Lázaro Báez, como una metáfora

La tragicomedia que tuvo como protagonista estelar a Lázaro Báez en la inverosímil noche del lunes y que los argentinos siguieron por televisión, minuto a minuto, fue casi una metáfora de muchas anomalías argentinas. También fue la expresión de una situación social demasiado tensa: núcleos importantes de la sociedad están literalmente hartos de la impunidad de la política.

Mirar el caso de Báez solo desde el prisma exclusivamente jurídico o como la obra de sectores sociales intolerantes (es lo que hace el oficialismo) significa desviar la mirada para no ver lo peor de esas horas escandalosas. Báez y Cristóbal López fueron los empresarios que más se enriquecieron durante el gobierno de los dos Kirchner. Báez era (¿es?) socio y testaferro del matrimonio más poderoso de la política en los últimos casi 20 años, según las pruebas que la Justicia acumuló desde 2008. Cristóbal López creó un imperio empresario con el dinero que recaudaba en nombre del Estado y que no le entregaba al Estado. No solo evadió impuestos; tampoco le entregaba al Estado lo que cobraba como agente de recaudación de impuestos cuando vendía naftas. Báez fue el mayor adjudicatario de obras públicas en Santa Cruz y recibió hasta concesiones de pozos petroleros y de distribución de electricidad. Ahora le dieron la buena nueva de que estará en prisión domiciliaria. A Cristóbal López acaban de beneficiarlo con una monumental amnistía fiscal. La deuda que tenía con el Estado podrá pagarla con un largo plan de cuotas. La cárcel ya no está en su horizonte.

Lo que sucedió con Báez el lunes fue el símbolo de un Estado impotente. No pudo trasladar a un preso ni cumplir con una orden de la Justicia. ¿Báez estuvo demasiado tiempo en prisión preventiva? Sí. Cuatro años es mucho tiempo para una persona que no fue declarada culpable. La ley prevé un máximo de dos años de prisión preventiva, aunque deja en manos de los jueces la posibilidad de extender ese plazo en casos muy excepcionales. Báez está siendo sometido a dos juicios orales y públicos en simultáneo: el del direccionamiento de la obra pública y el de la ruta del dinero K. Los tiempos son eternos para la Justicia: el juicio por la obra pública tenía hasta hace poco solo una audiencia semanal. Báez (y los Kirchner) tiene otras dos causas por el lavado de dinero en las causas Hotesur y Los Sauces. Cristina Kirchner debe enfrentar todavía, además, la causa de los cuadernos, que es la descripción casi obscena de un chofer sobre cómo y dónde los funcionarios kirchneristas recogían los sobornos y los entregaban.

La primera denuncia contra Báez por asociación ilícita por la obra pública data de 2008 y la formuló Elisa Carrió. Luego, en 2013, Margarita Stolbizer lo denunció por el lavado de dinero en hoteles y edificios que les alquilaba a los Kirchner. En todas esas denuncias figura también el matrimonio Kirchner. La primera pregunta que debe hacerse es por qué pasaron 12 años de la primera denuncia, y siete de la segunda, sin que haya aún un dictamen definitivo de la Justicia sobre la culpabilidad de Báez y su condena. Los jueces que investigaron esas causas no son malos magistrados ni nunca fueron sospechados de prácticas corruptas. El juez Julián Ercolini se encargó del direccionamiento de la obra pública. El juez Sebastián Casanello investigó la ruta del dinero K, y Claudio Bonadio se hizo cargo de Hotesur. El expediente de Los Sauces cayó también en el despacho de Ercolini.

El Código Penal tiene una primera respuesta. Modificarlo para abreviar los tiempos judiciales sería realmente una reforma judicial propicia y necesaria. ¿Por qué, por ejemplo, se permite que todos los acusados en una causa puedan hacer la misma apelación ante instancias superiores cuando ya fue rechazada la primera apelación? ¿Por qué el Código Penal abre tantas ventanas a las chicanas de los abogados? Cada apelación requiere que la instancia superior analice todos los pormenores de una causa. Las instancias superiores son cámaras (la Federal o la de Casación Penal) y, por lo tanto, necesitan que tres jueces se pongan de acuerdo o que, en caso de disidencias, busquen una mayoría de dos jueces en una misma posición. La estrategia de alargar los juicios es la confesión implícita de los culpables. Una persona inocente aspira a ser sobreseída cuanto antes.

Cristina Kirchner está buscando desesperadamente hacer caer la causa por la obra pública, que tiene también a Lázaro Báez como figura estelar. Se explica: si esa causa se cayera, se derrumbarían al mismo tiempo las de la ruta del dinero K y las de Hotesur y Los Sauces. Estas dos causas no podrían existir si no existiera previamente la corrupción con la obra pública. La ruta del dinero K fue la maniobra para convertir en negro el dinero que el Estado pagaba forzosamente en blanco por la obra pública, para volver luego a convertirlo en dinero blanco (Hotesur y Los Sauces). La expresidenta planteó varias nulidades de pruebas ante la Corte Suprema de Justicia y pidió una auditoría de la obra pública desde 2003 hasta 2015. Solo esta auditoría necesitaría varios años antes de estar concluida. Su objetivo es a todas luces hacer caer la causa madre de esa saga: la de la obra pública que ejecutó Lázaro Báez.

Otro impedimento importante para el avance de esas causas fue la reacción del gobierno kirchnerista durante siete años, de 2008 hasta 2015. Nunca contestó los pedidos de informes de la Justicia. Ninguna oficina o agencia gubernamental respondió jamás al requerimiento de los jueces. Las órdenes de la Justicia pueden ser desobedecidas, si el que la desobedece es, claro está, quien tiene el poder. El caso más emblemático fue el de la Dirección de Vialidad, que le adjudicó muchísimas obras a Lázaro Báez. Solo cuando llegó un gobierno de otro signo político, el de Macri, en 2015, Vialidad contestó los pedidos de informes de los jueces. Entonces empezaron a avanzar las causas. Tampoco la Cancillería, en tiempos de Cristina Kirchner, gestionaba los exhortos de la Justicia argentina ante países como Suiza para conocer los movimientos de cuentas bancarias de Báez y sus hijos. La arbitrariedad y la impunidad han regresado con la ostentosa jefatura política del país por parte de Cristina Kirchner.

Cualquier Estado hace una evaluación previa cuando va a trasladar a un preso. Báez no está en libertad, sino en teórica prisión domiciliaria. ¿Cómo los agentes del Servicio Penitenciario se enteraron en las puertas del country Ayres de Pilar de que los vecinos no querían tener cerca a Lázaro Báez? ¿Cómo, si todos saben, desde la masiva liberación de presos a principios de año, que el estado de ánimo social no admite más impunidades? ¿No hubiera sido más eficiente pedirle a Báez que eligiera otra, más aislada y menos expuesta, entre las más de 1400 propiedades que tiene en el país? Fue conmovedora la impotencia del Estado cuando la camioneta del Servicio Penitenciario intentó cuatro veces infructuosamente ingresar a ese country. Fue tan increíble ese querer y no poder que el canal oficialista C5N, propiedad de Cristóbal López, dio el operativo por cumplido durante una media hora de esa noche febril. "Lázaro Báez ya está en el country. Entró por la puerta de proveedores", desinformó. La función principal del periodismo, que es informar, es ya una noción que desapareció en los medios oficialistas.

Párrafo aparte merece la actitud de sectores sociales. ¿Es propietario Lázaro Báez de una casa en Ayres de Pilar? Sí, lo es. ¿Tiene derecho a ingresar a su casa, aunque deba expensas por varios cientos de miles de pesos como las deben sus hijos en los edificios donde tienen departamentos? Sí, lo tiene. ¿Tenía derecho a estar en las puertas del country? Sí, porque un tribunal de la Justicia le había otorgado la prisión domiciliaria. ¿Los que le impidieron el ingreso cometieron, entonces, un acto injusto e ilegal? Esta pregunta no puede responderse con un simple sí o no. Merece alguna explicación. Desde que asumió el nuevo gobierno kirchnerista, todos los exfuncionarios que estaban presos recuperaron la libertad. La consiguió también el empresario Cristóbal López, y ahora Báez logró el beneficio de hacerse pasar por preso en su casa. La impunidad de los que hicieron enormes fortunas en pocos años es una amenaza intolerable para muchos argentinos, que viven en un país con una profunda crisis económica. Las pruebas acumuladas contra aquellos exfuncionarios hacen dudar todavía a la Justicia, pero no a vastos sectores de la sociedad. Y si algo comprobó la administración de Alberto Fernández en estos nueve meses de gobierno es que hay un núcleo significativo de la sociedad que está movilizado. Es el hecho nuevo de la política argentina, el descubrimiento que derrumba las viejas certezas.

Por Joaquín Morales Solá

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