La licuación del gasto en jubilaciones y programas sociales permitió cerrar enero con superávit financiero
Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), las jubilaciones y pensiones cayeron un 32,5% real interanual; similar retracción tuvieron programas sociales como el Potenciar Trabajo; contraste con el gasto burocrático del Estado
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LA NACIONLaura Serra
La licuación del gasto a partir de la aceleración de la inflación en el último bimestre fueron claves para que el ministro de Economía, Luis Caputo, pueda exhibir un equilibrio en las cuentas públicas al cabo del primer mes del año. Según el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que dirige Gabriel Esterelles, al cierre del mes pasado se registró un superávit financiero de 0,2% del PBI, en buena parte merced a un fuerte retroceso en el gasto de las prestaciones sociales: jubilaciones y pensiones, programas sociales y salarios.
La caída en el gasto previsional, en efecto, fue de shock. Según la OPC, se redujo en un 32,5% en términos reales respecto del mismo mes del año pasado. Esto obedece al diferencial entre la actualización de los haberes por aplicación de la fórmula de movilidad y la inflación, que en diciembre fue del 25,5% (la semana próxima se conocerá el dato de enero). Si bien el Gobierno instrumentó bonos para compensar en parte este diferencial, lo cierto es que sólo benefició a aquellos que perciben los haberes mínimos.
También por el efecto de la estampida de la inflación fue drástica la caída en las asignaciones familiares (-36,7% real interanual), cuya movilidad se rige, al igual que las jubilaciones y pensiones, por la fórmula previsional actual (variación salarial y recaudación de la Anses). La Asignación Universal por Hijo (AUH), en tanto, pudo zafar de semejante ajuste debido a que en enero se dispuso un aumento del 100% en el valor de las prestaciones. El recorte en esta partida fue del 3% real interanual.
Salvo la partida “Políticas Alimentarias”, que tuvo un incremento real del 3,4% respecto de enero del año pasado –básicamente por la recomposición real del valor de la tarjeta Alimentar-el resto de los programas sociales experimentaron una fuerte caída.
Uno de los más afectados es el programa Potenciar Trabajo con una reducción del 32,2% interanual. Según precisa la OPC, el valor de la prestación pasó de $32.714 en enero de 2023 a $78.000 el mes pasado, es decir, tuvieron un ajuste del 33% en términos reales. También cayó el número de beneficiarios: desde que la ministra del área Sandra Pettovello asumió las riendas del Ministerio de Capital Humano, la cantidad de titulares de este programa se redujo en 136 mil, sumando en total 1,23 millones.
Esta caída en el gasto de los programas sociales y los cambios que instrumenta la ministra del área en el reparto de los alimentos acrecienta el malestar que se vive en los sectores más vulnerables, adonde no llega la mercadería a los comedores en tiempo y forma. Al reclamo de las organizaciones sociales agrupadas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y los piqueteros de izquierda, se sumó un fuerte pedido de la Conferencia Episcopal Argentina en el que advirtió que la comida no puede ser una variable de ajuste.
El gasto “de la casta”
El presidente Milei se propuso, no bien asumió las riendas del Gobierno, atacar el gasto inútil del Estado. En su lenguaje libertario, prometió que pasaría la motosierra por la burocracia estatal y la “casta política”, no sobre “la gente de bien”.
En este primer mes de gestión se observa, sin embargo, que si bien el Gobierno aplicó una poda en los bienes y servicios del Estado, es decir, todas aquellas erogaciones que hacen a la conducción y administración de los organismos de la administración nacional, ese ajuste fue menor al que se ejecutó en otras partidas, sobre todo las más sensibles.
En efecto, según la OPC, en bienes y servicios el gasto se redujo en un 26,3% real interanual. Los salarios del sector público, en tanto, retrocedieron en un 18% respecto de enero de 2023. Porcentajes menores si se los compara con las caídas en las prestaciones sociales arriba detalladas o en otras partidas con recortes todavía más significativos, como los gastos de capital –básicamente obra pública- (-75,6%) y transferencias corrientes a provincias (-53,3%).
No fue sorpresa que Caputo, tal como lo anunciara desde el primer día de gestión, acometiera sobre el gasto de capital. El cierre del grifo fue casi total: según la OPC la inversión real directa tuvo una caída del 94% real interanual “con motivo de la ausencia de gastos de inversión en los programas ‘Infraestructura y Equipamiento’ y ‘Conectar Igualdad’, ambos de la cartera de Educación”.
Y si de educación se habla, una de las partidas que registra un fuerte retraso en el giro a las provincias es la del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). En vísperas del inicio de clases se augura otro frente de conflicto con los gobernadores. Según la OPC, hasta ahora están previstos casi 47 mil millones de pesos para ser transferidos, una cifra que representa un 16,6% menor a la de enero de 2023.
En las antípodas, la partida destinada al pago de intereses de la deuda tuvo un crecimiento interanual exponencial. En efecto, se incrementó en un 139% real básicamente por el pago de intereses de los bonos denominados en dólares y en euros emitidos en el proceso de reestructuración de 2020, explica la OPC.
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