Un mes después, el impuesto a la riqueza todavía no se implementó

El 5 de diciembre el kirchnerismo se impuso con 42 votos y lo convirtió en ley. El 18 de ese mes, la ley 27.605 se publicó en el Boletín Oficial. A casi un mes de su promulgación, el Aporte Solidario y Extraordinario, la iniciativa de Máximo Kirchner para recaudar fondos para enfrentar la pandemia, conocido como el impuesto a las grandes fortunas aún no se ha implementado.

La ley grava patrimonios superiores a los $200 millones y pretende recaudar unos $300.000 millones. Desde un principio, el impuesto fue cuestionado por empresarios y expertos tributarios por considerarlo un obstáculo para emprendedores e inversores. La oposición también aportó este argumento y advirtió que se trataba de un "impuesto confiscatorio" mientras que el oficialismo sostuvo que solo afectará a un universo acotado de contribuyentes "privilegiados" que harán una "contribución extraordinaria al Estado" para la lucha contra el coronavirus.

Fuentes cercanas a la actual titular de la AFIP Mercedes Marcó del Pont, declararon a LA NACION que hasta el momento no ha habido noticias y a pesar de que no pueden precisar cómo se va a implementar, cómo será el mecanismo de recaudación o a cuantas personas afectará. Explicaron que el organismo aún no ha intervenido ya que están esperando reglamentación del ministerio de Economía que llegaría la semana próxima.

Al consultar con el ministerio, fuentes que pidieron ser preservadas, aclararon que en la reglamentación "lógicamente" hay aportes técnicos desde la cartera económica, pero depende de la AFIP. La reglamentación luego debe enviarse a la Secretaría Legal y Técnica, institución a cargo de Vilma Ibarra. Ni el equipo ni el diputado Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados y que fue impulsor de la ley, quisieron explicar cuáles son las razones de la demora.

"Yo creo que la reglamentación esta demorada porque la ley no dice muchas cosas que inevitablemente tienen que determinar", dijo el Dr. César Litvin, reconocido tributarista. La ley "tiene ausencia de normas específicas" respecto a los elementos esenciales que debe contener un impuesto. Sin embargo, advirtió que se trata de "una línea delgada" ya que la reglamentación no puede ir más allá de la ley.

En primer lugar, Litvin explicó que la fecha en la cual la ley comenzó a regir, 18 de diciembre, complejiza la liquidación del impuesto. Aquel día, se debe tomar una "foto" del patrimonio de los contribuyentes para determinar si superan los $200 millones y serán alcanzados por el impuesto. El problema radica en que se trata de un "corte especial" según el experto ya que la mayoría de los bancos y especialmente los del exterior lo realizan a fin de mes, por lo que cada contribuyente deberá armar la base de liquidación "artesanalmente".

Por lo tanto, tampoco se sabe aún a quienes alcanzará. Fuente de la AFIP declararon que el último número con el que cuentan es 12.000 personas,la estimación que había aportado la directora del organismo recaudador Mercedes Marcó del Pont en una exposición ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado. Sin embargo, dichas estimaciones fueron realizadas en base a las declaraciones juradas presentadas para el período fiscal 2019. El doctor Litvin cree que serán muchos más y la cifra probablemente se eleve a cerca de 30.000 personas. "El tipo de cambio varió muchísimo, lo cual implica no solo que abarcará a más gente, sino que quienes ya estaban pagarán más", agregó.

Según el comunicado oficial, el impuesto alcanzará a las personas residentes en la Argentina "por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior" como así también a personas de nacionalidad argentina cuyo domicilio o residencia se encuentre en "jurisdicciones no cooperantes" o "jurisdicciones de baja o nula tributación." Sumado a esto, las personas residentes en el exterior lo pagarán por la totalidad de sus bienes en el país.

Existe la opción de repatriación de ciertos bienes, a pesar de que por la brecha cambiaria no es probable que los contribuyentes la elijan, establece un plazo de 60 días contabilizados a partir de aquel 18 de diciembre. "El tiempo corre, pero la reglamentación no ha venido. Yo creo que será una misión imposible para la AFIP", dijo el profesor de la UBA. Se refiere a que aún no se sabe mediante qué facultades o atribuciones podrán intimar a los ciudadanos. Litvin especificó que será muy difícil identificar a aquellos residentes fiscales que se han ido de la Argentina durante este año como así también a aquellos con nacionalidad que han emigrado hace varios años a lugares de baja carga porque ya no son contribuyentes.

La ley tampoco aclara cómo se determinará la base imponible. Esta puede variar según la fecha en que las empresas cierran sus estados contables como así también por el tipo de balance que tendrán en cuenta. Ambas variables tienen muchísima incidencia en la cuantificación del impuesto. El tributarista sospecha que son todas estas razones las que hacen que la reglamentación se encuentre demorada.

Probablemente sean muchos contribuyentes los que buscarán judicializar la medida. Este aporte grava todo lo que esta exento en el impuesto bienes personales y al sumar ambos impuestos "se trata de un 7,5% lo cual es exorbitante. Es muy posible que esa alícuota produzca la confiscatoriedad del impuesto porque afecta el derecho de propiedad garantizado constitucionalmente", agregó Litvin.

Por lo tanto, no solo no se ha empezado a recaudar, sino que ni siquiera es posible determinar a quienes afectará y de qué manera. Aquel 20% establecido para la compra y/o elaboración de equipamiento medico ya no parece ser tan urgente. Fuentes del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), quienes según la ley recibirán un 15% de lo recaudado, dijeron a LA NACION que esperan el cobro en Junio.

Por Lucila Marin

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