La Defensoría del Pueblo lleva ocho años acéfala y el Congreso dilata una definición

Ni la presión del Poder Judicial, de organizaciones de la sociedad civil y de organismos internacionales de derechos humanos parece despertar la voluntad política de los integrantes del Congreso de cumplir con el mandato constitucional de designar un defensor del pueblo de la Nación. El cargo está vacante desde hace más de ocho años, desde la renuncia de Eduardo Mondino, el 23 de abril de 2009.

A más de un año de los fallos judiciales (uno de ellos de la Corte Suprema) que exhortaron al Congreso a que resuelva la faltante, la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo no propuso una lista de candidatos.

"Que nadie haya ocupado el cargo implica que no exista un funcionario con una misión constitucional tan trascendente y legitimación constitucional y legal para acciones de resguardo de derechos de incidencia colectiva", explicó a LA NACION Carlos Tambussi, abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la UBA.

"La acefalía implica en la práctica una parálisis en casos fundamentales para la vigencia de los derechos humanos" es la frase que se repite en cada reclamo de las organizaciones de la sociedad civil. Según informes, la Defensoría no inicia desde 2012 acción alguna ni participa en calidad de amicus curiae o como tercero en ningún juicio. No porque no quiera, sino porque no puede.

Por su parte, la Defensoría defiende su rol. "Somos una Defensoría profesional y apartidaria que cumple con los fines que marca la ley, la Constitución y el derecho convencional. No tenemos ningún problema de funcionamiento, con la sola salvedad de la falta de legitimación procesal", afirmó a LA NACION Juan José Böckel, subsecretario y titular del organismo.

La selección del defensor del pueblo enfrenta un problema y un prejuicio: la Constitución estableció una mayoría agravada para su designación y el funcionario elegido debe "defender y proteger los derechos humanos ante hechos, actos u omisiones de la administración". Por ello, hay quienes ven al defensor como alguien que podría "entorpecer" el normal funcionamiento de la administración pública.

"Hay que terminar con un mito que está muy instalado en algunos dirigentes políticos. El defensor del pueblo no es una persona que traba la gestión de gobierno, es un organismo de la Constitución que tiene como rol fundamental buscar ámbitos de acuerdos donde hay conflictos", dijo a LA NACION Alejandro Amor, defensor del pueblo porteño y actual candidato a dar el salto a defensor de la Nación.

El año pasado se abrió el proceso de inscripción para la recomendación de postulantes. Hasta ahora hay 12 candidatos y se prorrogó el plazo de inscripción. La lista se compone casi en su totalidad de personas que cuentan, contaron o aspiran ocupar cargos políticos, situación que iría en contra de la independencia partidaria que requiere el puesto. El fiscal José María Campagnoli es el único candidato que no cuenta con una carrera política.

En mayo de este año, varias organizaciones sociales remarcaron las condiciones de idoneidad del candidato y la necesidad de un proceso de selección transparente y participativo. "Tiene que tener una trayectoria en defensa de derechos colectivos y derechos humanos, un compromiso y una experiencia histórica, no una carrera política", dijo a LA NACION Pía Marchegiani, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Los más relacionados con la defensa de los derechos humanos son Amor, el actual defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, que también fue legislador porteño y secretario gremial de los municipales; María José Lubertino, directora de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, que fue titular del Inadi y legisladora porteña, y Héctor Polino, conocido defensor de los derechos de los consumidores y actual candidato a legislador porteño.

Entre los otros postulantes de carrera política se encuentran la actual candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Graciela Ocaña; Susana Decibe, que fue ministra de Educación de Carlos Menem; Humberto Roggero, ex diputado nacional del Partido Justicialista; Manuel Garrido, ex diputado nacional y ex fiscal anticorrupción; Jorge Taiana, compañero de fórmula de Cristina Kirchner por Unidad Ciudadana; Remo Carlotto, actual diputado; José Ramos, ex diputado nacional, y Matías Tombolini, candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires de 1 País.

A principio de año parecía que el oficialismo iba a ceder la designación y el peronismo iba a tener la posibilidad de elegir al defensor. El candidato que estuvo más cerca de lograrlo fue Roggero, que fue impulsado por el senador peronista Miguel Pichetto. Pero los acuerdos cayeron y habrá que esperar hasta después de las elecciones legislativas del 22 de octubre para ver avances.

Cayó el acuerdo Macri-PJ

Humberto Roggero

Candidato a defensor

• El candidato del PJ

En marzo cayó el último acuerdo entre el oficialismo y el peronismo para la designación de Humberto Roggero, el candidato presentado por el presidente del bloque del FPV, Miguel Pichetto

• Una lista de 12 candidatos

A Roggero le sigue una fila de 11 candidatos que desde el llamado a postulaciones, que habilitó la comisión bicameral el año pasado, fueron recomendados por los legisladores. Entre ellos hay políticos de carrera y un fiscal

• La exhortación judicial

En agosto del año pasado dos fallos, uno de la propia Corte Suprema, pidieron al Congreso acelerar una definición y que designara al defensor del pueblo de la Nación

• El pedido de las ONG

Desde que el cargo quedó vacante, en abril de 2009, denunciaron sin éxito la situación ante la Justicia y organismos internacionales

Por María Belén Álvarez Echazú

• Actualidad política

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