Elevan a juicio oral la causa contra el piquetero Eduardo Belliboni y otros referentes sociales
Lo dispuso el juez Sebastián Casanello por pedido del fiscal Pollicita; los dirigentes están acusados de desviar los recursos destinados a la asistencia social y extorsionar a los beneficiarios del Potenciar Trabajo
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El juez federal Sebastián Casanello dispuso elevar a juicio oral la causa que investiga al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y a más de una docena de otros dirigentes sociales, por el presunto desvío de fondos destinados a la asistencia social y la supuesta extorsión tanto a los beneficiarios del exPotenciar Trabajo y como a aquellos que aspiraban a obtener dicha protección.
Casanello rechazó los requerimientos de las defensas y dio por cerrada la etapa de instrucción de una causa que comenzó a construirse en diciembre de 2023 a partir de una serie de denuncias realizadas en una línea telefónica que habilitó para esos fines el ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich.
El juez delegó la investigación del caso en el fiscal Gerardo Pollicita, quien sostuvo que, entre junio de 2020 y marzo de 2024, existió una “matriz delictiva para extorsionar y coaccionar a personas con alta vulnerabilidad social y económica” que habría defraudado al Estado “con la presentación de facturas apócrifas que les permitieron el desvío de fondos públicos por casi 50 millones de pesos”.
Por un lado, en la causa se investigó el desvío de los fondos asignados mediante convenios a talleres y emprendimientos sociales. Esa operatoria incluyó la presentación de facturas truchas –como justificaciones ante el Estado de los gastos– emitidas por presuntas empresas fantasmas ligadas al Polo Obrero, como Rumbos y Coxtex SA..
Además, se investigó la utilización del extinto programa social Potenciar Trabajo como un sistema de premios y castigos que los dirigentes implicados repartían según se asistiera o no a las movilizaciones callejeras impulsadas por la agrupación. En los allanamientos a comedores y cooperativas del movimiento, ordenados al inicio de la investigación, se encontraron listados de control de presentismo y un cuaderno anillado que en su lomo dice “sanciones”.
“Tuve que por lo menos ir un año al comedor y asistir a las movilizaciones para poder acceder al Plan Potenciar Trabajo”, dijo uno de los 7 testigos que declararon en la causa. “A todos los integrantes del comedor nos cobran un 2% del dinero que obtenemos del Plan Potenciar Trabajo y cada 15 días tenemos que pagar 1000 pesos para que nos den las dos raciones de comida que recibo los días que cocino”, sumó.
También forman parte de la prueba numerosas conversaciones vía chat que los referentes mantuvieron entre ellos o con el grupo de beneficiarios a su cargo. “Hola compañer@s paso a recordarles que mañana estaré cobrando las cápitas de potenciar de 8:30 a 14:30″, dice uno de los muchos mensajes que darían cuenta de las extorsiones. “Mañana estaré recibiendo sus aportes de POTENCIAL TRABAJO a partir de las 10:00 am”, dice otro de ellos.
También hubo tres “arrepentidos” que cerraron acuerdos con la fiscalía. Habían sido delegados y dieron fe respecto a la “cápitas” -así llaman al mecanismo de recaudación- y el control de asistencia a las marchas.
Eduardo Belliboni y María Isolda Dotti irán a juicio acusados de fraude a la administración pública, amenazas coactivas y extorsión. Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortiz y Ezequiel Adrián Coego serán juzgados como autores de administración fraudulenta, mientras que Roberto Adrián Albornoz lo será en calidad de partícipe. Gianna Puppo, Elizabeth del Carmen Palma, Jeremías Cantero, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Cynthia Delgado Vilches, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque y Elizabeth Galindo Mamani también serán juzgados cómo cómplices de la maniobra, además de por amenazas coactivas y extorsión.
Gloria Paraguay Estrada y Rossmery Grande Arancibia –integrantes de la agrupación Barrios de Pie– irán a juicio por amenazas coactivas. Sus defensas argumentaron que nada tenían que ver con el resto de los implicados.
Los procesamientos de todos ellos fueron dictados el año pasado por el juez Casanello en una resolución que fue parcialmente confirmada por la Cámara Federal porteña, que agravó la situación judicial de los miembros del Polo Obrero: al delito de administración fraudulenta que ya pesaba sobre alguno de ellos, el tribunal sumó el de amenazas coactivas y extorsión. Fue en línea con lo que solicitaron Pollicita –que apeló la resolución de Casanello– y el fiscal ante la Cámara, José Agüero Iturbe.
“Se verificó -dice el fallo de la Cámara- que los cheques consignados en las facturas presentadas ante el organismo estatal no fueron cobrados por estas personas físicas y jurídicas sino que, y de ahí el desvío indirecto, terminaron acreditados en las cuentas de Rumbos y, por lo tanto, volviendo a la organización”.
“El caso más paradigmático –remarcaron los jueces de la Cámara– es el de la firma Coxtex SA, que se determinó que no tenía sede social ni comercial, carecía de una actividad real y movimientos bancarios, y fue calificada por la AFIP como una usina de facturas apócrifas en el año 2020″.
Las defensas de los dirigentes negaron la existencia de una estructura extorsiva. Afirmaron que el llamado a movilizar era solo un método para organizar reclamos, que no configura ningún delito, y que los fondos recaudados se utilizaban solo a los efectos de comprar mercadería para los comedores. A su vez, sostuvieron que el Polo Obrero hizo la rendición en tiempo y forma de todos los fondos recibidos a través de los convenios, además de haber entregado toda la documentación correspondiente.
Por eso, afirmaron que nunca se traicionó el sentido de los convenios, que todas las contraprestaciones fueron ejecutadas y que el Estado no vio disminuido nunca su patrimonio.
Sostuvieron también que las agrupaciones sociales no podían reducir ni agrandar las listas de beneficiarios y que la causa se construyó sobre la base de una denuncia anónima.
El ministerio de Capital Humano se presentó como querellante en el expediente porque con el rediseño del Gabinete, quedó dentro de la órbita de Sandra Pettovello Desarrollo Social, la repartición a cargo del reparto de los planes sociales y presunta damnificada del desvío de los fondos.
Belliboni hizo su descargo en redes. “Casanello elevo a juicio una causa escandalosamente fraudulenta. Proceso irregular, ilegal y violatorio de derecho de defensa, persecución política descarada impulsada por Milei, Bullrich y Pettovello. Vamos a juicio a demostrar nuestra inocencia y presentar las pruebas que él nos negó”, publicó en X.
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