La Justicia frenó la eliminación del plan Volver al Trabajo, un foco de tensión de Pettovello con los piqueteros
El juez González Charvay, de Campana, aceptó un pedido de medida cautelar que propusieron beneficiarios del subsidio, que el Gobierno quiere reemplazar por un sistema de vouchers; es el magistrado que concentra expedientes contra Chiqui Tapia
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LA NACIONJavier Fuego Simondet
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, hizo lugar este martes a una medida cautelar solicitada por un grupo de beneficiarios del plan social Volver al Trabajo y frenó la eliminación de ese subsidio, una decisión que había tomado la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que propone reemplazarlo por vouchers de capacitación.
El juez ordenó que el Gobierno mantenga los pagos (son de $78.000) a los beneficiarios. Los grupos piqueteros activaron protestas por la eliminación de este plan.
En un fallo de este martes, al que tuvo acceso LA NACION, el juez González Charvay ordenó al Gobierno mantener los pagos a los beneficiarios del plan, con la advertencia de aplicar multas por cada día de incumplimiento. Le exigió “al Estado Nacional-Ministerio de Capital Humano que mantenga la vigencia de las prestaciones económicas que percibían los beneficiarios del Programa Volver al Trabajo, dentro del plazo de tres días de notificada la presente y hasta que se dicte sentencia definitiva, debiendo acompañar en autos las constancias de su cumplimiento bajo apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de retardo”.
La demanda que aceptó el juez federal de Campana fue impulsada por un grupo de beneficiarios del plan Volver al Trabajo (Andrea Liliana Ledesma, Andrea Jorgelina Rivero, Agustina Pérez, Rodrigo Mario Esquivel y Ángel Ariel Berón), que plantearon una acción de amparo colectivo contra el cese del programa. Argumentaron que esa eliminación “constituye una medida regresiva en materia de derechos sociales e inconstitucionalidad por omisión”.
Los demandantes sostuvieron que son personas que trabajan en la economía popular “en situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica estructural, que carecen de inserción formal en el mercado de trabajo y que dependen de la prestación del programa como principal o único ingreso”.
El juez argumentó que “el Estado Argentino, a través de la Acordada Nro. 5/2009 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, adhirió a las recomendaciones de ‘Las 100 Reglas de Brasilia’ sobre el acceso de la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, como son niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, víctimas de violencia, enfermos, pobres, entre otras”. Y agregó que “la elaboración de estas reglas se erige en la necesidad de que el sistema judicial se configure como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad, en la medida que éstas encuentran obstáculos mayores para su ejercicio”.
Las personas que presentaron la demanda afirmaron ser trabajadores de comedores y merenderos comunitarios, de centros comunitarios para personas con problemas de consumo de drogas, o desempeñarse como cartoneros.
La prestación finalizaba el 9 de abril y los grupos piqueteros (nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, el Frente de Lucha Piquetero y la organización Territorios en Lucha) lanzaron jornadas de protesta que incluyeron, el 7 de abril, piquetes en accesos a la Capital Federal y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
El Gobierno anunció el 17 de marzo el fin del programa Volver al Trabajo (VAT) y su reemplazo por vouchers de capacitación en tren de impulsar la inserción laboral. Se trata del plan exPotenciar Trabajo, cuyo monto para sus 900.000 beneficiarios es de $78.000. Este mes, fue el último pago del plan. El ministerio preveía engrosar su presupuesto disponible, a partir de este ahorro. Cuando el presidente Javier Milei llegó a la Casa Rosada, se dispuso el congelamiento de diferentes programas sociales. Uno de ellos fue el exPotenciar Trabajo, que se ancló en los $78.000 desde diciembre de 2023 a la actualidad.
González Charvay es el juez federal que, en las últimas semanas, concentró en su juzgado tres expedientes en los que se investiga al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella le envió la causa en la que se investiga a la AFA por supuesto fraude con transferencias a empresas fantasma por 300 millones de dólares cobrados en Estados Unidos. Antes, había quedado a cargo de una denuncia similar de fraude, realizada por el agente de la FIFA Guillermo Tofoni, caso que le derivó la jueza de instrucción Paula Petazzi. También tiene en su juzgado la causa por la mansión de Pilar que se investiga si pertenece al tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia. La Cámara Federal de Casación debe decidir el destino final de los expedientes.
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