Ley de discapacidad: qué pasó en el Congreso hoy

El Senado de la Nación rechazó este jueves el veto del Ejecutivo a la ley de emergencia discapacidad y obligó al Gobierno a su aplicación. La votación, que culminó con un apoyo mayoritario destacable, representó la primera vez que el Congreso revierte una medida de este tipo durante la gestión de Javier Milei y evidenció la presente fragilidad del oficialismo en el ámbito legislativo.

Con una mayoría contundente de 63 apoyos y siete rechazos, la Cámara alta insistió con la sanción de la ley que había sido aprobada a principios de julio. La normativa establece la actualización de los aranceles de los prestadores del sistema y la creación de una nueva prestación.

La medida se trata de una pensión no contributiva por discapacidad que equivale al 70% del haber mínimo jubilatorio. El texto también dispone que las pensiones por invalidez laboral vigentes se transfieran de manera automática a este nuevo esquema.

Sus beneficiarios tendrán acceso garantizado a un programa de atención médica. La ley ordena también la regularización de las deudas del sistema de salud con los prestadores. Según los cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la norma implicaría un costo del 0,26% del PBI para el año 2025 y del 0,46% para 2026.

La discusión en el recinto estuvo marcada por el escándalo de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La oposición utilizó el caso para fundamentar su rechazo al veto, mientras que el oficialismo lo calificó como una operación política para desestabilizar al Gobierno.

El senador catamarqueño Guillermo Andrada (UP) puso en duda la política oficial. “Lo que pensábamos que era una cuestión de eficiencia fiscal está apareciendo como una matriz de corrupción. Esto no es eficiencia, es crueldad”, afirmó.

En la misma línea, la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro) sostuvo que la discapacidad es un problema del Estado. “Cuando me pregunten de dónde sale la plata para financiar esta ley, les voy a contestar que sale del sobreprecio y la coima, así que no insistan”, sentenció.

La cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal) señaló que el impacto fiscal de la ley es “mínimo”. Subrayó que, para las familias, “ese porcentaje supone la diferencia entre sostener la vida cotidiana con una persona con discapacidad o caer en la desesperación”.

En defensa de la postura del Gobierno, la senadora Carmen Álvarez Rivero (Pro) acusó a la oposición de buscar la desestabilización. “No necesitamos otra ley ni declarar emergencias, necesitamos gestión”, evaluó.

El oficialismo no logró contener a su propia tropa. Al rechazo de seis senadores de La Libertad Avanza solo se sumó Álvarez Rivero. La senadora jujeña Vilma Bedia, del bloque libertario, se resistió a votar en contra de la ley.

La sesión también incluyó el debate de un proyecto para modificar el tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia (DNU). La iniciativa, impulsada por un amplio arco opositor, busca ajustar la ley de trámite legislativo 26.122. El texto actual establece la “sanción ficta”, por la cual un DNU queda vigente si el Congreso no lo trata.

La propuesta invierte esa lógica. Exige la ratificación explícita de ambas cámaras para que un DNU conserve su validez y fija un plazo de 90 días para que el Congreso se expida. Si no hay un pronunciamiento en ese tiempo, el decreto pierde vigencia. El proyecto obtuvo dictamen y necesita mayoría simple para la media sanción.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Delfina Celichini.