Las dos grandes columnas del gobierno de Javier Milei
La política económica del oficialismo se ve despejada de pesadillas: está atravesada por el respaldo de Estados Unidos y una oposición sin un candidato para 2027; las mafias avanzan como nuevos actores en la Argentina
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LA NACIONCarlos Pagni
El panorama político visto desde los intereses del Gobierno presenta dos datos que son cruciales para el destino de la administración de Javier Milei. Por un lado, cuenta con un apoyo de los Estados Unidos como pocas veces se ha visto. Es uno de los grandes activos del Presidente, como se mostró antes de las elecciones, en medio del abismo por un desbarajuste en la política económica y la perspectiva de un default. Fue Donald Trump quien acudió a su rescate. Por otro lado, a esta importante columna se le suma el estado de crisis y estupor en el que se encuentra la oposición, algo que se refleja más que nada en el conflicto interno del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Esta problemática tendrá en las próximas horas una instancia muy importante porque los dirigentes que se subordinan a Cristina Kirchner tendrán que decidir en la legislatura si acompañan o no a Axel Kicillof en su política más riesgosa: el endeudamiento. Ambas cuestiones no están ligadas a la voluntad del mandatario, si no que dependen de otros.
Respecto del vínculo con EE.UU., el 5 de diciembre habrá una novedad significativa, porque se anunciaría el acuerdo comercial ligado a la revisión de aranceles que inició Trump para todo el mundo y también para la Argentina. Sin embargo, lo más trascendental que ocurre en estas horas se relaciona con el mundo financiero: la posibilidad de que, con el aval del Tesoro norteamericano, se constituya un fondo de US$20.000 millones en el que participarán bancos de inversión -bajo el estímulo de Scott Bessent- para constituir una gran operación de recompra de deuda argentina y que tendría como objetivo despejar el horizonte de Milei en materia de vencimientos financieros.
La constitución de este fondo, adicional al swap de monedas y cuya existencia resultaría en una baja abrupta del riesgo país, hoy está en “veremos”. No ocurriría debido a que los bancos que habían sido convocados por el Tesoro para obtener aquella suma le exigieron garantías al gobierno de Trump para avalar la deuda argentina. La aparición de este obstáculo exhibe la situación interna en la que se encuentra el gobierno norteamericano, con un presidente señalado por la oposición por el respaldo hacia la Argentina y que este año compite electoralmente, lo cual trastoca su margen de acción.
Bessent tuvo que decirle a los bancos que esas garantías no van a estar, por lo que esa operación de recompra ahora aparece disminuida. Se habla entonces de algo mucho menor: que los bancos constituyan un fondo de US$4000 millones para resolver la problemática de la deuda en el verano. Aun así, la cotización de los bonos no se movió y el riesgo tampoco varió. El mercado no lo tomó con dramatismo, pero ello no implica que el apoyo de Estados Unidos no esté acotado. Trump puede dar muestras de arbitrariedad pero no es omnipotente. Su deseo funciona dentro de un sistema que le ha puesto límites.
Perdura un signo de interrogación importante que el Gobierno no quiere despejar: ¿en qué medida va a recuperar credibilidad mediante la adquisición de reservas? Hoy es un factor trascendental, a falta de una garantía por parte del Tesoro estadounidense. Pero comprar reservas significa comprar dólares, y si el Banco Central lo hace de manera intensa, el valor de la divisa subiría, lo que pondría en tela de juicio una piedra fundamental de este programa y de todos aquellos programas de estabilización que se han implementado en la Argentina a lo largo de los años: ofrecer un dólar barato, lo que permite la “fiesta de la clase media” a través de mayor consumo tanto a nivel interno como externo.
El conflicto reside en que la política de compra de reservas fue acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Hay una meta de acumulación de reservas por parte del Central que no se pretende cumplir. Se espera un permiso especial o waiver que el oficialismo confía en que obtendrá por la injerencia que tiene la administración Trump en este organismo.
La política económica del Gobierno, atravesada por el respaldo de Estados Unidos, un triunfo electoral y una oposición sin un candidato para 2027, se ve despejada de pesadillas. Dentro de ese panorama, empresas salen a emitir deuda y estados subnacionales también lo aprovechan. De hecho, la ciudad de Buenos Aires se endeudó la semana pasada por US$600 millones a una tasa de 7,8%. Probablemente habrá otras jurisdicciones que hagan algo similar en los próximos días.
Este primer capítulo de la Argentina con Estados Unidos permite explicar un segundo, que tiene base en el acuerdo comercial entre ambos países. Allí, nuestro país casi no reclama nada. Por el contrario, es el gobierno norteamericano quien hace demandas. Entre otras cosas, porque encuentran a una Argentina con escasa capacidad de negociación y que ya le debe US$20.000 millones.
El acuerdo gravita sobre el aspecto comercial. Por lo tanto, está asociado con la disponibilidad que tengan los consumidores argentinos de acceder a bienes fabricados en Estados Unidos y la posibilidad -o imposibilidad- de empresas argentinas de competir con las compañías que lleguen al mercado, sobre las que pesan un régimen laboral asfixiante y una gran presión impositiva. Sería mejor celebrar este tipo de tratados una vez avancen las reformas que el Gobierno pretende impulsar en el Congreso. No son las únicas dificultades. Una tercera fue señalada por el economista Miguel Ángel Broda: el riesgo de abrir la economía con un dólar barato y que favorece la importación.
En este contexto se discute algo crucial como lo es la política comercial de un país. Determina la estructura del producto bruto, los niveles de defensa para determinados sectores de la economía, el crecimiento del empleo, el perfil económico de un país y, por lo tanto, con la integración social. Aun cuando no se trate de un tema atractivo para el ciudadano, es de gran importancia. Los primeros en entenderlo son los laboratorios nacionales, que vuelven a sufrir la presión de Estados Unidos para facilitar la patentación de productos extranjeros en la Argentina. Desde la industria farmacéutica argentina aseguran que se los acusa de no invertir y hacer piratería mediante la venta de medicamentos hechos a partir de las investigaciones de las que no participaron y a los que accedieron a través del vencimiento de una patente. En su defensa, afirman que los demás laboratorios actúan de la misma manera, incluso las grandes corporaciones internacionales. Del otro lado del charco, no lo desmienten pero ponen en el foco en las dificultades que hay en la Argentina para patentar productos, un procedimiento engorroso cuya lentitud atribuyen a la influencia que los laboratorios nacional tienen sobre la Anmat, el organismo de control. En consecuencia, exigen que la Argentina se pliegue al régimen de propiedad intelectual internacional.
Es una discusión fuerte que la industria nacional viene dando desde hace mucho tiempo de manera exitosa, con resoluciones como la famosa 1118/2012, que se dictó con una gran influencia de Débora Giorgi, a cargo del área de Producción durante el gobierno de Cristina Kirchner.
Para los Estados Unidos, este debate es importante también a nivel global. Como muestra un artículo publicado por el diario de medicina de The New England, que habla sobre el despliegue cada vez más exitoso de la industria farmacéutica china en materia de investigación, aquel país había aprobado en 2018 el uso interno solamente de nueve drogas elaboradas en otros países. Seis años después, esa cifra trepó a 45. Respecto del desarrollo y aprobación de nuevas drogas dentro de la misma China, que desafía la hegemonía occidental dentro del mercado farmacéutico, pasó de 162 drogas creadas y patentadas en 2018 a 372 solo en 2024. Es un dolor de cabeza para el gobierno estadounidense, lo que llevó al organismo federal de aprobación de drogas -la FDA- a plantear problemas frente a los medicamentos que pretenden patentar desde China.
Podríamos imaginar que los chinos se quejen delante de los Estados Unidos como los laboratorios norteamericanos se quejan delante de la Anmat argentina. Es como si cosas que se le reprochan a los laboratorios argentinos, más allá de las diferencias, le puedan reprochar los laboratorios chinos a los argentinos. Empieza a notarse un proteccionismo muy a lo Trump en el mercado farmacéutico de Estados Unidos tan reprochable como sería el proteccionismo argentino.
En este acuerdo comercial que se anunciaría el 5, hay un rubro muy importante que es el de la carne. En la reunión entre Trump y Milei en la que participaron los dos equipos de gobierno, el presidente norteamericano dijo que quiere quintuplicar la carne que le compra a su amigo -todo tiene que ver con relaciones personales y es muy poco institucional- porque Trump no solo quiere beneficiar a Milei, a quien considera una especie de delegado en el Cono Sur, sino que además quiere bajar el precio de la carne en Estados Unidos. Así propuso multiplicar por cinco las importaciones de carne argentina.
Jamieson Greer, representante de Comercio, le dijo a Trump que cinco era mucho y él lo bajó a cuatro. Aparentemente, existiría la posibilidad de que se cuadrupliquen las exportaciones de la Argentina. Sería pasar de 20 mil toneladas a 80 mil toneladas a 10% de arancel. Hoy la Argentina paga 26% de arancel, es decir, se abriría significativamente el mercado estadounidense para la Argentina. Sería una noticia importante, probablemente, la más importante de este acuerdo.
Hay otro tema conflictivo que tiene que ver con el campo y la propiedad intelectual: la expectativa de los fabricantes de semillas genéticamente modificadas en Estados Unidos. La expectativa de que el productor argentino no solamente pague el royalty por la semilla que le compra al laboratorio o creador, sino también pague por las semillas que obtiene en la cosecha. Esto implicaría una suba importante de costos si es que el gobierno argentino acepta.
Interesante el papel de Trump, que es una especie de emperador, para bien o para mal. El jueves pasado emitió un decreto corrigiendo otro con el que había subido los aranceles para Brasil, enojado porque se metía la Justicia con su amigo Jair Bolsonaro. Y de manera muy simpática explica que sus funcionarios le explicaron y le hicieron ver que él estaba equivocado en algunas cosas. Este nuevo decreto beneficia a Brasil, sobre todo en sectores de empresas que tenían muchas dificultades para entrar a Estados Unidos y costos importantes. Son empresas muy ligadas a Trump, por ejemplo, las frigoríficas, que influyeron mucho en la campaña de Trump y la financiaron, como los hermanos Batista, dueños del frigorífico que fabrica más proteínas en el mundo y fueron a golpear la puerta de la Casa Blanca para pedir, en homenaje a lo que pusieron en la campaña, que atiendan a Lula. Ahí se destrabó toda la situación. Esto sirve para destacar que no todo es alineamiento ideológico porque Trump y Lula tienen poco que ver. Pero así se cambió la resolución del aumento de aranceles.
Este es el panorama de un eje central de la política de Milei, que es la relación con Estados Unidos. El otro tema está en la provincia de Buenos Aires y es la interna del PJ. Este martes va a haber una reunión de Comisión de Presupuesto y Hacienda. Hay que aprobarle a Kicillof 3600 millones de dólares de endeudamiento, que criticaba la política de María Eugenia Vidal porque era muy de tomar deuda. Acá hay una situación muy complicada por la interna del kirchnerismo: la Cámpora le dice a Kicillof que si quiere sus votos, para tener dos tercios, primero tiene que tener los votos de la oposición, que obviamente le responda que no va a ir antes que su supuesto aliado.
Todo esto está colgando de un hilo y dependiendo de muchas negociaciones. Una es el apoyo de la Cámpora, todavía no se sabe a cambio de qué; seguramente, Máximo Kirchner quiera seguir a cargo del PJ en la Provincia. Los otros que tienen expectativa en esta negociación son los intendentes, que están demostrando que son probablemente el único poder estable en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano. Kicillof les ofrece el 8% de lo que tome como deuda y ellos le dicen que no. No quieren un porcentaje, sino una suma actualizada, como hacía Vidal, que les dio un fondo para seguridad y otro para obras. Ese es un factor importantísimo en la negociación.
Hay otra agenda que tiene que ver con cargos públicos: directorio del Banco Provincia, presidencias en empresas del grupo Bapro y la Corte bonaerense, que de siete miembros tiene cuatro vacantes. Por el momento, hay tres miembros de siete en la Corte: Hilda Kogan, Daniel Soria y Sergio Torres.
Esto no se sabe cuándo se va a determinar pero se empiezan a prefigurar sus figuras. Por ejemplo, a Kicillof le gustaría que su principal cerebro jurídico, que es Santiago Pérez Teruel, vaya a la Corte. El sector de la Cámpora de Cristina y Máximo Kirchner quiere a Marisa Herrera, una militante de las políticas del kirchnerismo en materia judicial. La semana pasada se viralizó un video de una entrevista que dio en la que mostró un discurso muy enfático y apasionado alrededor de la igualación de género y la necesidad de que la Justicia, y particularmente la bonaerense, introyecte los valores del feminismo, inclusive pidiendo que haya juezas transexuales en la Justicia bonaerense. Eso daría una señal de gran democratización social e ideológica de la Justicia.
Herrera también habló de las juezas que renuncian a defender los intereses femeninos y la posición de la mujer, y operan como juezas machistas. Esto se viralizó la semana pasada y le hizo pasar un mal momento a la doctora porque hubo una celebración el jueves a la que asistió y cuando llegó se acercó a saludar a Hilda Kogan, presidenta de la Corte, que estaba con otras personas. En ese momento, la magistrada le dijo que era una hipócrita por acercarse a saludarla después de sus declaraciones, y le aseguró que no es feminista pero sí justa. Se produjo un chisporroteo muy incómodo para Herrera, que no atinó a contestar. Pero habrá que ver si en algún momento llegan a convivir las dos en la Corte por esta composición que se está haciendo. La falta de jueces en la Corte genera un montón de anomalías.
Queda otro sector del peronismo que tiene la expectativa de poner algún juez: el de Massa, quien ya pensó en Jorge D’Onofrio, militante del massismo que está juzgado por aquel manejo de fotomultas, un caso que está en Tribunales. Al no ser D’Onofrio y ya que se está tratando de introducir un elemento de igualdad y diversidad de género -agenda que Malena Galmarini milita mucho-, pensó en una mujer con la cual tampoco tuvo suerte: su candidata era Julieta Makintach, que debió renunciar a su cargo de camarista en San Isidro por la serie que se iba a hacer por el juicio por la muerte de Diego Maradona. Aparentemente, todavía no hay un candidato por parte del massismo.
Hay inquietud por Makintach porque ella, tras ser destituida por un jury, piensa ir a la Justicia para que se revise. Los que conocen la materia dicen que es muy difícil que sea revisado, ya que ocurre solo si hay una gran arbitrariedad. Ella está preocupada por la causa penal que se le sigue y quienes están alrededor suyo aseguran que el celular de la exjueza es radioactivo por la autorización que pidió para la serie. Por su proyección como jueza de la Corte hay mucho intercambio de mensajes, sobre todo de una cuenta misteriosa que ella tiene cifrada como “Papucho”.
Hay problema y malestar en la Corte e inquietud en la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, mientras que Makintach, ya en el jury, ofreció su celular para que lo revisen, pero nadie quiere hacerlo. Es como si estuviera cargado con criptonita. Son historias poco edificantes de la vida institucional, en este caso de la provincia de Buenos Aires.
Desde el sector de Milei, que es el cuarto actor en la trama, dicen que no quieren intervenir ahora, sobre todo desde el lado de Sebastián Pareja, el armador en PBA. Ellos no quieren que todo esto se decida ahora, sino que quieren esperar a que se decidan los nuevos legisladores en diciembre y, sobre todo, a marzo, porque va a empezar un proceso de borocotización, tanto en la Legislatura bonaerense como en el Congreso Nacional, que le va a dar a La Libertad Avanza más palancas para negociar con el peronismo la composición de todos estos lugares institucionales. ¿Hay una negociación entre el kirchnerismo y LLA para integrar la Corte Nacional y ampliarla? Hay gente del macrismo en Pro que dice que probablemente sí. Quizás se equivocan, pero miran un detalle: dicen que el fiscal Franco Piccardi, que está avanzando mucho en la causa de la Andis, avanzó pero frenó en un lugar, hay un umbral que no quiso trasponer: Karina Milei. Probablemente Piccardi no llegó ahí o no tiene las pruebas e irá más adelante, pero en el macrismo aseguran que se trata de un pacto porque Piccardi es un hombre afín al kirchnerismo. ¿Fantasías conspiranoicas? No sabemos.
Lo que sí sabemos es que en el tema de la Andis no hay interna dentro del Gobierno. En la picota se puso primero a Karina Milei, a los Menem y ahora parece que Santiago Caputo también tenía gente participando de ese negocio, como Ornella Calvete, hija de Miguel Ángel Calvete, un personaje muy oscuro que manejaba todo este negocio de los medicamentos desde afuera. Es complicada esta metodología de tener gente que no es funcionaria pero da órdenes como que sí.
También está el marido de Calvete, Javier Cardini, quien acaba de ser desplazado en el Ministerio de Economía. Todo esto salpica finalmente a Luis Caputo porque en el ministerio le ponían gente que estaba para otros negocios. ¿Dónde estaba Calvet en el Ministerio de Economía? En el área que tiene que ver con el control del régimen de Tierra del Fuego. Curiosamente, Nicolás Caputo. Esto obliga a la pregunta de qué lugar ocupa Santiago Caputo en relación a los negocios del primo de su padre.
Lo cierto es que aparentemente todo el Gobierno está complicado en esto. Si hay complicados, lo dirá la Justicia. Aparece un entramado muy complejo de intereses, inclusive con mucha participación de personal de inteligencia y gente del submundo de la SIDE mezclada con los laboratorios que proveían a la Agencia Nacional de Discapacidad. Para ver ese mapa recomiendo enfáticamente una nota de Martín Rodríguez Yebra publicada en LA NACION el sábado, donde aparecen personajes muy oscuros ligados a servicios de inteligencia mezclados en este negocio.
Milei no es el único que tiene problemas con funcionarios; Kicillof también. El Ceamse es una gran caja del Estado de la que participan el gobierno nacional, el de la provincia de Buenos Aires y el de la Ciudad. Se dedica a procesar la basura en el Gran Buenos Aires. Su presidente es Claudio Tapia, puesto por Kicillof. Históricamente era designado por el gobierno porteño, pero cuando se negó a renovarle esa delegación, el gobierno de la Provincia salió a defender a Tapia. ¿Quién tiene que ver Tapia con la basura históricamente? Moyano, Camioneros, su exsuegro.
Como sabemos, Tapia está en la picota. Este fin de semana lo abuchearon en todas las canchas por haberle otorgado una copa inventada por él -la llaman “de escritorio- a Rosario Central. Después aparece el problema del conflicto con Estudiantes de La Plata porque Juan Sebastián Verón aseguró que ellos no votaron para asignarle esa copa. La AFA los obligó a hacerle un pasillo a Rosario Central en el siguiente partido y lo hicieron, pero de espaldas. Sanción para Estudiantes.
Hay quienes se preguntan por qué no hubo sanción para Central Córdoba de Santiago del Estero cuando no quiso hacer el mismo pasillo por Independiente Rivadavia. Es porque Central Córdoba es el club de Pablo Toviggino, tesorero y cajero de la AFA de Chiqui Tapia. Es decir, doble estándar. El club de Toviggino es de Santiago del Estero, provincia gobernada por Gerardo Zamora. Hay un misterio ahí. Dicen que para encontrar la explicación de esta afinidad hay que buscar en campos linderos de Santiago del Estero con la provincia de Santa Fe.
Estoy hablando de cómo, en la manera de Grondona, Toviggino y, en este caso, también Tapia, benefician a su club. La relación de Tapia con Barracas Central, que este lunes ganó, promueve casi una sonrisa.
El presidente de Barracas Central es Matías Tapia. Uno de sus jugadores es Iván Tapia. El estadio se llama Claudio Tapia, aun cuando el titular del organismo es de Boca. Sin embargo, lo importante no reside en el nepotismo dentro de este club si no en un detalle que se encuentra en la web de la institución: la mención a Sur Finanzas. Esta financiera, que se encuentra también en la camiseta del plantel, pertenece a Daniel Vallejo. Allí, aparentemente, se tramitaría gran parte de la plata negra que se hizo durante el gobierno de Alberto Fernández -por medio del ministro de Economía, Sergio Massa- mediante el retiro de plata del Banco Central, la simulación de operaciones de comercio exterior y el juego de la brecha. Se compraban dólares al oficial y se vendían al blue, lo que se conoció como “manos amigas”. Este mecanismo dependía de un subordinado de Vallejo, un personaje que dicen hacía un millón de dólares por día: Elías Piccirillo, el rey del Blue.
Se habla también de que Chiqui Tapia tiene gran afinidad con Massa en algunos restaurantes. Por ejemplo, el Roldán, que abrirá sobre Libertador -donde se encuentra el Tattersall- y que incluye a José Luis Manzano y Daniel Vila. Se mencionan además negocios en Miami, donde la AFA abrió filiales. Los que conocen el ambiente del fútbol aseguran que el núcleo del que se rodea Tapia son personas de finanzas. A lo mejor, el motivo por el cual nunca se sabe nada recae en el histórico vínculo entre la AFA y Comodoro Py, que es otra especie de ciénaga. En esa conexión hay abogados, fiscales, funcionarios del gobierno de la Ciudad, jueces. A través de esta relación obtienen impunidad. Es una institución que, como explicó una vez un viejo fiscal, está hecha para zafar. Si la querés usar para castigar, no funciona.
De todo este anecdotario horrible, hay que detenerse en un fenómeno. La Argentina es un país donde los partidos han perdido densidad y protagonismo. La política está impugnada, tanto que al frente del poder llegó un outsider cuya principal bandera era identificar a la política con una casta inmunda. Dentro de este escenario, un fenómeno de golpe asociado con la mafia del fentanilo, de las droguerías que proveían a la Andis; y la mafia de la droga del conurbano, que termina en un triple crimen en Florencio Varela. A ello se le suma la mafia del fútbol, ligada al lavado de dinero y el submundo de la finanzas.
Ya no es la corrupción solamente la que avanza. Ahora lo hacen también las mafias, como un nuevo actor. Es un vector lamentable, que da pasos agigantados frente al retroceso de la política en nuestro país.
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