Violencia de género
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Los diputados tratan un proyecto contra la violencia machista
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LA NACIONGabriel Sued
En medio de la convulsión que atraviesa a la dirigencia política por las denuncias de abuso sexual que afectan a referentes de distintas fuerzas, la Cámara de Diputados avanzará hoy con el tratamiento de un proyecto de ley contra la violencia machista.
Se trata de la llamada ley Micaela, un proyecto presentado por la diputada del Frente para la Victoria (FPV) Analía Rach Quiroga (Chaco) en homenaje a Micaela García , una militante del Movimiento Evita, de 21 años, asesinada en Gualeguay, en abril del año pasado.
Incluida en la agenda de sesiones extraordinarias a último momento, la iniciativa establece la capacitación obligatoria en las temáticas de género y violencia contra las mujeres para los funcionarios de los tres poderes del Estado.
Por el momento es la única respuesta que dará la Cámara baja ante la seguidilla de denuncias que, en el Congreso, alcanzan al senador Juan Carlos Marino (Cambiemos) y al diputado José Orellana (Justicialista por Tucumán).
Con las acusaciones contra dirigentes de La Cámpora en estado de ebullición, en Diputados casi nadie parece dispuesto a tirar la primera piedra. El tema ni siquiera fue tomado por Las Sororas, el grupo de diputados que promovió la legalización del aborto.
La diputada Victoria Donda (Somos) es la única que anticipó que exigirá el desafuero de Marino y Orellana. Como en el período de sesiones extraordinarias solo pueden tratarse los temas definidos por el Poder Ejecutivo, el pedido no tendrá efectos concretos. Pero obligará al resto de las bancadas a fijar una posición política. La discusión por las denuncias de abuso no tardará en instalarse en el debate, pautado para hoy, las 12.30.
A diferencia de la ola de gestos de solidaridad que despertó en el ambiente artístico la denuncia de Fardin contra Darthés, ningún bloque legislativo se pronunció contra Marino y Orellana. En las distintas fuerzas prima la incomodidad y la cautela. Ningún sector parece tener las manos sueltas para avanzar de manera firme contra los legisladores denunciados.
El caso de Orellana
El diputado Orellana es investigado a partir de una denuncia por abuso sexual que hizo en 2016 Agustina Poch, que era asesora de la diputada socialista Gabriela Troiano, cuyo despacho era vecino del de Orellana.
Según la denuncia de Poch, el diputado aprovechó que se habían quedado solos en su despacho, la abrazó sin su consentimiento y le dio besos en el interior de la oreja izquierda, mientras le decía: "Seguramente nadie te besó así, ¿no?".
El diputado fue beneficiado con la falta de mérito, pero en abril de este año la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, apeló la resolución y aportó dos nuevos testimonios.
Uno de ellos es el de Verónica Figueroa, secretaria de Género del municipio de Famaillá, la ciudad de Orellana. En su tarea de asistencia psicológica, Figueroa asegura haber recibido cinco testimonios de presuntas víctimas de Orellana, exintendente de la ciudad.
El diputado volvió a negar ayer los hechos, en declaraciones al diario La Gaceta, de Tucumán. "Nada pasó del umbral de la sospecha y no hay nada que indique que hay delito penal", sostuvo, y agregó que se siente tranquilo. "Y no lo digo yo porque sí, sino porque lo dice la Justicia", argumentó.
Apoyo transversal
Una vez superada la discusión del caso Orellana y después de tratada la iniciativa contra los barrabravas y un acuerdo comercial entre el Mercosur y Chile, Diputados avanzará en la ley Micaela, una propuesta que recibirá apoyo unánime de oficialistas y opositores.
El proyecto ya había logrado dictámenes de las comisiones de Presupuesto y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, las dos que lo tenían bajo tratamiento.
La capacitación de las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), dice el texto, que define a esa dependencia como autoridad de aplicación.
Otro de los artículos claves del proyecto establece que los funcionarios públicos "que se negaren sin justa causa a realizar las capacitaciones" serán intimados por la autoridad de aplicación.
"El incumplimiento de dicha intimación será considerado falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente, siendo posible hacer pública la negativa a participar de la capacitación", dice el proyecto.
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