La renuncia del diputado Juan Ameri acalla el escándalo, pero no resuelve el problema de fondo: lo expone

Nunca en la historia de la Cámara de Diputados un legislador fue eyectado del cuerpo de una manera tan rápida como implacable: el kirchnerista Juan Emilio Ameri ganó este triste galardón tras protagonizar una escena erótica junto a su pareja en plena sesión virtual. El episodio, por su gravedad, no debería quedar en la anécdota risueña: aquí no se trata solo de un diputado ignoto que cometió un acto bochornoso y que fue castigado por sus colegas. La cuestión de fondo es por qué un dirigente con denuncias de violencia y acoso llegó a ocupar una banca en el Congreso.

El caso Ameri no solo desnuda las falencias en la selección de candidatos por parte de los partidos; también, y es triste decirlo, refleja la calidad mediocre de muchos de nuestros representantes. La renuncia de Ameri no resuelve el problema; al contrario: lo expone. Aceptársela fue la solución más expeditiva, pero no es suficiente. Podrá acallar el escándalo, pero mientras los legisladores no aborden la cuestión de fondo, el Congreso no estará exento de nuevos bochornos.

Actualmente, no hay filtros ni controles que operen sobre la integración de las listas de candidatos al Congreso. El sociólogo alemán Robert Michels lo advertía hace un siglo con su célebre "ley de hierro de las oligarquías": los partidos políticos han devenido en organizaciones oligárquicas donde se impone la disciplina partidaria impartida por la elite. En la Argentina, la ley de primarias abiertas y obligatorias pretendió abrir el juego a una mayor democratización interna de los partidos. Sin embargo, en las últimas elecciones las cúpulas de las principales agrupaciones se aferraron al atajo de la lista única para eludir la competencia y preservar su dominio.

La ciudadanía queda así inerme frente a la oferta cerrada de los partidos. ¿Qué hacer, entonces? Cuando estalló el escándalo Ameri, algunos analistas volvieron a la carga contra el sistema electoral y la lista sábana en particular, a la que acusan de encubrir candidatos de dudoso prontuario. ¿Es la verdadera responsable? No lo sería para el caso del exdiputado Ameri. Su provincia, Salta, está representada por seis diputados y se eligen solo tres en cada elección legislativa: él ocupaba el tercer lugar de la lista que lideraba su padrino político, Sergio "El Oso" Leavy, actual senador. Cuando asumió en su reemplazo como diputado en diciembre pasado, los medios locales se encargaron de desempolvar las denuncias de acoso y violencia en su contra. Pero ya era tarde.

El problema, entonces, es que la ciudadanía carece de herramientas más eficaces que le permitan escoger a sus representantes. Hay quienes proponen como solución un sistema electoral que facilite algún tipo de voto preferencial intrapartidario (es decir, mediante el empleo de listas abiertas o cerradas y desbloqueadas). Sin embargo, politólogos de renombre como el norteamericano Richard Katz demostraron, a partir de estudios realizados en distintos países, que en realidad este sistema de tachas y preferencias promueve la fractura y la atomización de los partidos como también la personalización de la actividad política.

Tal vez la solución no pase por una reforma del sistema electoral si, lo que se pretende, es evitar que personajes que afronten denuncias penales se sienten en una banca del Congreso. Hay alternativas menos radicales. En la Cámara de Diputados, por caso, se debatió el año pasado en comisiones una iniciativa conocida como "Ficha Limpia", la cual prohíbe que se postulen a cargos públicos personas condenadas en segunda instancia judicial por delitos de corrupción. En los últimos días, Juntos por el Cambio reflotó el proyecto, pero el oficialismo no lo tiene ni siquiera en agenda.

También desde Juntos por el Cambio, la diputada Silvia Lospennato presentó una iniciativa para que todos los candidatos a ejercer cargos públicos nacionales estén obligados a informar a la ciudadanía sobre su situación ante la Justicia. La finalidad del proyecto es bifronte, explica la diputada: por un lado, ayudaría a informar a los votantes a la hora de ejercer su derecho al sufragio; por el otro, dotaría al sistema de mayor transparencia a partir del sinceramiento de la situación procesal de todos aquellos que aspiran a ocupar un puesto público.

Tal vez no sean la panacea ideal, pero proyectos de este tipo ayudarían a que el Congreso recupere su título de "honorable" y no sea el "aguantadero" al que muchos recurren para gozar de inmunidades y privilegios.

Por Laura Serra

• Juan Emilio Ameri
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