Imputaron a D’Onofrio por fraude, asociación ilícita, enriquecimiento y cohecho en el caso de las fotomultas y la VTV

El fiscal platense Álvaro Garganta imputó al exministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires Jorge D’Onofrio como partícipe necesario de los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y como autor del delito de cohecho pasivo. Las acusaciones que formalizó Garganta se inscriben en la causa que investiga una trama de posibles gestores que eliminaban multas de tránsito a cambio del pago de un porcentaje de la infracción y, en paralelo, sospechas de direccionamiento en la adjudicación de concesiones de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Junto al exfuncionario, fueron imputadas otras 15 personas.

D’Onofrio asumió como ministro de Transporte de la gestión de Axel Kicillof en diciembre de 2021 y renunció en diciembre de 2024, con el caso de las fotomultas y la VTV en plena ebullición.

Según la resolución de Garganta (titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº11, de La Plata), D’Onofrio resulta partícipe necesario en un hecho que involucró a funcionarios del ministerio provincial a su cargo. “Valiéndose de las potestades propias de su función (fundamentalmente del acceso al Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito) actuaron en connivencia con terceros ajenos a dicho organismo, quienes captaban como ‘gestores’ a deudores de infracciones de tránsito ofreciéndoles reducciones del 50% del monto adeudado, apropiándose de un monto remanente”, escribió el fiscal.

La Fiscalía sostuvo que la maniobra se produjo “sin respetar el debido proceso legal y con el consiguiente perjuicio para las arcas municipales y provinciales”. Y concluyó que “dichos funcionarios públicos se pusieron de acuerdo para cometer delitos de forma indeterminada y, en el ejercicio de sus funciones, se habrían enriquecido ilícitamente aumentando considerablemente sus patrimonios”. La maniobra que se investiga habría comenzado, según la imputación, el 3 de enero de 2022. El caso se inició por una denuncia realizada en octubre de 2023.

El delito de cohecho pasivo que el fiscal le imputa a D’Onofrio en carácter de autor se inicia, según la investigación, en mayo de 2023. “Habrían ocurrido irregularidades en el procedimiento de adjudicación de las concesiones para la explotación del servicio de Verificación Técnica Vehicular, las que habrían sido otorgadas a siete empresas que previamente habrían contratado (por una excesiva comisión del 8,5% más IVA del valor total de cada pago realizado) los servicios de la empresa ‘Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A.‘, en la que tendrían participación societaria -interpósita persona- los funcionarios del Ministerio de Transporte investigados”, escribió Garganta en su resolución, a la que accedió LA NACION.

“Asimismo, surge que las vinculaciones irregulares entre funcionarios del Ministerio de Transporte y Sebastian Desio [titular de Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica] se ampliarían a la locación del inmueble donde actualmente se erige la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte, ubicado en calle 6 entre 44 y 45 de La Plata”, se añadió en la decisión judicial.

Garganta oficializó ayer la imputación contra D’Onofrio. El martes, en una causa vinculada que lleva el juez federal de Campana Adrián González Charvay, se allanó una financiera en la city porteña y se secuestraron 205 millones de pesos argentinos, 425.000 dólares, 4600 euros y 112.000 reales. Otro allanamiento resonante por el caso se produjo en el Sheraton Pilar, donde también funcionaba una financiera investigada por esta misma trama.

En el caso de las fotomultas, el exjuez de faltas Mario Quattrochi fue imputado como autor de los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados. Es investigado en la trama por su participación en el registro y procesamiento de las infracciones sospechadas. En el expediente que investiga Charvay, se lo menciona como socio de Claudia Pombo, una concejala de Pilar que es de extrema confianza de D’Onofrio y también fue imputada por Garganta (en calidad dé partícipe necesaria de los delitos que también se le endilgan a Quattrochi).

El resto de los imputados como partícipes necesarios de fraude, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito en el esquema de las fotomultas son Pablo Sanguinetti (exdirector provincial de Política y Seguridad Vial); Tomás Uthurriague (exdirector de Informática); Ariel Morosini (empleado del Juzgado de Faltas provincial de La Plata); Evangelina Guerra (secretaria del Juzgado de Faltas provincial), y Martina Risso (secretaria del Juzgado provincial de Faltas).

Por las concesiones de la VTV, fueron imputados como coautores de cohecho activo los presidentes de las empresas que se encargan de las plantas verificadoras en las distintas zonas de servicio en que se divide la provincia de Buenos Aires: Aitor Aguado (Applus Iteuve, que administra las zonas 4, 6, 10 y 11), Martín Serrano (VTV Norte, zonas 2 y 3), Germán Rebolo (SGS Argentina, que maneja las zonas 1, 8, 13 y 14), Germán Jorge Neuss (VTV Sud, concesionaria de la zona 7), Juan Pablo Esculich (Carpes All, zona 12), Leonardo Sclafani (VTV Noroeste, a cargo de la zona 15), y Juan Manuel Funes Bige (SIA, firma que se encarga de las zonas 5, 9 y 16).

Como partícipe necesario de cohecho pasivo fue imputado Desio, el titular de la empresa encargada de brindar turnos y otros servicios informáticos a las concesionarias de la VTV. Desio es señalado como un hombre cercano a D’Onofrio en Pilar. Su firma cobra el 8,5% más IVA de cada verificación (cuesta $60.000 la de la categoría más baja de automóviles).

D’Onofrio, un dirigente que estuvo alineado históricamente con Sergio Massa, con base territorial en Pilar, fue funcionario del gobierno Kicillof hasta fines del año pasado, cuando dejó el cargo con una renuncia tras meses de noticias judiciales adversas. El massismo le había soltado la mano. El Frente Renovador retuvo el lugar de D’Onofrio en el gabinete bonaerense, al asumir en su reemplazo Martín Marinucci, un dirigente de Morón que también integra las filas de Massa.

En la misma causa, Garganta hizo una imputación por el delito de exacciones ilegales agravadas, en carácter de partícipe necesario, contra Bernardino Antonio García (presidente de la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina). Según la pesquisa, esa cámara “habría facturado de modo irregular y sin la correspondiente autorización legal el importe producido por las infracciones de tránsito constatadas por 155 cinemómetros de su propiedad”. La semana pasada, la sede de la cámara fue allanada.

Por Javier Fuego Simondet

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