Una decisión que pone a la Corte ante un fallo crucial

El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, hizo uso ayer de una de las dos únicas facultades que le dejaron para convocar a una reunión extraordinaria del más alto tribunal de justicia del país, que deberá debatir y resolver el caso de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Rosenkrantz tomó una decisión disruptiva y excepcional después de varias semanas de indefiniciones de la Corte. El cuerpo, que le quitó a Rosenkrantz casi todas las atribuciones históricas del presidente de la Corte, se reunirá el martes, según la convocatoria de su titular, para decidir sobre la suerte de los jueces destituidos por una veloz colusión entre el Senado y el Poder Ejecutivo. El Senado les rechazó el acuerdo y, pocas horas después, Alberto Fernández firmó un decreto que devolvió a esos jueces a los lugares donde estaban antes de ocupar sus actuales funciones. Bruglia y Bertuzzi habían juzgado y procesado a Cristina Kirchner. Castelli integra el Tribunal Oral Federal número 7, que debe juzgar a la expresidenta por la causa de los cuadernos, la investigación periodística y judicial que se inició con los cuadernos en los que un chofer, Oscar Centeno, tomó nota de cómo, cuándo y quiénes recibían y entregaban sobornos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Ayer circularon versiones sobre el porqué de la decisión de Rosenkrantz. La más insistente sostenía que el presidente de la Corte, que votó muchas veces en solitario, buscaba exponer a los jueces del tribunal que se negaran a asistir al encuentro o votaran en contra de la protección de los magistrados damnificados. Sin embargo, varias fuentes que conocen a Rosenkrantz señalaron que este lo hizo porque nunca perdió la esperanza de conseguir que tres jueces de los cinco que integran la Corte coincidieran en defender la estabilidad de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. De todos modos, Rosenkrantz demostró otra vez que no es un juez habitual de la Corte, donde sus miembros negocian y acuerdan por lo general gran parte de las decisiones que toman. Cansado ya de esperar que tres jueces supremos se pongan de acuerdo sobre si aceptarán o no el pedido de per saltum de los magistrados destituidos, Rosenkrantz dio ayer un golpe sobre la mesa haciendo uso de una de las dos atribuciones que le dejaron: convocar a reuniones extraordinarias del cuerpo. La otra es la importante pero infructuosa misión de representar al tribunal en actos protocolares. Ninguna fuente de la Corte pudo responder si Rosenkrantz conversó esa decisión con algún o algunos miembros del tribunal.

En principio, no sería difícil para la Corte reunir a tres jueces que voten a favor de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. La Corte dictó en 2018 la acordada 7 en respuesta a un pedido de aclaratoria que le formuló el exministro de Justicia Germán Garavano. El extitular de Justicia se refería específicamente al caso del juez Bruglia; le pidió al máximo tribunal que aclarara en qué condiciones un juez podía ser trasladado sin necesidad de un nuevo acuerdo del Senado. De hecho, todos los jueces, estén donde estén, tienen ya un acuerdo de la Cámara alta. En respuesta a Garavano, la Corte señaló que los jueces que tienen jerarquía y jurisdicción similares no deben pasar otra vez por el Senado. Bruglia, Bertuzzi y Castelli venían de tribunales similares y tenían igual jurisdicción, porque reconocían al mismo tribunal de alzada, en sus viejos y en sus actuales cargos, que es la Cámara de Casación, la máxima instancia penal del país. La acordada 7 fue firmada por los jueces supremos Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. Las firmas de Rosenkrantz y de Elena Highton de Nolasco no eran necesarias, porque ellos habían señalado en una acordada anterior, la 4, aunque en minoría, que se puede trasladar hasta los jueces de un tribunal oral ordinario a uno federal sin pasar de nuevo por el Senado. Desde ya, Rosenkrantz tiene jurisprudencia propia que podría ser aplicada en defensa de los tres jueces destituidos.

No ha trascendido la posición de Lorenzetti, aunque versiones periodísticas se ocuparon de señalar en los últimos días que todo empezó en la Corte cuando él fue reemplazado en la presidencia del cuerpo por Rosenkrantz. Una manera de subrayar que el máximo tribunal solo funcionaría bajo la tutela de Lorenzetti. El expresidente de la Corte votará según hacia dónde se vuelque la mayoría del tribunal. Nunca votó en solitario y muy raras veces, muy pocas en verdad, formó parte de la camada perdidosa en la Corte. No obstante, su aversión a la gestión de Rosenkrantz podría hacerlo borrar con el codo lo que escribió con la mano. Nunca olvidó el pasmo de la mañana en la que una mayoría del cuerpo (Rosatti, Highton de Nolasco y el propio Rosenkrantz) lo notificaron de que, después de 11 años de presidente del cuerpo, su tiempo había terminado.

Aquellas versiones atribuían también a Rosatti, Maqueda y Highton de Nolasco una permanente relación con el Gobierno. Esos rumores son inexactos, como lo es también que Maqueda esté pendiente de la opinión del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, para decidir su voto. Maqueda tenía una vieja relación personal y política con el exgobernador de Córdoba José Manuel de la Sota, no con Schiaretti. Pero tampoco sus votos como juez dependían de la opinión de De la Sota, según lo demostró en varias sentencias que llevan su firma. Maqueda tiene una vieja relación personal con Alberto Fernández, pero el mejor momento de esa relación ocurrió cuando el Presidente estaba sin cargos políticos. El juez de la Corte tuvo fuertes discrepancias con Cristina Kirchner cuando esta era presidenta. Aunque se conocen desde que los dos eran legisladores, esa relación no se recompuso nunca. Quienes frecuentan a Maqueda aseguran que él nunca firmaría una sentencia que fuera contradictoria con su propia jurisprudencia. Rosatti no tiene trato frecuente con el Gobierno, como se dijo, y él también firmó la misma acordada que suscribió Maqueda, en la que se homologan de hecho los casos de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Sería extraño que Rosatti hiciera una interpretación distinta de su propio voto de hace apenas dos años. No es esa clase de juez.

Highton de Nolasco firmó la acordada 4 que le serviría para proteger a los jueces desplazados. Sin embargo, la situación de esa jueza es muy frágil. Cumplió hace dos años los 75 años constitucionales, cuando debió jubilarse según lo estipuló la reforma de la Constitución de 1994. Buscó entonces (y consiguió) una cautelar que la mantiene en el cargo, a pesar de que sus propios colegas en la Corte dictaminaron que todos los jueces se deben jubilar a los 75 años para cumplir con el mandato constitucional. Ella siempre reconoció que su lugar en la Corte se lo debe a Alberto Fernández, entonces jefe de Gabinete, y a Marcela Losardo, actual ministra de Justicia. Fue comprensiva del gobierno de Mauricio Macri; es comprensiva de la administración de Alberto Fernández.

Es raro, pero uno de los jueces damnificados ahora, Pablo Bertuzzi, fue trasladado por un decreto de la entonces presidenta Cristina Kirchner, idéntico a los decretos de Macri que trasladaron a los jueces Bruglia y Castelli. Alberto Fernández debió derogar los decretos de Macri y también el de Cristina, aunque a este se lo tapó con un manto de reserva. Los senadores peronistas que rechazaron indebidamente el acuerdo de los tres jueces criticaron durante horas a Macri, culpable de todas las tragedias que hay, hubo y habrá en este país. No dijeron nada del decreto de Cristina, que estaba sentada en el altar del Senado.

De todos modos, el principio fundamental que deberán tener en cuenta los miembros de la Corte es el de la inamovilidad de los jueces. Es un principio rector del Estado de Derecho y de la vigencia de los derechos humanos. La inamovilidad garantiza otro principio: el del juez natural, que protege las garantías y las obligaciones constitucionales. Los jueces supremos no son indiferentes al estado de la opinión pública y saben que las cacerolas del sábado pasado sonaron también para ellos. Más allá de las luchas internas dentro de la Corte, y de las disputas entre oficialismo y oposición, la disrupción que provocó ayer Rosenkrantz obliga a la Corte a debatir sobre principios institucionales básicos en un país asediado por otras crisis.

Por Joaquín Morales Solá

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