La concejal de Quilmes procesada por el ataque a la casa de Espert denunció persecución política en un foro internacional de Derechos Humanos
Eva Mieri acusó al gobierno de Milei de aplicar “terrorismo de baja intensidad”; está procesada por incitación al odio contra José Luis Espert
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La presidenta del Consejo Deliberante de Quilmes, Eva Mieri, denunció terrorismo de estado de baja intensidad y persecución política durante su participación en un foro de derechos humanos de las Naciones Unidas, esta semana. La concejala está procesada, entre otros delitos, por “incitación al odio” a raíz del ataque a la casa del diputado nacional José Luis Espert.
“Quiero aprovechar este encuentro para alertar sobre la grave situación institucional que vivimos en Argentina donde hay un terrorismo de baja intensidad que amenaza a la libertad de expresión y la participación política de dirigentes, periodistas y ciudadanos que se expresen en desacuerdo al gobierno nacional”, sostuvo Mieri, según consigna en una transcripción del discurso a la que pudo acceder LA NACION.
Mieri volvió ayer de su viaje a Ginebra, Suiza, donde compartió un evento sobre derechos humanos y gobiernos locales con otros alcaldes, académicos y representantes de la sociedad civil. La jueza Sandra Arroyo Salgado, a cargo de la investigación por la vandalización del domicilio de Espert, había autorizado su salida del país entre el 20 y 24 de julio, conforme se había previsto antes del incidente en la casa del diputado nacional.
Según explicaron en el gobierno de Quilmes, la concejala concurrió al evento en representación de la intendenta Mayra Mendoza, quien debía exponer sobre las políticas de género, ambiente y derechos humanos que se adoptaron durante su gestión municipal. El cierre de listas bonaerense del sábado impidió que la mandataria local -que integra la lista de candidatos de Fuerza Patria en la tercera sección electoral- pudiera asistir.
“Eva [Mieri] expuso acerca de la realización de los derechos económicos, sociales y culturales a través de los servicios públicos locales”, respondió a LA NACION Mendoza, quien también aclaró que el viaje no estuvo financiado ni por la municipalidad ni por el Consejo Deliberante local. “Nos parecía importante la presencia del municipio allí, para llevar la posición de nuestro gobierno tanto en materia de gestión en derechos humanos como nuestra mirada política acerca de lo que venimos denunciando en cuanto a los déficits institucionales que padece Argentina”, continuó.
En este contexto, además de detallar las medidas impulsadas a nivel municipal, la concejala aprovechó la ocasión para cuestionar al presidente Javier Milei por los recortes presupuestarios que -según manifestó- dificultan la implementación de “políticas de inclusión y justicia social” a nivel local. “Los municipios de Argentina no tenemos autonomía financiera y dependemos de la voluntad política del Ejecutivo Nacional, el cual desde 2024 ha atacado y discontinuado todas las iniciativas vinculadas a garantizar y ampliar derechos a la ciudadanía”, expresó.
En su alocución también acusó a la administración libertaria de ejercer “terrorismo de baja intensidad” en línea con lo planteado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner luego de que el mandatario de Brasil Lula Da Silva la visitara en prisión domiciliaria. “Argentina vive una auténtica deriva autoritaria de la mano del Gobierno de Milei, en lo que podemos identificar como terrorismo de baja intensidad”, había escrito en X la titular del Partido Justicialista en aquella oportunidad.
MISERIA PLANIFICADA Y TERRORISMO DE ESTADO DE BAJA INTENSIDAD.
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 3, 2025
HOY RECIBIMOS AL COMPAÑERO @LulaOficial en mi casa, donde estoy bajo detención domiciliaria por decisión de un Poder Judicial que hace tiempo dejó de disimular su subordinación política y se convirtió en un partido… pic.twitter.com/4WgdyeZdrP
Ahora, en la cumbre de las Naciones Unidas, Mieri ratificó este planteo: “Provengo de una Argentina en la que el pacto democrático se rompió. Construido desde la recuperación de la democracia en 1983 -tras la última dictadura cívico militar- tiene en Milei al último y más grave eslabón de un proceso de degradación política, económica y social y que nos está arrastrando en una espiral descendente de violencias y empobrecimiento, donde más del 50% de la población está por debajo de la línea de pobreza”.
Y, según figura en la transcripción, continuó: “Se está utilizando el aparato estatal para infundir miedo y neutralizar a la oposición, para acallar la respuesta social al desastre económico y social que el proyecto de Milei está llevando a cabo en Argentina”.
El discurso de Mieri se dio a menos de una semana de que Arroyo Salgado la procesara, en el marco de la causa por el ataque con estiércol a la casa de Espert, por un delito similar al que ella misma denuncia: “incitación a la persecución u odio contra una persona a causa de sus ideas políticas”. Se la investiga también por “atentado contra el orden público”, “amenazas agravadas”, “falsificación, alteración o supresión de la numeración de un objeto registrado” y “malversación de caudales públicos”.
Por este incidente, Mieri estuvo detenida durante 13 días en el penal de Ezeiza. El martes pasado, la Cámara Federal de San Martín, ordenó su excarcelación.
Ante la consulta de LA NACION, Mendoza negó que se haya reconsiderado la participación de la concejala en la cumbre de la ONU luego del incidente en la casa de Espert y la apertura de la causa judicial en su contra y destacó que relevarla ocasionalmente en sus funciones es parte de su trabajo como intendenta interina.
“Mieri es intendenta interina de Quilmes, que es como se denomina institucionalmente al concejal que reemplaza al intendente o intendenta en sus funciones cuando así se lo requiere. La decisión de que ella asista a este evento en mi lugar fue tomada antes del hecho”, especificó. “La decisión ilegal, ilegítima e injusta de Arroyo Salgado sobre la concejala no invalida eso”.
Y concluyó: “Eva está procesada, pero ello no le quita su condición de inocente, la que solo se pierde hasta la existencia de sentencia firme, pasada en autoridad de cosa juzgada y siempre que esté basada en la legalidad y no en política”.
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