La protesta universitaria: crecen las demandas al Gobierno en un sector que aglutina a más de dos millones de estudiantes en todo el país

Las protestas universitarias se transformaron en un clásico de la etapa libertaria en el poder. La controversia que provocó el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento para las casas de altos estudios y el posterior rechazo del Congreso, en medio de marchas multitudinarias en distintos puntos del país, confirmó que se trata de un sector mayoritariamente adverso al oficialismo, cuyo impacto electoral -de cara a los comicios del 26 de octubre- puede ser significativo.

De acuerdo al Departamento de Información Universitaria de la Secretaría de Educación, unos 2.146.003 de estudiantes (entre los que cursan pregrado, grado y posgrado) acudían a las aulas en todo el país en 2023. Y la cifra se mantiene estable, lo que multiplica las voces que reclaman más fondos para el sistema público de educación superior.

Convocados por LA NACION, cuatro estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) debatieron sobre la coyuntura del sector. “Me parece que todos estamos de acuerdo en que necesitamos financiar la universidad”, dijo Juan Martín Agosti (26 años), de la carrera de Medicina de la UBA, mientras completa sus prácticas en el hospital Durand. Es también presidente de la agrupación estudiantil Somos Libres y milita las políticas libertarias de Milei, motivo por el cual su primera intervención desconcertó a algunos de los presentes.

“Si vos decís que ustedes están de acuerdo con la defensa de la universidad pública, ¿por qué el gobierno de Milei vetó la ley de financiamiento universitario? Porque no se puede defender el déficit cero a costa de destruir todo lo que la sociedad valora”, rebatió Violeta Alonso (27 años). Estudia Letras en la UBA y milita Ya Basta!, la organización universitaria referenciada en Manuela Castañeira.

Manuel Suárez Taratuto (19 años), estudiante de Abogacía (UBA) y militante de la agrupación peronista Sur, disintió: “Esto es una inversión más que un gasto. Lo que tiene que hacer la política argentina es invertir en su futuro que es la educación pública. Esa idea de que se lastima un falso superávit dice un poco que las cuentas no están tan ordenadas como quiere decir el Gobierno”, sostuvo.

Federico López (22 años) coincidió. Es estudiante de Ciencias Políticas (UBA) y militante de la Juventud Radical. “Creo que el gobierno mide a la educación y a sus estudiantes como si fuera un capital y, en realidad, hay una persona detrás de eso”, sostuvo. Denunció también que las universidades hoy sufren un “ahogamiento”. “Es una cuestión ya nacional que el Gobierno evidentemente no quiere o no tiene la voluntad de resolver porque hace bastante que no convoca a una mesa de diálogo con todas las partes, docentes y no docentes que, en gran parte, cobran sueldos que están bajo la línea de la indigencia”, afirmó.

Agosti no dejó de reconocer que es necesaria una actualización presupuestaria que, de todos modos, quedaría sujeta al cumplimiento de ciertos objetivos como el aumento de la tasa de graduados. En 2023, según datos del Departamento de Información Universitaria, solo 18,7% de los estudiantes de universidades estatales egresaban en tiempo teórico. “La población que en un año y medio hizo un esfuerzo tremendo por bancarse un ajuste que era necesario nos exige decir ‘bueno, ¿cómo hacemos para financiar esto y para qué?’ Tiene que haber ciertas metas a futuro”, planteó.

El estudiante libertario redobló la apuesta. “Si vamos a poner más dinero, tiene que haber una auditoría, tiene que haber cuentas claras, tenemos que comprometernos a que haya más profesionales”, insistió. No le satisfacen las auditorías internas que realiza la UBA (pone en duda la veracidad de los informes) y aboga por la intervención de organismos externos. “Por supuesto que hay que auditar, pero los controles que lo tienen que hacer no están funcionando”, rebatió el radical López: “A la Auditoría General de la Nación le faltan seis auditores y los tiene que designar el Gobierno”, aclaró en referencia a la convocatoria que tienen que hacer Victoria Villarruel y Martín Menem para avanzar con los nombramientos en el Congreso.

A su turno, la militante de Ya Basta! agregó: “Es mentira que la discusión que está planteando el gobierno de Milei es mejorar la eficiencia o la transparencia de las universidades. Lo que está haciendo es recortar el presupuesto y busca justificar ese recorte como si fuera una discusión sobre tasas de egreso o permanencia en las universidades”. Consideró que, incluso si esa fuera la discusión central, la solución está lejos de un achicamiento de gastos.

Argumentó que, por los bajos salarios, docentes renuncian para buscar otros empleos, lo que deriva en menos oferta horaria para las clases, un obstáculo para la permanencia de alumnos que trabajan para solventar sus gastos. “Si uno está trabajando y luego no hay horarios para cursar, te ves obligado a dejar”, aseguró y sumó que se deberían destinar más fondos para los programas de becas y clases de apoyo para los estudiantes porque “muchos de ellos no llegan a la universidad con el nivel académico suficiente”.

Esta última es una realidad sobre la que coincidieron todos. “Cuando arranqué matemáticas en el CBC, la mitad de mis compañeros no sabían sumar fracciones y eso es un problema que tiene la Argentina hace muchos años”, rememoró Agosti, quien señaló que la solución no radica en mayores fondos para la educación superior, sino en un fortalecimiento de los niveles primario y secundario, que dependen de los gobiernos provinciales.

A diferencia de él, Alonso, López y Suárez Taratuto reivindicaron la importancia del financiamiento para mejorar la calidad universitaria, pero coincidieron con el referente de Somos Libres en que es necesario también poner el foco en otros escalafones del sistema educativo. Alonso propuso fortalecer habilidades como el pensamiento crítico y la creatividad.

El correligionario López la secundó: “Hay muchos cambios que se deberían hacer; la primaria y la secundaria quedaron obsoletas. Tiene que haber una reforma integral en la educación, pero en este gobierno es imposible porque, repito, se pelea con todos los actores de la política”. Súarez Taratuto avaló el planteo radical: “[Milei] es de los pocos presidentes que no se juntó con todos los gobernadores, y las facultades concurrentes [como la educación] son al fin y al cabo cuestiones que se tienen que resolver en una mesa de diálogo, que no hay”.

Alonso no solo reclamó mayor diálogo entre los distintos niveles de gobierno en materia educativa, sino que pidió por mayor participación de docentes, trabajadores no docentes y alumnos. “No ha habido nunca un protagonismo suficiente de quienes hacen en el día a día a la educación. Ahí hay una cuenta pendiente”, sostuvo. “El movimiento estudiantil ha tenido que pelear por sus reclamos bajo todos los gobiernos. En el año 2010, por ejemplo, hubo un ‘estudiantazo’ donde se tomaron casi todas las facultades de la UBA”.

Agosti, que también ejerce como docente en su facultad, se opone rotundamente a este tipo de medidas de fuerza. “¿Qué beneficio tiene el paro? Al único que le generamos problema es al estudiante. El año pasado, mis alumnos perdieron cuatro jueves consecutivos de clase que no pudieron recuperar nunca", relató.

Sus tres interlocutores lo refutaron. Explicaron que la cursada no necesariamente se ve afectada por las protestas, ya que se realizan clases públicas y existe la posibilidad de migrar la cursada al formato virtual en caso de que las aulas -como denunció Agosti- terminen cerradas con llave.

Por Abigail Contreiras Martínez

• Universidad de Buenos Aires

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