadísticas oficiales. Según el Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Secundaria 2025, elaborado por el Observatorio Argentino de Drogas de la Sedronar, el 26,2% de los estudiantes secundarios apostó dinero al menos una vez durante el último año, ya sea de manera online o presencial.
El juego online aparece como la modalidad predominante: el 20,5% de los estudiantes aseguró haber apostado por internet durante los últimos doce meses, frente al 12% que dijo haberlo hecho de manera presencial. Entre los varones, el porcentaje asciende al 35,3%. Además, el informe advierte sobre hábitos frecuentes de apuesta: casi uno de cada seis estudiantes que jugaron online afirmó hacerlo semanal o diariamente.
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