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La Corte rechazó un recurso de Cristina Kirchner: avaló que siga usando la tobillera electrónica
También consideró “abstractos” sus planteos en torno al régimen de visitas; ayer, el Tribunal le permitió a la expresidenta acceder a la terraza de su edificio
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LA NACION
La Corte Suprema ratificó hoy que la expresidenta Cristina Kirchner debe usar la tobillera electrónica en su casa mientras cumple la pena de seis años impuesta por el Tribunal Oral Federal N°2 en la causa Vialidad, donde se la condenó por un fraude al Estado con el manejo de la obra pública en Santa Cruz.
Además, el máximo tribunal rechazó in limine las recusaciones planteadas por la expresidenta contra sus miembros y desestimó también sus planteos en torno al régimen de visitas, por considerarlos “abstractos”, puesto que el TOF2 introdujo hace un mes modificaciones (tornándolo más estricto). Fue luego de que la expresidenta hiciera pública la reunión que mantuvo con nueve economistas en San José 1111, al subir una foto a su red social X.
En cuanto a la tobillera, los jueces de la Corte dijeron: “Si bien la defensa invoca que la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico resulta una medida arbitraria e irracional, pues en esta clase de supuestos no resultaría ‘indispensable para asegurar el estricto cumplimiento de la pena’, la parte no ha logrado fundar suficientemente tales alegaciones”.
“El dispositivo de monitoreo electrónico, [...] resulta, por regla, una exigencia normativa, cuya inconstitucionalidad no ha sido planteada y que, justamente, al decir del a quo (el TOF2), tiende a coadyuvar al control judicial sobre la restricción ambulatoria que pesa sobre quienes cumplen una pena privativa de la libertad en la modalidad de prisión domiciliaria”.
Sobre la recusación, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Luis Lorenzetti, dijeron: “La causal de apartamiento que se invoca y los argumentos en los que se fundamenta el pedido gravitan únicamente en torno a la intervención de los jueces de esta Corte en ejercicio de sus atribuciones legales”.
Desde ayer, la expresidenta podrá acceder y permanecer por dos horas a la terraza de su edificio, tal como lo solicitó, y dispuso el juez federal Jorge Gorini, encargado de hacer cumplir la pena de Vialidad.
Fuentes al tanto de la medida señalaron que la posibilidad de acceder a la terraza equivaldría a las salidas a los patios que los presos tienen en cárceles comunes.
Al mismo tiempo, el juez Gorini rechazó algunos de los nombres que propuso la expresidenta para que pasaran a formar parte del círculo de personas capaz de visitarla sin tramitar un pedido expreso ante el TOF.
Esta renovación en las condiciones ocurre en el marco de la segunda revisión trimestral de la domiciliaria, realizada por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, y también en medio de una escalada con el Tribunal, luego de la foto con los economistas.
Todos ellos tenían permiso para ir a verla, pero el el TOF advirtió que nunca se notificó ni se autorizó que un encuentro “colectivo” como ese.
En respuesta a la instantánea, el TOF dispuso un tiempo máximo de dos horas por visita, las cuales podrían ser concedidas solo dos veces por semana y con un límite de tres personas al mismo tiempo. Ya estaba establecida la necesidad de una autorización individual, expresa y previa para cualquier persona que no forme parte del núcleo íntimo, integrado por familiares y los profesionales que la asisten.
Cita en Casación
La expresidenta apeló esas condiciones y ahora deberá resolver la Sala IV de la Casación. Para escuchar a las partes, el juez Mariano Borinsky fijó una audiencia para el próximo lunes. “Durante la audiencia, las partes tendrán un tiempo de exposición de 10 minutos y la misma se llevará a cabo de forma presencial en la sede de este Tribunal, salvo que la parte solicite fundadamente -en el plazo antes señalado- que se celebre de manera virtual”, dice la resolución de la Sala.
La expresidenta fue condenada a 6 años de prisión por fraude al Estado en 2022. La Corte Suprema rechazó en junio de este año su último recurso y el TOF 2 puso en marcha la ejecución de la pena, que incluye un decomiso de los bienes de todos condenados.
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