Facturas sospechosas: investigan la relación entre la AFA y proveedores de “ficción jurídica”
La última presentación de la ARCA tiene bajo la lupa a dos grupos de empresas; el cruce de datos que llevó a la nueva embestida judicial del Gobierno contra la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia
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En una presentación de 58 páginas que entregó este jueves a la justicia, el Gobierno, a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), arremetió por segunda vez en 40 días contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La presentación fue el resultado de cruces de datos con bases de contribuyentes no confiables del organismo e intercambio de notificaciones entre la ARCA y la AFA. En la Casa Rosada no dudan en considerar que el material terminará en una de las “principales denuncias” contra la cabeza del fútbol argentino.
Este nuevo escrito de la ARCA puso en la mira el uso de facturas presuntamente apócrifas con un monto estimado en más de $376 millones, aunque en el mismo texto se aclara que no es la cuantificación final, por lo que podría ascender aún más.
La presentación contempla 15 anexos, uno por cada empresa proveedora. La documentación a la que tuvo acceso LA NACION divide en dos grupos a las sociedades sospechosas: uno de “ficción jurídica” y otro en el que las autoridades del fisco resaltan la discrepancia entre el nivel de facturación y sus acreditaciones bancarias.
La detección de esos proveedores se dio en el marco de un proceso interno del organismo y fueron llevados por la ARCA ante el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, en las últimas horas.
Amarante ya tenía en su despacho de los tribunales de la avenida de los inmigrantes, la primera denuncia de ARCA contra la AFA. Esa primera denuncia fue realizada el 12 de diciembre último, por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, con un perjuicio fiscal de $7.593.903.512.
En el marco de ese expediente, a comienzos de esta semana Amarante aceptó a la ARCA como querellante. Lo que significó una victoria para el Poder Ejecutivo, que podrá formar parte del expediente activamente y pedir medidas de prueba, así como un duro revés para la cabeza del fútbol, Claudio “Chiqui” Tapia.
“Facturas apócrifas”
En la presentación realizada este jueves, se apunta a que la AFA es “usuaria de facturas apócrifas” y que existen coincidencias en los períodos fiscales que se denunciaron “oportunamente”, en referencia a la presentación hecha en diciembre. Esos períodos van de 2023 a 2025.
Los anexos de la presentación, que incluyen detalles sobre cada una de las 15 sociedades sospechosas, repiten una frase: “Del análisis de los antecedentes colectados se concluye que se habrían reunido elementos suficientes y necesarios que permitirían inferir la apocrificidad de las operaciones correspondientes a los períodos fiscales supra detallado, pagadas por la Asociación del Fútbol Argentino, respecto de la proveedora analizada”.
LA NACION contactó a la AFA, pero al momento de publicación de esta nota no fueron respondidas las consultas realizadas sobre la posible apocrificidad de las operaciones bajo la lupa del fisco.
Si bien la AFA ocupa el centro de la presentación realizada por ARCA, gran parte de la documentación se dedica a describir a empresas que le emitieron comprobantes a la entidad presidida por Tapia. Las características de esas sociedades -domicilios supuestamente inexistentes o discrepancias entre los montos facturados y sus estructuras operativas -son el principal argumento utilizado por el fisco para inferir una posible apocrificidad en las operaciones entre ellas y la casa madre del fútbol argentino.
Los anexos detallan dos grandes grupos dentro de las 15 sociedades sospechosas. Siete de ellas están agrupadas en una “ficción jurídica”, tal como plantea la documentación. ¿Por qué? Tienen accionistas y autoridades declaradas en común y, en simultáneo, “carecen de sustancia económica real”.
Dentro de este grupo se encuentran sociedades como Maxstore SA. Cuando los sabuesos del fisco se dirigieron a su domicilio no encontraron a nadie allí, pero el encargado del edificio indicó que “el departamento en cuestión es utilizado para alquileres temporarios a través de la plataforma AIRBNB”, tal como se lee en la documentación. Esta firma le emitió comprobantes a la AFA por un total de $23.500.000 entre el 13 de enero de 2023 y el 9 de febrero de 2024, según los documentos de ARCA.
De acuerdo con la presentación, esta sociedad sospechosa posee dos accionistas. Una de ellas también tiene participación en otra de las sociedades sospechosas, llamada Holdembrog SA.
Otro caso dentro de este primer grupo de sociedades sospechosas es el de Central Hotel SRL. “Pese a estar la proveedora inscripta en actividades declaradas, como servicios de hotelería y servicios de publicidad, el concepto facturado a la Asociación del Fútbol Argentino fue de ‘obras realizadas en el predio Ezeiza’, concepto que no puede vincularse con dichas actividades”, consideró el fisco. Esta empresa le emitió comprobantes a la entidad de la calle Viamonte por un total de $9,6 millones distribuidos en dos fechas: 11 de noviembre y 1 de diciembre de 2023, según indica la documentación.
La telaraña de relaciones dentro del grupo de sociedad catalogado como de “ficción jurídica” se completa con los sujetos que forman parte de Central Hotel SRL. Se trata de dos mujeres. La primera de ellas también aparece en Belesan y Mosili; la segunda está vinculada a las firmas Gramez y Ninapey, de acuerdo con documentos comerciales.
Discrepancias
El segundo grupo de sociedades sospechosas lo componen las ocho firmas restantes, cuyo denominador común -según la presentación de ARCA- es la discrepancia entre su nivel de facturación, acreditaciones bancarias y estructura operativa (empleados declarados y bienes registrables a su nombre).
La documentación elaborada por el fisco destacó algunos casos. Uno de ellos es el de ID Constructora SRL, cuyo nivel de facturación en el período 2023 alcanzó los $2904 millones, mientras que sus acreditaciones bancarias ascendieron a 419.943 pesos. Algo similar se observa con la firma Meroka, cuya facturación marcó $561.918.416,07 y sus acreditaciones bancarias, $67.738.234. Las observaciones de ARCA también mencionaron a Albamonte Construcciones SRL, en relación a un “incremento excepcional” del volumen de su facturación en 2023 que “carece de respaldo fáctico”.
La información que dio pie a la presentación salió de “tareas de fiscalización” de la ARCA, en las que se constató que la AFA realizó pagos vinculados a operaciones registradas a 15 (quince) proveedoras que revisten el carácter de apócrifas”.
Por un procedimiento administrativo que fue detectando irregularidades, la ARCA notificó a la AFA el pasado martes 20 de enero sobre lo detectado y le dio un plazo de 15 días, que comienza a correr a partir del 2 de febrero, para que aporte las pruebas que hagan a su defensa. Fue con “la finalidad de conmover la convicción administrativa”, según se consigna en el documento. En la Casa Rosada no tienen dudas de que la AFA no podrá justificar lo que se le exige y que el caso escalará judicialmente.
El procedimiento interno en la ARCA data de meses atrás y se dio después de varios cruces entre el organismo y la cabeza del fútbol local, a través de notificaciones, en las que la primera cuestionaba irregularidades detectadas, como las “salidas no documentadas” de dinero, y la AFA manifestaba su disconformidad con la liquidación que le fuera practicada.
Hasta que el 19 de diciembre, una semana después de la primera denuncia, ARCA notificó nuevamente la liquidación practicada al domicilio fiscal electrónico de la AFA y el 2 de enero de 2026, la entidad que preside Tapia insistió con su disconformidad. La fiscalización remitió las actuaciones a la División Revisión y Recursos de Grandes Contribuyentes, lo que dio inicio al procedimiento determinativo de oficio,
El área de investigación realizó cruces sistémicos sobre las bases de datos del organismo, advirtiendo la existencia de otras facturas consignadas a nombre del contribuyente AFA “que fuera emitida por proveedores incluidos en la base de contribuyentes “no confiables”, distintos de los identificados en la fiscalización anterior, lo que agravó más la situación.
“Dentro de las tareas de investigación se pudo cuantificar en forma preliminar el importe del impuesto determinado en concepto de Impuesto a las Ganancias- Salidas No Documentadas”, que asciende a más de $376 millones. Aunque en el escrito se aclara que “podrá arribarse a una cuantificación efectiva”, una vez concluido todo el procedimiento en curso.
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