Con aval de CGT, evalúan postergar las paritarias a cambio de una suba por decreto

Claudio Omar Moroni, el ministro de Trabajo que oficializará hoy el presidente electo Alberto Fernández, trabaja con los gremios de la CGT y empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA) en un acuerdo de precios y salarios que contempla la postergación momentánea de las paritarias de 2020 a cambio de un aumento universal y no remunerativo por decreto para los trabajadores registrados bajo convenio.

La iniciativa, confirmada a LA NACION por fuentes inobjetables de los tres sectores, apunta en el corto plazo a bajar la expectativa inflacionaria y reducir la brecha salarial que se acentuó en algunas actividades a partir de la devaluación y los coletazos de la crisis económica. También a un intento de reactivar el consumo interno.

El monto del aumento está todavía bajo análisis, aunque entre los gremialistas y los empresarios circula una cifra que oscilaría entre los 6000 y los 10.000 pesos. El pago sería en cuotas y a cuenta de futuros ajustes. Se trata de un mecanismo similar al que apeló Néstor Kirchner en 2003, cuando impulsó subas por decreto y al año siguiente reestableció las paritarias sectoriales, que habían sido suspendidas durante el menemismo.

"Primero queremos conocer qué sucederá con la macroeconomía antes de avanzar en este tipo de acuerdos. Pero es cierto que se está evaluando un aumento de estas características para los trabajadores bajo convenio. Sería a cuenta y en cuotas, pero todavía no está definido", dijo Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA y una de las voces empresarias autorizadas en la negociación tripartita.

En la CGT, en tanto, el debate está instalado desde hace algunas semanas, pero se reflotó anteayer en un encuentro de la denominada mesa chica. "Lo estamos conversando con Moroni y con la UIA", reconoció un jerárquico de la central obrera.

El futuro ministro de Trabajo admitió el rumbo de las conversaciones y dijo que antes de anudar cualquier trato debería revisar las paritarias que están aún vigentes para evitar superposiciones y definir el mecanismo de instrumentación. Moroni lo dijo ayer en su debut público como jefe de la cartera laboral, en el acto de asunción de las nuevas autoridades del gremio de la AFIP, que quedó en manos del moyanista Pablo Flores.

Moroni imagina dos medidas de inmediato: la convocatoria a una mesa de negociación a empresarios y sindicalistas que anticipe la creación por ley del Consejo Económico y Social, y un compromiso a recomponer los salarios y las jubilaciones. ¿Cómo se haría? Nadie descarta que la emisión de moneda sea hoy el atajo más sencillo a pesar del riesgo inflacionario.

En las conversaciones informales que tuvo el futuro ministro con diferentes actores surgió una novedad que llevó alivio a los empresarios: desestimó cualquier intento de impulsar un proyecto de ley que blinde el empleo, como fijar una doble indemnización. "No es garantía de nada", le habría dicho a uno de sus interlocutores.

Puentes con Moyano

La presencia de Moroni el acto del gremio de la AFIP sirvió de excusa perfecta para tender un puente con Hugo Moyano. Si bien el jefe camionero se ausentó para atender supuestamente un conflicto de la compañía postal OCA, envió a su hijo Hugo Antonio y al canillita Omar Plaini para acercar posiciones con el funcionario. Desde ambas orillas se observan aún con desconfianza.

Del lado de Moyano objetan directamente la designación del ministro, a quien emparentan con el sector de "los Gordos", cuyo referente es Héctor Daer, el interlocutor sindical que privilegiará Fernández. Pero además desde el moyanismo cuestionan los nombres que se barajan para las otras áreas de la cartera laboral. El número dos de Moroni podría ser el diputado massista Raúl Pérez mientras que el secretario de Empleo, otro cargo clave en la estructura, sería para Alberto Tomassone, uno de los abogados del Sindicato de Empleados de Comercio que lidera Armando Cavalieri, eterno rival del camionero.

Del lado de Moroni, en tanto, relativizan la falta de diálogo y contacto con Moyano, y toman distancia del conflicto de OCA, que quizá sea hoy el que más preocupa al jefe camionero. Para Moroni, lo de la empresa postal debe ser resuelto por la AFIP, ya que lo considera un problema impositivo más que gremial. En OCA, que tendría una deuda con el fisco de unos $7000 millones, se desempeñan 6300 afiliados a camioneros.